jueves, 24 de mayo de 2018

Nuestros datos, algo más protegidos


Mañana 25 de mayo entra en vigor el Reglamento europeo de protección de datos, que las multinacionales de Internet han intentado retrasar los últimos 6 años. Ahora, los usuarios tendremos más derechos sobre nuestros datos, pudiendo rectificarlos o suprimirlos. Y se exige más control a las empresas sobre los datos que manejan, con multas millonarias. Pero todavía está pendiente de aprobar otro Reglamento, el ePrivacy, más específico sobre Internet, donde empresas y Webs presionan al Parlamento europeo sobre cookies y envío de mails. Con todo, Europa será el lugar más avanzado del mundo en la defensa de la privacidad. Pero no hay que confiarse: nuestros datos son puro dinero y los gigantes de Internet no van a renunciar a usarlos y saber más de nosotros cada día, con el riesgo de que los datos se filtren (Facebook). Y controlarlo no es fácil, sobre todo si la Agencia de Protección de Datos (AEPD) tiene sólo 15 inspectores. Nosotros debemos cuidar más los datos que damos. 


enrique ortega

Cada día dejamos un enorme rastro en Internet, un reguero de billones de datos: cada vez que hacemos una búsqueda en Google, mandamos un correo electrónicos, buscamos un billete de avión o un hotel, hacemos una compra online, ordenamos una transferencia por la Red, buscamos un lugar en Google Maps, escribimos algo en Facebook o Twitter, subimos una foto a Instagram, enviamos un mensaje por WhatsApp, buscamos trabajo en InfoJobs, nos bajamos música en Spotify, vemos un vídeo en YouTube… Son acciones ya cotidianas que van dejando rastro de cómo somos, de lo que nos gusta y con estos datos, los grandes operadores de internet hacen negocio, vendiendo publicidad personalizada, que es la base de su negocio, a costa de nuestra “privacidad”. Su argumento es que es el precio de ofrecernos unos servicios “gratuitos”. No es verdad: los pagamos con nuestros datos.

Con más de 4.000 millones de internautas en el mundo y 39,42 millones en España (el 85% de la población está conectada), Internet se ha convertido en una gigantesca “mina de datos”, que crece imparable. Cada minuto se generan en el mundo 1.700 millones de datos (el 94% digital), que rellenarían 360.000 DVD. Y con los 6 megabytes de dados por persona que se generan cada día, se podrían grabar tantos DVD como para, puestos en fila, ir y volver a la luna, según el informe BSA Sata Study. Y este gigantesco volumen de datos se multiplica cada 1,2 años, siendo cada vez más barato almacenarlos. A partir de ahí, explotar estos datos, “refinarlos” es el objetivo de una potente industria, el big data, que factura ya 42.000 millones de euros anuales y se espera que facture el doble para 2020. “El negocio del siglo

Esta potente industria generada con nuestros datos, el  big data, es la base del negocio de Google, que, con más de 1.000 millones de usuarios activos , facturó 95.400 millones de dólares en publicidad  en 2017, un 20% más que en 2016 (y el 84% de todos sus ingresos). Y Facebook ingresó otros 40.000 millones por venta de publicidad, un 49% más. Y eso son sólo los trozos más grandes del pastel publicitario que generan nuestros datos, a través de plataformas millonarias en usuarios como Facebook (2.167 millones de usuarios), YouTube (1.500 millones), WhatsApp (1.300 millones), Instagram (800 millones), Twitter (320 millones), Linkedln (260 millones), Snapchat (255 millones) o Pinterest (200 millones). Millones de personas produciendo datos que son un filón de negocio para los gigantes de Internet.

Las autoridades europeas llevaban años tratando de poner orden en este caos de datos personales que hacen multimillonarios a algunos. La Directiva Europea de protección de datos es de 1.995, cuando apenas había nacido Internet, y luego hubo otra en 2002 sobre comunicaciones electrónicas, pero ambas se ha quedado obsoletas. En 2012 empezó a gestarse un nuevo Reglamento de Protección de Datos, que tardó 3 años en aprobarse, por las enormes presiones de los gigantes de Internet y del gobierno norteamericano, que intentaron “torpedear” la norma. “Nunca había visto un lobby tan potente”, declaró en 2013 la  Comisaria europea de Justicia y vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding. Por fin, la Comisión europea aprueba el Reglamento en 2015 y en abril de 2016 lo aprueba el Parlamento europeo, pero las empresas consiguen una moratoria y que no se aplique hasta este 25 de mayo de 2018.

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) pretende dar a los ciudadanos europeos una mayor capacidad de decisión y control sobre los datos personales que facilitan a las empresas, no sólo a las europeas sino a las de otros países que actúan en Europa (como Google o Facebook, por ejemplo). El principio básico es que los usuarios son los dueños de sus datos y que las empresas sólo pueden usarlos con  su autorización e informando qué hacen con ellos.

El Reglamento establece 5 derechos del usuario, resumidos en este esquema de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El primero, el derecho a conocer: poder saber quién tiene tus datos, para qué los usa, a quién se los cede, cuánto tiempo se conservan, qué tratamiento automático se hace con ellos y qué perfiles se elaboran. A partir de ahora, al pedirnos los datos en un hotel, por ejemplo, nos tendrán que informar de todo esto. El segundo derecho es poder solicitar al responsable de los datos la suspensión (si son inexactos o falsos) o su conservación (si los necesitamos para litigar) y la portabilidad a otros proveedores (que se los pasen a otra teleco a la que nos hemos cambiado, por ejemplo). El tercer derecho es a rectificar los datos cuando son inexactos o incompletos. El cuarto, el derecho al olvido: poder solicitar la supresión de tus datos por tratamiento ilícito, porque ya no tiene sentido, porque revocas tu consentimiento o porque te opones a que los traten. Este derecho al olvido en Internet está apoyado en una sentencia de 2014 del Tribunal europeo de Justicia e incluye solicitar que los datos se bloqueen en buscadores. El quinto derecho es la oposición al tratamiento de datos: rechazo a que se traten los datos para marketing directo (llamadas y mails), salvo que quien los trata acredite “un interés legítimo”.

Pero quizás el mayor cambio del Reglamento es que obliga a las empresas a tener un consentimiento explícito del usuario para guardar sus datos: no vale como hasta ahora un consentimiento tácito, debe ser un consentimiento específico y quedar constancia de él en la empresa que lo recoge (debe poder probarlo). Y en el caso de menores de 14 años, este consentimiento lo han de dar sus padres. Y otro cambio importante es que las empresas que gestionan nuestros datos están obligadas a informar de las fugas o violaciones de datos en 72 horas, a la AEPD y al usuario si le afecta gravemente. Se podrían evitar así casos como el de Uber, que escondió durante un año el robo de datos a 57 millones de clientes, y tantas otras fugas de datos que se descubren con retraso. Por último, otra novedad importante es que el Reglamento permite acciones colectivas, por las que asociaciones de consumidores y usuarios podrán hacer reclamaciones en nombre de los usuarios e incluso hacerlo a escala europea, lo que fortalecerá la defensa de estos derechos ante autoridades y jueces.

El nuevo Reglamento supone un gran cambio para las empresas e instituciones, europeas y españolas, que tratan datos de clientes. Por un lado, han de modificar todo el sistema de recogida y tratamiento de datos, para asegurar que cuentan con el consentimiento de los clientes. Y por otro, habrán de tomar medidas internas para asegurar la privacidad y el correcto tratamiento de estos datos, con sistemas de control interno y una mecánica que han de seguir con rigor los empleados. Esto va a obligar a muchas empresas a realizar una auditoría interna para asegurarse cómo cumplir el Reglamento, aprobando inversiones en nuevos procesos de tratamiento y control de datos. Y en el caso de algunas empresas e instituciones, es obligatorio que contraten fuera o tengan en plantilla un delegado de protección de datos (DPO): los 20.000 organismos e instituciones públicas (incluidas Universidades y centros docentes), Colegios profesionales, las empresas que gestionan muchos datos (telecos, eléctricas, bancos, aseguradoras), medios de comunicación y empresas de publicidad, así como empresas que gestionan datos sensibles (hospitales, empresas de seguridad…).

En vísperas de la aplicación del nuevo Reglamento, sólo la mitad de las empresas españolas parecen haberse adaptado a él, según la consultora Gartner. Y la AEPD sólo ha recibido el nombramiento de 1.300delegados de protección de datos. Otro problema es que la mayoría de empresas no tienen Planes de ciberseguridad ni han invertido en gestionar la seguridad de sus plataformas y datos.  El mayor problema de adaptación lo van a tener los pequeños Ayuntamientos, las pymes y autónomos, aunque están siendo ayudados por las Cámaras de Comercio y la propia AEPD. En caso de incumplimiento, el Reglamento contempla multas por sanciones muy graves del 4% de la facturación y hasta 20 millones de euros (la cantidad mayor de ambas), multas importantes para los gigantes de Internet. En el caso de la fuga de datos de 87 millones de clientes de Facebook a Cambridge Analytics, la multa del 4% de la facturación anual habría sido de 1.380 millones de dólares, un 8,6% del beneficio anual de Facebook (15.934 millones de dólares en 2017). Como para que vigilen más…

El Reglamento supone un gran avance y coloca a Europa a la vanguardia mundial en la defensa de los usuarios frente a los gigantes que gestionan sus datos, muy por delante de EEUU. Pero el problema es que son derechos a defender frente a empresas muy poderosas (las 5 mayores empresas del mundo son tecnológicas), con miles de empleados dedicados a sacar la máxima rentabilidad de nuestros datos y, ahora, a ver cómo evitan las obligaciones del nuevo Reglamento. Seguro que intentarán “buscar las vueltas” a esta nueva normativa. Y medios les sobran.

Además, todavía faltan por aprobar otra norma europea muy importante, el nuevo Reglamento aplicable a la privacidad en el entorno digital, el llamado ePrivacy. El nuevo Reglamento de privacidad electrónica, que complementa el estrenado Reglamento de Protección de Datos, fue aprobado por la Comisión Europea el 10 de enero de 2017, con la idea de que entrara en vigor también este 25 de mayo. Pero no es posible, porque las presiones de los gigantes de Internet han retrasado su aprobación en el Parlamento europeo, donde hay dos grupos muy enfrentados (el PP europeo y los verdes). De momento, su aprobación podría retrasarse a principios de 2019 y no se aplicaría hasta 2020.

Este nuevo Reglamento, ePrivacy, contempla dos temas cruciales y muy polémicos. Uno, el tratamiento de las “cookies”, esos archivos que rastrean lo que vemos en Internet. El proyecto de Reglamento contempla que los gestores de webs sólo puedan utilizar cookies si los usuarios dan su consentimiento explícito, permitiendo que puedan seguir viendo los contenidos si no lo hacen. Y, lo más importante: el usuario tendrá que configurar su  navegador de Internet para que se puedan instalar cookies, porque por defecto deberá estar configurado para no recibirlas. Estas exigencias pueden reducir drásticamente el uso de las cookies y la publicidad en Internet (mueve 118.000 millones de euros anuales en Europa), según se quejan los editores de webs españolas, que han enviado una carta a Bruselas, argumentando que “desaparecería el modelo de negocio” en el que se sustentan las webs.

Otra cuestión polémica del futuro Reglamento ePrivacy es la regulación del marketing online: las empresas tienen que informar al usuario del tipo de información que va a recibir y de los datos personales que se van a almacenar, solicitando su consentimiento expreso para recibir mails comerciales. También se prohíbe la instalación de “puertas traseras”, para que accedan los Gobiernos a los datos personales de las compañías de Internet Y se hace más estricta la regulación del telemarketing, permitiéndolo solamente cuando las empresas revelen sus teléfonos o utilicen un código señalado como “promocional”. Precisamente, el Gobierno Rajoy estudia adelantar esta medida y prohibir ya en 2018 que las empresas de telemarketing llamen a los clientes desde móviles ocultos en vez de desde fijos o centralitas.

Mientras llega el ePrivacy y se pone en marcha el nuevo Reglamento de Protección de Datos, en el Parlamento español está pendiente de aprobación (con varios meses de retraso) la nueva Ley orgánica de Protección de Datos, aprobada por el Gobierno Rajoy en noviembre de 2017 y que sustituirá a la LOPD, la Ley de Protección de Datos de 1992, totalmente obsoleta. Con esta Ley y los dos Reglamentos europeos, es indudable que los usuarios estaremos mucho más protegidos legalmente. Pero hacen falta  medios para controlar y asegurar que las normas de cumplen. La propia presidenta de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) los ha pedido, porque con los 15 inspectores que tiene es imposible controlar que se protegen los datos y derechos de casi 40 millones de internautas.

Con todo, la clave está en nosotros, en que nos preocupemos de los datos que cedemos y de lo que subimos a la Red, de gestionar los mails que recibimos y los mensajes de las webs que visitamos. Somos pequeños David frente a gigantes y cada vez será más difícil defender nuestra privacidad y nuestros derechos. Por eso, la mejor garantía es ser más cuidadosos y reducir nuestra exposición en Internet. Si no, luego no nos quejemos.

lunes, 21 de mayo de 2018

Los salarios no se recuperan


Mañana 22 de mayo, los sindicatos han convocado movilizaciones para exigir mejoras salariales, tras subir los sueldos un 0,5% en 2017 y perder el -6,30% de poder adquisitivo desde 2008. La economía lleva 4 años largos creciendo y las empresas ganan ya 100.000 millones más que antes de la crisis, pero los salarios han perdido 10.000 millones. Y ahora, la patronal ofrece subidas del 1,2 al 2%, mientras los sindicatos piden el 3,1%. Es hora de subir más los salarios, tras seis años de sacrificios, no sólo por justicia sino porque ayudaría a la economía y al empleo: las familias podrían consumir más y aumentaría el crecimiento, ahora que lo pueden frenar el petróleo y la subida de tipos. Y además, mejoraría la recaudación fiscal y las cotizaciones, ayudando a pagar las pensiones. Y no perjudicaría a la competitividad de España, porque tenemos salarios un 32% menores que la Europa del euro. Hay que competir con productos, tecnología y calidad, no siendo la China de Europa.


enrique ortega

Hasta finales de abril, los convenios firmados en las empresas han acordado subidas salariales del 1,56%, según los datos del Ministerio de Empleo, en línea con la subida de convenios de 2017 (+1,47%). Pero estos datos no son representativos de lo que están subiendo de verdad los salarios, porque cada vez se firman menos convenios (221 estos 4 primeros meses y 1.703 en todo 2017) y afectan a menos trabajadores (408.381 este año y 3.850.000 trabajadores en 2017, frente a 16 millones de asalariados que hay en España). Y es que la mayoría de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no negocian convenios y hay muchos trabajadores (temporales, por horas, eventuales, becarios, en prácticas...) que están “fuera de convenio”.

Por eso es más representativa la subida salarial que refleja el INE (Estadística) en su Encuesta trimestral de coste laboral. Y los datos son preocupantes: en 2017, con la economía creciendo fuerte (+3,1%), los salarios subieron sólo un 0,5%, la cuarta parte que la inflación media (2%), con lo que perdieron poder adquisitivo (-1,5%). Y en 2016, los costes salariales bajaron incluso el -0,8%, según el INE. Con ello, el coste salarial ordinario (sin cotizaciones ni horas y atrasos) en España fue de 1.641,91 euros en 2017, sólo 64,26 euros más alto que en 2008 (1.577,65 euros), según el INE. Eso significa que contratar ahora a un trabajador ha subido un 4,1% en 10 años (0,41% al año). Pero como en esos años ha subido más la inflación, los salarios de los españoles han perdido un 6,30% de poder adquisitivo desde 2008.

Este es el coste de los salarios medios (1.641,91 euros brutos al mes, unos 1.345 euros netos).Pero hay grandes diferencias según tipo de contrato, antigüedad, edad y sexo (las mujeres ganan un 22,86% menos), así como por sectores: los trabajadores de los servicios (donde trabajan tres de cada cuatro españoles) ganan un 17% menos (1.593 euros) que los de la industria (1.919 euros), según el INE. Y así, el salario medio (bruto) en la hostelería es de 990 euros al mes, en el comercio de 1.425 euros, en la construcción de 1.688 euros, en la industria de 1.919 euros, en la Administración pública de 2019 euros, en las finanzas de 3.068 euros y en la energía de 3.541 euros. Y también hay muchas diferencias regionales: en Extremadura (1.348 euros) y Canarias (1.383 euros), los trabajadores ganan un 30% menos que en el País Vasco (1.915 euros) y Madrid (1.909 euros).

Con estos sueldos, España se aleja aún más de los sueldos europeos. En salario hora, la medida que se utiliza para comparar entre países, los trabajadores españoles cobraban 15,9 euros/hora en 2017, frente a 20,3 euros/hora los trabajadores de la UE-28 y  a los 23,60 euros/hora que cobran los trabajadores de los países euro, según datos recientes de Eurostat. Con ello, España es el país nº 16 con los salarios más bajos de Europa, tras Chipre, Grecia, Portugal, Malta y 11 países del Este. Y nuestros sueldos (15,9 euros/hora) quedan muy lejos de los países con los que competimos: 26,4 euros por hora Alemania (+39,8% más que España), 24,2 euros/hora Francia (+34,3%), 21,3 euros/hora Reino Unido (+25,3%) y los 20,4 euros por hora de Italia (+22%). Y lo peor es que la brecha salarial, la diferencia de sueldos con Europa se ha agravado durante la crisis: si en 2008 era del -14,3% con la UE-28, en 2017 es del 21,66%. Y la diferencia salarial con los países del euro ha pasado del -23.1% en 2008 al 32,6% en 2017, según los datos de Eurostat.

¿Por qué no suben más los salarios? Hay varias razones que lo explican. La principal, el elevado paro: con 3.796.100 parados estimados (EPA 2018), 1 de cada 6 españoles sin trabajo, las empresas tienen mucha mano de obra donde escoger pagando poco. Y como los contratos son muy precarios (el 95% temporales y por horas), pues también están mal pagados. Sobre todo los jóvenes y las mujeres, que tienen los peores sueldos.  Además, la mayoría del empleo se crea en los servicios (el 60% de todo el empleo creado en 2017), donde ya trabajan el 75% de los asalariados y que es el sector peor pagado. Y tampoco ayudan los nuevos empleos low cost, ligados a nuevos negocios y plataformas tecnológicas (Amazon, Deliveroo, Globo, Uber…), que están tirando los sueldos a la baja por su gran poder de contratación. Y por supuesto, han sido claves para tirar a la baja de los salarios dos factores más: la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy en 2012 (que daba más poder a los empresarios para fijar sueldos) y el menor poder de los sindicatos, unido a un menor peso laboral de las grandes empresas y un enorme peso de las pymes (99%), con poco “poder de negociación” de los trabajadores.

Ahora, en 2018, los salarios siguen sin recuperarse, aunque la economía siga creciendo. De hecho, la Comisión Europea prevé que los costes laborales en España crezcan el 1,1% este año, el 2º país con menos subida de sueldos de Europa tras Grecia (+0,8%), muy por detrás de la subida de sueldos prevista para la UE-28 (+2,8%), la zona euro (+2,4%) y los países con los que competimos: Alemania (+3,1%), Francia (+2,3%), Italia (+2,1%) e Italia (+2,9%). Eso supondría que los trabajadores españoles volverían a perder poder adquisitivo este año, dado que se espera una inflación media del 1,4 al 1,6%.

Por eso, los sindicatos han dicho ¡basta¡ y se van a movilizar para defender una subida de salarios del 3,1% para 2018 (1,6% para compensar la inflación y 1,5% para compensar la pérdida de poder adquisitivo de 2017). Enfrente, la patronal CEOE se enroca en una subida del 1,2 al 2%, en línea con lo que están subiendo los pocos convenios firmados este año (+1,56%, sólo para 408.381 trabajadores). Y aceptarían añadir otro 1% más ligado a mejoras en la productividad, aunque se niegan a firmar clausulas de revisión ligadas a la subida del IPC, como piden los sindicatos (que no se fían de los precios y menos con el petróleo subiendo). Todo apunta a que otro año más no habrá acuerdo y que las grandes empresas y los sectores que van mejor subirán los sueldos en torno al 1,6% y el resto de pymes mucho menos, con lo que la subida anual rondará el 1%, perdiéndose otra vez poder adquisitivo.

Los salarios deberían subir más, en torno al 3% este año. Primero, por pura justicia. Porque la economía española ha entrado en su 5º año de crecimiento, produce ya más que en 2008 y sin embargo, el reparto del pastel del crecimiento beneficia a las empresas y no a sus trabajadores. Así, los beneficios empresariales aumentaron en 98.680 millones de euros entre 2008 y 2017 (+82.811 millones se han quedado en las empresas y +15.663 millones han ido a sus accionistas, en forma de dividendos) y los salarios totales son hoy 10.214 millones de euros menos que en 2008. Con ello, las empresas han mejorado su trozo del pastel de la renta con la crisis: si en 2008 se llevaban el 41,7%, en 2017 se llevan el 42,5%. Y los trabajadores se llevan menos de la riqueza generada en España: si en 2008 se llevaban el 50,1%, en 2017 han bajado al 47,3%, según el INE (el resto, hasta el 100% de la renta, se lo llevan los impuestos, el 10,3% en 2017).

A lo claro, esto significa que la crisis ha servido para que las empresas ganen más que antes y los trabajadores menos. Y con ello, España es el país nº 12 en Europa con un menor peso de los salarios en la riqueza, según Eurostat: un 47,6% en 2016, muy por detrás de Dinamarca (52,3% de la riqueza se la llevan los salarios), Francia (52%), Alemania (50,8%), Bélgica (49,9%), Reino Unido (49,4%), Eslovenia y Estonia (49,3%), Luxemburgo (49,1%), Finlandia y Holanda (48,4%) y Austria (48,1%).

Pero no sólo es injusto que los salarios no se recuperen y los beneficios empresariales sí. Es que además, con la crisis ha aumentado la desigualdad entre los salarios de los altos directivos y los trabajadores normales: los ejecutivos de las empresas del IBEX ganaron 98 veces lo que sus trabajadores en 2017 (36 veces en 2008), según un detallado estudio de El País. Una media de 5,03 millones al año, sin contar lo guardado para sus pensiones millonarias futuras. Y hay empresas con salarios de altos directivos escandalosos, como Inditex (ganan 445 veces lo que sus empleados), Acciona (356 veces), Abertis (278), Indra (211) y Santander (171 veces).

Por si esto no fuera escandaloso e injusto, veamos otro dato: crecen los trabajadores pobres, los españoles que tienen un trabajo pero aún así son pobres porque su salario es paupérrimo. España es el país europeo con más trabajadores pobres: el 14,8% de los hogares (2,75 millones de familias) tienen alguno de sus miembros bajo el umbral de la pobreza, ganando menos del 50% de los ingresos medios del país, según la OCDE, frente a una media del 8% en Occidente, el 5,9% de hogares con trabajadores pobres en Reino Unido, el 7,1% en Francia o el 3,7% en Alemania, por delante incluso de Grecia (13,1% de trabajadores pobres), Italia (12,2%), Portugal (9%) y todos los países del Este.

Pero los salarios no sólo deberían subir más por justicia sino también porque sería bueno para la economía y los españoles. Y para las empresas. Porque unos trabajadores mejor pagados son trabajadores más motivados, que trabajan mejor. Y los salarios más altos atraen el talento y la creatividad, mejorando la innovación y la productividad de las empresas. Pero además, subir más los salarios mejoraría el consumo y las ventas de las empresas, en definitiva, sus beneficios y su posibilidad de invertir y expandirse. Y en la medida que crezca el consumo, la economía española podría crecer más y crear más empleo, sobre todo en un momento de incertidumbre exterior, por la subida del petróleo (se acerca a los 80 dólares barril, lo que restará 0,7% de aumento al PIB) y la esperada subida de tipos.

Pero además, subir más los salarios permitiría al Estado recaudar más, lo que hace mucha falta para gastar más en empleo, pensiones, educación, sanidad, Dependencia, ayudas sociales, tecnología, infraestructuras y tantas cosas que nos hacen falta. Y ayudaría a tapar el “agujero” de las pensiones (-17.500 millones este año), porque salarios más altos son más cotizaciones para la Seguridad Social. Y permitiría a los jóvenes independizarse, formar una familia y tener hijos, que bastante falta hacen a un país envejecido que pierde población.

El riesgo, señalan algunos, es que subir más los sueldos dificulte a España competir fuera y exportar. Pero recordemos que hay margen, porque los sueldos españoles son un 32% más bajos que los de la Europa del euro, según Eurostat. Y aún así, España ocupa el puesto 34º del mundo en competitividad y somos el 15º país menos competitivo de Europa, por detrás de Suiza (1º), Holanda (4º1), Suecia (7º), Reino Unido (8º), Finlandia (10ª), Noruega (11º), Dinamarca (12º), Austria (18º), Luxemburgo (19º), Bélgica (20º), Francia (22º), Irlanda (24º), Islandia (28º) y República Checa (31º), según el Foro Económico Mundial (2018).

Y es que para ser competitivos no sólo hay que mirar los salarios, sino otros costes y factores. Como los costes de la energía, más altos en España (la luz para la industria es un 21,7% más cara en España que en la UE-28, según datos de Industria), y los costes financieros, también más altos para las empresas españolas. Y a la hora de competir, juegan en nuestra contra el menor tamaño de nuestras empresas (más pymes), la menor industria y el mayor peso de los servicios, la menor innovación y tecnología, la peor formación de los adultos, el coste extra de estar en un extremo de Europa, los mayores desequilibrios regionales y el menor peso de la exportación. Factores todos ellos que lastran más la competitividad que unos sueldos que están a la cola de Europa.

Es hora de que suban más los salarios. Lo dicen muchos expertos y lo pidió en noviembre de 2017  la Comisión Europea, como requisito para “apuntalar la recuperación incompleta de la zona euro”, que por cierto sólo ha crecido un 0,4% este primer trimestre de 2018 (frente al 0,7% los tres trimestres anteriores), según Eurostat. España también ha enfriado algo su crecimiento este 2018 (un 2,9% anual frente al 3,1% de 2017). Haría falta acordar tres medidas. Una, pactar subidas salariales del 3% para los próximos dos años. Dos, subir el salario mínimo más de lo previsto, hasta los 1.000 euros en 2020 (en Alemania y Francia está ya hoy en 1.480 euros). Y tres, aprobar un Plan urgente contra la precariedad laboral, reduciendo los contratos temporales y por horas, que están detrás de muchos sueldos miserables. Y sobre todo, cambiar la mentalidad de las empresas, para que concilien sueldos decentes con beneficios decentes. No vale malpagar a los trabajadores como el camino elegido para conseguir beneficios desmesurados y sueldos escandalosos a los directivos. Urge conseguir un crecimiento más justo.  

jueves, 17 de mayo de 2018

Más emisiones de CO2 en España (y en la UE)


Rajoy apoyó el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, firmado en 2016, pero en 2017, España fue el 4º país europeo que más aumentó las emisiones de CO2, un 7,4%. Lo peor es que todo el mundo las aumentó (menos: un 1,4%) y también otros 19 países europeos, tras tres años de contenerlas o bajarlas.”Estamos perdiendo la batalla contra el Cambio Climático”, advirtió el presidente Macron en diciembre. Y esto sucede cuando el CO2 en la atmósfera ha vuelto a batir otro récord histórico y el clima está descontrolado. Europa ha bajado algo la guardia y este 2018 aprobará (dividida) su estrategia futura, mientras EEUU ha tirado la toalla con Trump y China avanza despacio. España debe aprobar este año una Ley de Cambio Climático que será polémica, por el cierre de las centrales de carbón y nucleares (que el Gobierno quiere retrasar) y porque hace falta subir impuestos (carburantes y empresas) y gastar más para lograr una economía más limpia. No podemos seguir contaminando así

enrique ortega

Los humanos seguimos contaminando el Planeta. En octubre de 2017, la Agencia Meteorológica Mundial (OMM) lanzó su última alerta: la concentración de CO2 en la atmósfera (el gas responsable del 80% del efecto invernadero) alcanzó las 403,3 partes por millón (ppm), superando otra vez la barrera de los 400 ppm, que se superó por primera vez en 2015. Un nivel de CO2 que multiplica por 1,43 los niveles preindustriales (anteriores a 1.750). Y aunque no hay datos recientes, todo apunta a que han crecido también otras emisiones provocadas básicamente  por el hombre (61%) de metano (12% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero), oxido nitroso N02 (5% emisiones) y gases fluorados (3% de los GEI). Unas emisiones que provocan un “efecto paraguas” (invernadero) y aumentan la temperatura del Planeta así como los fenómenos climáticos extremos (sequías, inundaciones, etc.).

Lo preocupante es que la cantidad de CO2 en la atmósfera sigue creciendo a pesar de que las emisiones mundiales de CO2 se han estancado en los últimos tres años, en 2014 (+0,7%), 2015 (+0,06%) y 2016 (+0,6%), porque también juegan otros factores climáticos (como el Niño). Por eso, los expertos temen que se hayan disparado los niveles de CO2 en la atmósfera, dado que en 2017 las emisiones subieron a nivel mundial un 1,4%, según la Agencia Internacional de la Energía,  tras tres años de estancamiento. Las emisiones repuntaron en 2017 porque se disparó el consumo de energía (creció un 2,1%, el doble que en 2016)  y aumentó mucho el consumo de petróleo (por sus bajos precios en 2017 y el tirón del transporte), del gas y sobre todo del carbón (para generar electricidad, más en Asia). Precisamente, las economías asiáticas fueron culpables de dos tercios del aumento de emisiones de CO2, más por India (emisiones subieron 2%) y el sudeste asiático que por China (aumentó sus emisiones un 1,7%). Y subieron las emisiones en Europa (+1,5%), aunque bajaron en EEUU (-0,5%, por mayor consumo de gas), Japón y Reino Unido.

Lo más llamativo es que las emisiones de CO2 hayan subido durante 2017 en Europa, un 1,8% de media, según los últimos datos de Eurostat, tras haberse reducido los años anteriores. Y no es un hecho aislado, sino que suben en 20 países europeos, encabezados por Malta (+12,8%), Estonia (11,3%), Bulgaria (+8,3%) y España (+7,4%), la mayor subida de las emisiones de CO2 de la última década, tras haber caído las emisiones de 2009 a 2016 (por la crisis), con la única excepción de 2015 (subieron un 3,5%). Sólo se redujeron las emisiones de CO2 en 7 países europeos: Finlandia (-5,9%), Dinamarca (-5,8%), Reino Unido (-3,2%), Irlanda (-2,9%), Bélgica (-2,4%), Letonia (-0,7%) y Alemania (-0,2%).

El aumento de las emisiones de CO2 en España está muy vinculado a la generación de electricidad y a un mayor consumo de energía en la industria y los transportes. La falta de lluvias en 2017 provocó un menor aporte de la energía hidroeléctrica (7% de la generación eléctrica frente al 14% en 2016, según REE) y de la energía eólica y solar, con lo que las renovables han perdido mucho peso para generar la luz: del 40,8% en 2016 al 33,3% en 2017. Y ese hueco lo han rellenado el carbón (que aportó el 17% de la luz, frente al 13,9% en 2016) y las centrales de gas (del 10,2 al 13,9% en 2017), que también emiten CO2 aunque menos que el carbón. El verdadero problema de las emisiones está en las 15 centrales térmicas de carbón, que generaron ellas solas 46 millones de toneladas de CO2, el 19% de todas las emisiones que se hacen en España, encabezadas por la central de Aboño en Asturias, de EDP (8,2 millones Tm CO2), As Pontes en A Coruña, de Endesa (8,1 millones Tm) y Litoral en Almería, también de Endesa (7 millones Tm CO2). Baste decir que de las 10 instalaciones que más CO2 emitieron en 2017 (responsables de dos tercios de las emisiones industriales totales), 8 eran centrales térmicas de carbón.

¿Quién emite CO2 en España? El principal “culpable” es el sector de los transportes (27% de las emisiones totales), según el balance 2016 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), debido sobre todo al gran peso de los camiones en el transporte y a la aviación. Le sigue la generación eléctrica (con el 18%) y la industria y los procesos industriales (23%, más un 4% del refino): las emisiones de las 1.184 industrias españolas sometidas al sistema europeo de derechos de CO2 fueron de 144,44 millones de Tm de CO2  (el 40% de las emisiones totales) y aumentaron un 10,44% en 2017, según la Comisión Europea. Las que más subieron fueron las emisiones de la industria eléctrica (+18,97%) y poco las del resto de industrias (+0,9%), destacando los aumentos de emisiones de la aviación (+13,20%), la cal (+8,2%) y la cerámica y azulejos (+7,9%), aunque las industrias que más contaminan son las eléctricas, cementeras, refinerías y siderúrgicas.

Tras el transporte (27%), las eléctricas y la industria (45% de las emisiones CO2), el tercer gran emisor en España es el sector residencial, básicamente las viviendas, el comercio y los servicios (13% de las emisiones), destacándose la importancia creciente de las emisiones ligadas al turismo, que podría emitir cuatro veces más CO2 del que se pensaba (hasta el 8% de las emisiones totales), desde el viaje en avión al transporte y las emisiones en las vacaciones, algo que debería preocupar especialmente a un país como España, que recibe 83 millones de turistas al año. Y en cuarto lugar están las emisiones de la agricultura y la ganadería (el 11% del total), dos tercios ligadas a la ganadería y a la mucha carne que comemos: producir 1 kilo de cordero supone 10.629 gramos de CO2 equivalente, frente a sólo 140 gramos de CO2 por kilo de naranjas o 299 gramos por kilo de tomates. Y el resto de emisiones (4%) proceden de la gestión de residuos (basuras).

Este aumento de las emisiones de CO2 en 2017, en España y en el mundo, pone en peligro los objetivos del Acuerdo de París (2015), firmado por 195 países, que pretende recortar (a partir de 2020) las emisiones de CO2 entre el 20% y el 30% para 2030, con el objetivo de que la temperatura de la Tierra suba a finales de siglo entre 1,5 y 2 grados, no los 3 o 4 grados que subiría si no se hiciera nada (lo que destrozaría en Planeta). Pero hoy, casi dos años y medio después, el mundo ha avanzado poco en medidas concretas para asegurar esos recortes. Y la retirada de EEUU ha dinamitado la recaudación del Fondo verde previsto de 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a la reconversión energética de los países en desarrollo. “Estamos perdiendo la batalla contra el Cambio Climático”, reconoció el presidente Macron en una cumbre especial que convocó en París en diciembre pasado.

Un hecho que preocupa, además de la retirada de EEUU del Acuerdo de París, es que Europa, la abanderada mundial contra el Cambio Climático, ha rebajado sus planteamientos, debido sobre todo a  Alemania, muy presionada por su poderosa industria del automóvil (pro-diesel) y por el carbón: de las 10 industrias europeas que emiten más CO2, 7 son centrales de carbón de  Alemania (y las otras tres de Polonia y Bulgaria). Precisamente, los países del Este son otro frente que frena los recortes más drásticos de emisiones. Este año 2018, el Consejo Europeo debe aprobar los objetivos para cumplir la Cumbre de París y todo apunta a que serán menos ambiciosos de lo que muchos piden: un 20% de renovables para 2020 y un 27% para 2030 (la Comisión Europea defendía el 30% y la Eurocámara el 35%). Además se podría retrasar el cierre de las centrales de carbón, hasta 2025 o incluso 2030.

España está a la espera de que se aprueben estas directrices europeas, pero trabaja en una Ley de Cambio Climático que Rajoy ha prometido para este año. De momento, se creó una Comisión de 14 expertos, nombrados por el Gobierno (4), partidos (7) y fuerzas sociales (3), que el 2 de abril presentó su informe sobre el escenario energético que debería haber en España en 2030: quedaría una sola central de carbón frente a las 15 actuales, se prorrogaría la vida de las 5 nucleares y aumentaría el peso del gas y las energías renovables, sobre todo la energía solar fotovoltaica (se multiplicaría por 10). Con este escenario, las renovables aportarían en 2030 el 62% de la electricidad (ha sido el 33,3% en 2017) y el 29,7% de toda la energía consumida (el 27% va a ser el objetivo de Europa). Y además, los expertos proponen un impuesto específico al CO2 y gases contaminantes (en sustitución de los actuales impuestos a los hidrocarburos y la electricidad) y subir los impuestos al diesel (+28%) y a la gasolina (+10%), así como el IVA de los carburantes (+1/1,3%). Con más renovables y más ingresos fiscales, los expertos creen que se podría aligerar la factura de la luz y bajarla un 6,8%.

A partir del informe, el Gobierno tiene que aprobar y mandar al Parlamento un proyecto de Ley de Cambio Climático, aunque también podría esperar a ver qué aprueba Europa. El problema luego es consensuar las medidas a aprobar, porque las posturas están muy distanciadas. Los temas más polémicos son dos: las centrales de carbón y las nucleares. El Gobierno Rajoy quiere retrasar el cierre de las 15 centrales de carbón, mientras PSOE y Podemos quieren cerrarlas para 2025. Y sobre las 5 nucleares, el PSOE plantea que se cierren en 2028, cuando la última cumpla 40 años de vida, mientras el Gobierno Rajoy plantea prorrogar su funcionamiento 10 años más, argumentando el ministro Nadal que si no “la luz subiría un 25%”. Una falacia, porque algunos estudios señalan que el efecto del cierre sería de una subida de la luz de 8 a 11 euros anuales por hogar (un 2/3%). Y muchos reiteran que aunque las nucleares no emiten CO2, tienen riesgos y serios problemas con sus residuos.

La clave de futuro son las energías renovales, por las que habría que apostar al máximo para reducir las emisiones de CO2, máxime cuando su avanzada tecnología ya permite que sean muy eficientes, con unos costes de generación casi nulos. Pero para ello hace falta un sistema de subastas más transparente, con ayudas e inversiones no con recortes como ha hecho el Gobierno Rajoy desde 2012. Y también apoyar la autogeneración, suprimiendo el llamado “impuesto al sol”, como defiende el Comité de expertos.

Hay que reducir las emisiones de CO2 y la clave está en la producción de electricidad, las industrias y el transporte. En el sector eléctrico, la clave es recortar el uso del carbón, el fuel y el gas, reducir el peso de las nucleares y compensarlo con más renovables, más autoconsumo, más ahorro y más importaciones (el 5% de la luz y podría ser el 10%). En las industrias, implantar una estrategia de palo (cobrar más por cada Tm emitida: se pagan 13 euros y debería ser más de 20, como en Reino Unido) y zanahoria (ayudas a la reconversión eléctrica), centrada en las 10 empresas que son responsables del 25% de emisiones de CO2 de España, según el Observatorio de la Sostenibilidad: Endesa, Gas Natural, Repsol, EDP, Arcelor Mittal, Cepsa, Iberdrola, Viesgo, Cementos Portland y Cemex.

Y en el transporte, el sector más contaminante, urge subir los impuestos a los carburantes (sobre todo al diésel, que paga un 23% menos de impuesto que la gasolina), encarecer la matriculación de los vehículos contaminantes (el 80% de los coches diésel acaban no pagando este impuesto) y un Plan para reducir el peso de los camiones (reciben incluso 306 millones  de subvención por el gasóleo que consumen) en favor del ferrocarril y el transporte marítimo. Sin olvidar otros Planes específicos para reducir las emisiones del turismo, las viviendas (con ayudas al cambio de calefacciones y aislamiento de edificios) y en la alimentación, para reducir el consumo de carne y productos lácteos, que generan importantes emisiones de la ganadería industrial.

Todo ello exige decisión política, hacer pagar los costes a quien contamina y, sobre todo, inversiones cuantiosas, para reconvertir una economía “enganchada al petróleo y al carbón” en una economía más limpia. Eso exige invertir unos 10.000 millones de euros al año de aquí a 2050, según un estudio de la consultora Deloitte. Una buena parte de este dinero tendrá que salir de los impuestos medioambientales y en algunos casos, de los consumidores, que tendremos que pagar más (al principio) por una energía más limpia. Pero si no se toman medidas, los costes del Cambio Climático serían mucho mayores. Y no olvidemos que, según todos los expertos, el Cambio Climático afecta más a España que al resto de Europa.

Estamos ante uno de los grandes problemas de este siglo y más en España, uno de los cinco únicos países de Europa (junto a Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que ha aumentado sus emisiones de CO2 entre 1990 y 2017. Así que tenemos que “ponernos las pilas”, con decisiones razonables y no políticas, forzando la resistencia de los contaminadores. Nos jugamos mucho: el futuro de nuestros hijos y nietos, incluso el futuro del Planeta.  

   

lunes, 14 de mayo de 2018

El problema nº 1 : España recauda poco


España es el país con más déficit público de toda Europa. La culpa no es que gastemos más que los demás países, porque somos el 10º país que menos gasta. La causa del “agujero” en nuestras cuentas públicas está en que ingresamos mucho menos: somos el 8º país que menos recauda por impuestos. Si España  recaudara como el resto de Europa, ingresaríamos 81.500 millones más cada año. Y con esos ingresos extras, España no tendría déficit y podría gastar más en pensiones, empleo, sanidad, educación, tecnología y tantas cosas que necesitamos. Por eso, la clave es recaudar más. ¿Cómo? Subiendo algunos impuestos (carburantes e IVA reducidos), recortando beneficios fiscales y haciendo que paguen más impuestos los que pagan poco (grandes empresas, bancos, multinacionales y ricos), no la mayoría de españoles. Pero ni PP ni Ciudadanos quieren hablar de eso y defienden incluso bajar impuestos. Así se agrava el problema. Porque no se pueden tener unos servicios de Suecia con unos impuestos de Marruecos (algunos privilegiados).


enrique ortega


España lleva varios años siendo el país europeo con más déficit público: el 3,1 % del PIB en 2017, el triple que la UE-28 (-1% déficit), por delante de Portugal (-3%), Rumanía (-2,9%), Francia (-2,6%), Italia (-2,3%) y hasta Grecia (superávit 0,8% del PIB). Y este año 2018 también seremos líderes en déficit público, un 2,6% del PIB, 31.000 millones de agujero en las cuentas públicas (ingresos-gastos), cuatro veces más déficit que la media europea (-0,6% del PIB de déficit en 2018), según las últimas previsiones de la Comisión Europea.

La culpa de este déficit público “estructural” en España no está en que gastemos más que los demás países. Al contrario, gastamos menos que la media: un 41% del PIB en 2017 frente al 45,8% en la UE-28 y al 47% del PIB que gastan los países euro. O mucho menos del 56,5% del PIB que gasta Francia, el país con más gasto público, el 48,9% de Italia, el 43,9% de Alemania o el 41,1% de Reino Unido, según los datos de Eurostat (2017). Eso quiere decir que España gasta 55.835 millones menos cada año que la media europea, siendo el 10º país de los 28 con menos gasto público. Y a pesar de eso, somos los que tenemos más déficit.

La culpa es del otro lado de las cuentas, de que ingresamos menos que la mayoría. España recaudó en 2017 el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países del euro y la alta recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) e incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat (2017). Eso quiere decir que si España recaudara como los demás países europeos, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año (o 91.929 millones más si recaudáramos como la media de los 19 países del euro donde estamos). Con ello, podríamos tapar el agujero del déficit y encima gastar más dinero en necesidades públicas, de las pensiones al paro.

El problema pues no es que España gaste mucho sino que recauda muy poco. Y este problema no es nuevo, lo teníamos ya antes de la crisis. Así, en 2004, en plena burbuja inmobiliaria,  España recaudaba poco  más que ahora: un 38, 7% del PIB (37,9% en 2017), frente al 44% la UE-28 (5,3% de diferencia). Y aunque marcó un máximo en 2007 (41,4 % del PIB de recaudación en España, frente al 44,7% en Europa), luego cayó la recaudación (hasta un 36% en 2011, frente al 44% en Europa) y apenas se ha recuperado hasta el 37,9% actual, a pesar de tres años de fuerte crecimiento, manteniéndose un 7% de diferencia con Europa. O sea, que con crisis o con recuperación, España recauda bastante menos.

¿Por qué España recauda menos? Básicamente, “porque España tiene un sistema impositivo muy ineficiente”, señala un reciente informe de FEDEA. Al compararnos con el resto de Europa, demuestra que España recauda porcentualmente menos en todos los impuestos, desde el IRPF y el IVA a los impuestos especiales, las tasas y el impuesto de sociedades. Veámoslo en cada impuesto.

En el impuesto sobre la renta (IRPF), España es el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB de media, frente al 10% de media europea, el 9% de Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Y eso no porque tengamos unos tipos del IRPF bajos (los marginales, por cada euro más de renta, son de los más elevados de Europa), sino porque los tipos efectivos que realmente se pagan son bajos. Y eso, porque en el IRPF hay muchos beneficios fiscales, que restan ingresos: 14.800 millones en 2016, un 18,6% de la recaudación perdida. Además, con los tipos y exenciones, la presión fiscal de las familias españolas es inferior a la europea: un matrimonio paga por IRPF una media del 13,9% de los ingresos, frente al 14,5% de media en la UE-28, según la OCDE. Y también las cotizaciones sociales son más bajas.

En el IVA, somos también el tercer país europeo que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. Y eso después de que  el IVA haya subido dos veces (en 2000 y en 2012), hasta el 21%, un tipo en línea con la media europea (del 19% que se paga de IVA en Alemania al 25% en Suecia o Dinamarca). El problema vuelve a estar en las bonificaciones, en que hay muchos productos y servicios que pagan el IVA reducido (10%) y superreducido (4%), con lo que el tipo efectivo del IVA en España, el que realmente se paga es del 15,2% frente al 20,1% de media en la UE-28, según el estudio de Fedea. Y eso porque sólo en 2016, con esas bonificaciones de tipos a muchos artículos y servicios (como el discutible 10% de IVA que pagan hoteles y restaurantes), se dejó de recaudar 22.333 millones de euros, lo que supuso perder el 32% de la recaudación potencial por IVA.

En el impuesto de Sociedades (que pagan las empresas), la recaudación en España está también a la cola de Europa: el 2,3% sobre el PIB, por debajo del 2,5% que recauda la Europa del euro. Y estos ingresos se han desinflado no sólo por la crisis (caída ingresos del ladrillo) sino porque los Gobiernos (ZP y Rajoy) han bajado el tipo nominal, del 35% al 25% actual,  inferior a la media de la UE (28%) y de países como Francia o Bélgica (34%), Italia (31%) o Alemania y Portugal (30%), según el informe de FEDEA. Y además, ese tipo no se aplica, porque también aquí hay beneficios fiscales en cantidad: 3.800 millones de euros en 2016, el 15% de la recaudación que se pierde. Y con ello, las grandes empresas, gracias a las deducciones fiscales que consiguen, pagan un tipo efectivo del 7,3%, menos que las pymes (15% beneficios) y que la mayoría de contribuyentes (14,9% ingresos). Y se da incluso el caso de que hay grandes empresas, como el Santander o el Corte Inglés, que han conseguido algunos años que Hacienda les devuelva…

Un inciso importante sobre el impuesto de Sociedades. La legislación les permite a las grandes empresas ahorrarse impuestos futuros con "créditos fiscales" que se les conceden por hacer provisiones sobre activos, aportaciones a Planes de pensiones de empleados y pérdidas en alguna filial. En noviembre de 2011, el Gobierno Rajoy autorizó a los bancos a apuntarse 50.000 millones de euros en activos fiscales diferidos (los DTA), créditos fiscales que les permitirían pagar menos impuestos en el futuro. Y gracias a ellos, los 4 grandes bancos tienen 58.717 millones en créditos fiscales, que les permitirán ahorrarse unos 15.000 millones en impuestos en los próximos años (sólo 6.000 el Santander). Y si sumamos los créditos fiscales de las demás empresas del IBEX, sobre todo eléctricas, petroleras, telecos y constructoras, suman 100.000 millones de créditos fiscales, un "premio" para que se ahorren 25.000 millones en impuestos estos años. Por eso la recaudación de Sociedades cayó a la mitad (23.143 millones en 2017 frente a 44.823 en 2007), mientras nosotros pagamos más.

Veamos ahora los impuestos especiales (carburantes, alcohol y tabaco), donde España también recauda menos que el resto de Europa: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media en la UE-28 y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. El alcohol paga en España la mitad de impuestos que en Europa (0,10% PIB frente al 0,20%). El tabaco paga un 78,8% del precio de venta, a medias entre el 62,5% de Luxemburgo y el 87,5% de Grecia. Y donde hay una gran diferencia es en los carburantes: en el diesel, España es el 5º país UE con menos  impuestos (0,573 euros/litro frente a 0,667 en Alemania, 0,941 en Francia o 1,01 euros en Italia) y en la gasolina, el 7º país donde se pagan menos impuestos (0,683 euros/litro frente a 0,880 en Alemania, 0,890 en Reino Unido, 0,941 en Francia o 1,014 en Italia).

En las herencias, el impuesto de sucesiones y donaciones, España recauda cada año 3.250 millones menos que la media europea. Y nos quedan las tasas y precios públicos, donde España es el 2º país con menos recaudación de Europa, tras Irlanda: recauda el 2,2% del PIB, frente al 3,1% de la UE-28, el 3,2% de Alemania, el 4% de Francia y el 7,5% de Finlandia.

En resumen, como se ha visto, España recauda menos en todos los impuestos, no tanto porque tengamos los tipos más bajos (que también) sino porque deja de ingresar cada año 40.000 millones en beneficios fiscales por IRPF, IVA y Sociedades, de los que se benefician unos españoles (los que tienen Planes de pensiones, los restaurantes o las grandes empresas con filiales en el extranjero) y no otros, en perjuicio de la recaudación general. Y además, hay mucho fraude fiscal, en el IVA, en impuestos especiales, Sociedades y el IRPF (menos), estimado en unos 40.000 millones de euros anuales por los Técnicos de Hacienda (GESTHA). Por todo ello ingresamos menos que Europa (81.500 millones menos).

El resultado de esta “ineficacia fiscal” es que España lleva 4 años creciendo y sin embargo, en 2017 recaudó menos que en 2007: 198.100 millones de euros frente a 200.676 millones recaudados en 2007, según Hacienda. En el IRPF ya recaudamos más que antes de la crisis (77.038 frente a 72.614 millones), igual que en el IVA (63.647 millones frente a 55.851, el mayor “salto” en la recaudación total) y en impuestos especiales (20.308 frente a 19.786 millones en 2007), pero donde está “el gran agujero” es en el impuesto de sociedades: en 2017 se recaudaron 23.143 millones, casi la mitad que en 2007 (44.823 millones). Y eso a pesar de que las empresas llevan tres años largos con beneficios y ganan ya más que en 2008 (267.680 millones en 2017 frente a 169.206, según el INE) . Y su porcentaje de beneficio bruto, el 42,8% de la producción, es de los más elevados de Europa (40% de media en la UE).

Así que hay margen para recaudar más, en todos los impuestos pero sobre todo en Sociedades, haciendo que las grandes empresas, bancos y multinacionales paguen más impuestos, lo mismo que los más ricos, que pagan “legalmente” poco acogiéndose a empresas pantalla o a SICAV (y a paraísos fiscales). La Comisión Europea ya le ha dicho a España que debe recaudar más por IVA (quitando el IVA reducido y superreducido a muchos productos y atacando más el fraude del IVA podría recaudar 16.000 millones más) y subir los impuestos al gasóleo y a la gasolina (otros 2.000 millones más de ingresos), así como varios impuestos medioambientales (otros 2.000 millones extras). Pero el ministro Montoro se niega, mientras confía en aumentar la recaudación con el puro crecimiento de la economía y con un nuevo impuesto, sobre las tecnológicas, que no estará listo hasta 2019 (lo tiene que aprobar Europa) y que sólo reportará entre 600 y 1.500 millones extras al año.

La mejora de la recaudación, esos 81.500 millones más que nos faltan cada año para “recaudar como europeos”, pasa por una reforma fiscal en todos los impuestos, haciendo que paguen más los que hoy pagan “legalmente menos” (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos), no la mayoría de los españoles, que ya pagan el 83% de todos los impuestos (empresas y ahorradores pagan el 17% restante). Pero eso supone hacer pagar más impuestos a sectores poderosos, con mucha influencia política y mediática, razón por la que no lo quieren aplicar ni el PP ni Ciudadanos, que defienden bajadas de impuestos, este año (incluso han bajado “de tapadillo” el impuesto al juego online, del 25 al 20%) y sobre todo en 2019, de cara a las próximas elecciones. Un camino que recortaría aún más la recaudación y nos impediría gastar más en lo que hace falta.

Porque la urgencia de recaudar más es porque ayudaría a solucionar los mayores problemas de España. Si conseguimos ingresar 40.000 millones más (de los 81.500 menos que recaudamos respecto a Europa), podríamos reducir drásticamente el déficit (10.000 millones) y destinar los 30.000 millones restantes a gastos públicos que nos hacen mucha falta: luchar contra el paro (4.000 millones), las pensiones (10.000 millones), paliar la pobreza (4.000 millones), mejorar la sanidad y la educación (2.000 millones cada una), paliar el déficit en Dependencia (1.000 millones) y destinar el resto (4.000 millones) a tecnología, infraestructuras, digitalización y modernización de la economía, para asentar la recuperación. Pero todo eso no puede hacerse con el sistema fiscal ineficiente que tenemos y sin una lucha más decidida contra el fraude fiscal, con más medios (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania).

En resumen, el problema nº 1 es que España recauda poco y si lo resolviéramos, recaudando como el resto de Europa, tendríamos mucho futuro ganado. No podemos exigir unas pensiones y unos servicios públicos “europeos” cuando tenemos una recaudación fiscal tercermundista. Si queremos un país más moderno, un mejor Estado del Bienestar, más empleo y mejores pensiones, alguien tendrá que pagarlo. Y deben ser los que hoy pagan menos, no la mayoría de españoles que viven de una nómina y ya pagan bastante. O se recauda más o no se podrá gastar más en lo que hace falta  y seguiremos con el déficit público muchos años. Este debería ser el gran debate, pero nadie lo hace hoy día (tampoco la "oposición") . Así nos va.