jueves, 14 de diciembre de 2017

Ayuntamientos con superavit, castigados (Madrid)



Imaginemos una familia en números rojos, donde el padre impone un duro ajuste. En unos años, el déficit mejora, aunque sigue ahí. Pero el hijo menor ha gestionado mejor y tiene superávit. Y quiere comprar cosas, pero el padre se lo prohíbe, porque el resto de la familia sigue con déficit. Y cuando empieza a gastar, le interviene las cuentas. Es la historia entre Montoro y el Ayuntamiento de Madrid, cuyas cuentas han sido intervenidas porque intentaba gastar más, tras 6 años con superávit y la deuda a la mitad. Y así están muchos Ayuntamientos: tuvieron 7.083 millones de superávit en 2016, pero no pueden gastar más porque Montoro necesita su superávit para tapar el agujero del Estado y las autonomías. Los Ayuntamientos, saneados, dicen que es injusto y piden cambiar la regla de gasto impuesta en 2012. El Gobierno se niega, hasta finales de 2018, cuando España ya no tenga déficit. Mientras, los Ayuntamientos con superávit no pueden invertir en cosas que necesitan sus vecinos.


enrique ortega

En diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, se encontró con que la mayoría de Ayuntamientos (y muchas autonomías) estaban quebrados, sin liquidez, sin poder pagar a los proveedores y llenos de deudas. El Gobierno puso en marcha Planes de rescate y los Ayuntamientos han recibido 18.298 millones de euros (2012-2017), según los datos de Hacienda. A cambio, el ministro Montoro les exigió duros planes de ajuste, con los que recortaron drásticamente gastos y plantillas: redujeron 48.268 empleos (1 de cada 12), entre 2012 y 2015, según la Administración. Al cabo de estos años, el ajuste municipal ha dado sus frutos: de los 8.115 Ayuntamientos, sólo 240 (Jerez o Parla entre los grandes) siguen en un Fondo de saneamiento especial. Eso sí, todavía hay 688 municipios que tardan más de 60 días en pagar sus facturas (el plazo máximo legal ahora son 30 días) y el ministro Montoro acaba de mandar una carta a los 22 Ayuntamientos morosos más grandes en la que les advierte que o pagan en menos plazo o interviene sus cuentas. Entre ellos están Jaen (paga a 430 días), Parla (430 días), Algeciras (400), Jerez (284), Alcorcón (190),Granada (148), Leganés (125), Lugo (80), Huelva (72), Cádiz (67) y Sevilla (paga a 62 días).

Aunque algunas son capitales importantes, la gran mayoría de los Ayuntamientos españoles están saneados. Y el vuelco en las cuentas municipales ha sido espectacular. De tener un déficit global de -5.050 millones en 2010 (y -4.069 en 2011) pasaron a reducirlo a la mitad en 2012 (-2.148 millones) y tener superávit después: +5.474 millones en 2013, +5662 millones en 2014, +5.094 en 2015 y +7.083 millones en 2016, según los datos de Hacienda. Y así, los Ayuntamientos son la única parte de la Administración pública con superávit, mientras el resto sigue con déficits, aunque menores que en 2012: -28.019 millones el Estado (2016), -18.096 euros de déficit la Seguridad Social y -9.155 millones las autonomías. O sea, que, gracias al superávit de los Ayuntamientos, España tiene un déficit público de “solo” -50.576 millones de euros, el -4,5% del PIB en 2016, que sería del -5,1% del PIB sin la ayuda de los municipios

Y esta tendencia a la mejoría de las cuentas municipales sigue este año 2017: en el primer semestre, los Ayuntamientos han tenido un superávit de +1.874 millones, un 60% más que el año pasado, según los datos de Hacienda. Y mientras, el Estado, la Seguridad Social y las autonomías siguen con déficit (aunque bajándolo).Los Ayuntamientos no sólo han pasado de déficit a superávit, algo que no han conseguido ni el Estado, ni la SS ni las autonomías. Además, han reducido también su deuda: de 44.003 millones de euros que debían en 2012 a 30.635 millones a septiembre de 2017, un 30% menos, según el Banco deEspaña. Y mientras, las demás administraciones públicas deben más ahora que en 2012, con lo que la deuda pública total de España ha pasado de 891.502 millones (2012) a 1.135.869 millones (septiembre 2017) y ya debemos más de lo que produce el país (el 102% del PIB).

En mayo de 2015 hubo elecciones municipales y en muchos Ayuntamientos llegaron a las alcaldías gobiernos del PSOE y Podemos, que se plantearon gastar más, una vez que los municipios estaban con superávit y con menos deuda. Pero no podían hacerlo. Porque en abril de 2012, el Gobierno Rajoy había impuesto con su mayoría absoluta la Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley 2/2012), aprobada con los votos de PP, CiU, UPyD y UPN. Una Ley para amparar el ajuste de gastos en toda la Administración y que a los Ayuntamientos les imponía dos corsés. Uno, que la deuda municipal tenía un tope (el 2,9% del PIB). Y el otro, el que más importa ahora, la famosa “regla de gasto”: los Ayuntamientos tenían un tope de gasto anual (el del crecimiento de la economía) y si tenían superávit, lo tenían que dedicar a devolver deuda (amortizar), no a gastar más de ese tope anual.

Los nuevos Ayuntamientos, sobre todo los gobernados por la izquierda, se dedicaron en 2016 y 2017 a gastar más sin que Montoro les llamara la atención. Sobre todo, las grandes ciudades, con muchas necesidades no cubiertas e importantes superávits en 2016: Madrid (+1.115 millones), Valencia (+126 millones), Barcelona (+113), Zaragoza (+110), Málaga (+69) o Sevilla (+59 millones), según datos de la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima en +1.784 millones el superávit de los 16 mayores Ayuntamientos españoles en 2016. Hacienda ha apercibido a algunos, pero la mayoría ha aprobado nuevos gastos en 2017. Y en agosto de este año, la AIReF alertaba al Gobierno: 9 de los 16 mayores Ayuntamientos de España se saltarán este año la “regla de gasto” impuesta por el Gobierno en 2012. Serán los Ayuntamientos de Madrid, Valencia, Bilbao, Córdoba, Gijón, Palma, Murcia, Barcelona y Zaragoza. Todos con superávit y menos deuda.

El ministro Montoro se decide a dar un escarmiento y el 8 de noviembre interviene las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, al que lleva “advirtiendo” dos años. Al igual que ha hecho con Cataluña, Hacienda pasa a controlar las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, autorizando cada semana los gastos que puede hacer. Y les paraliza 364 millones de gasto que habían aprobado. La Corporación de Carmena decide frenar 18 expedientes de gasto y paraliza distintas inversiones en la capital, entre ellas 2 escuelas infantiles, 2 centros de mayores y diversas obras en centros deportivos, piscinas, naves industriales, parque de bomberos y escuela de hostelería. En paralelo, presenta un recurso solicitando que se permita realizar 127 millones de gasto porque son inversiones muy avanzadas. 

Montoro dice que todo el mundo tiene que cumplir con la regla de gasto incluida en la Ley de Estabilidad y que los Ayuntamientos tienen que seguir colaborando en recortar el déficit. Y el Ayuntamiento de Madrid considera injusto que se tengan que apretar el cinturón cuando tienen superávit desde hace 6 años (desde 2011) y su deuda ha caído de 5.637 millones (al llegar Carmela) a 3.567 millones, por lo que mejor gastar en lo que hace falta que devolver dinero a los bancos (con el alto coste de las amortizaciones anticipadas).

El problema más serio lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, porque tiene sus cuentas intervenidas, pero en realidad es un problema que comparten la mayoría de los grandes Ayuntamientos de España, que volverán a cerrar 2017 con superávit (+1.075 millones los 16 más grandes, según la AIReF) y no pueden gastar lo que quieren. La propia Federación de Municipios (FEMP) considera injusto que no se permita a los Ayuntamientos hacer inversiones necesarias para sus vecinos para contribuir a enjugar parte del déficit del Estado, la Seguridad Social y las autonomías. Y denuncian que les imponga la regla de gasto un Gobierno y un ministro, Montoro, que no ha sido capaz ni uno solo de estos cinco años de cumplir con los recortes de déficit prometidos a Bruselas, mientras los Ayuntamientos se saneaban.

Los Ayuntamientos, a través de la FEMP, intentaron “suavizar” la regla de gasto este año, en el debate parlamentario del Presupuesto 2017, sin conseguirlo. Ahora, PSOE, Podemos y el resto de los grupos (salvo PP y Ciudadanos) acaban de aprobar (165 votos a favor, 157 en contra y 6 abstenciones) una proposición no de ley que “insta al Gobierno a modificar la regla de gasto para que los Ayuntamientos con cuentas saneadas puedan destinar esos fondos a mejorar los servicios a sus vecinos”. Pero es una moción simbólica, que no irá más allá, porque el Gobierno se escuda en la Ley de estabilidad presupuestaria y en las exigencias de Bruselas. Eso sí, Montoro está dispuesto a revisar la regla de gasto en el futuro, “cuando España salga de la situación de déficit excesivo”, o sea, a finales de 2018. 

Eso quiere decir que los Ayuntamientos saneados no podrán gastar mucho más hasta 2019. Y eso pasa cuando, tras los ajustes del pasado, los municipios españoles necesitan gastar más en casi todo, desde contratar personal (lo tienen limitado) a invertir en obras y servicios. Un ejemplo. De los 384 Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, más de la tercera parte tiene unos servicios sociales con presupuestos “pobres” (41 Ayuntamientos, con 2.100.000 habitantes) o “precarios” (106 Ayuntamientos, con 6.700.000 habitantes), según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. O sea. 8.800.000 españoles con servicios sociales municipales que no tienen los recursos necesarios. Y así muchos otros servicios, desde guarderías a centros educativos o polideportivos, sin olvidar obras y servicios que están en primera línea de la atención a los ciudadanos. Y todo ello, no se puede atender, aunque hay dinero, porque Montoro prefiere que lo destinen a devolver deuda a los bancos.

La pelea de Montoro con el Ayuntamiento de Madrid es una pelea que no se justifica desde una perspectiva económica (están saneados y pueden gastar más sin problemas) y tiene mucho “trasfondo político”: la defensa a ultranza del fundamentalismo de la austeridad, el “santo temor al déficit, tan querido por el PP y sus colegas de Bruselas, que siguen defendido ajustes en España para 2018 cuando afirman que este año acabará con el 3,1% de déficit ( ¿para qué bajarlo más el año que viene, hasta el 2,2 % para 2018, cuando se fijó el suelo en el 3% ?). Una postura intransigente que ya ha costado muchos sacrificios a la mayoría de españoles desde 2010 y que ahora quieren que la sigan pagando los vecinos de los Ayuntamientos.

Pero hay más. El debate no es sólo si los Ayuntamientos pueden gastar más. Habría que ampliar el foco y abrir el debate de la futura financiación de losAyuntamientos, en paralelo al debate más conocido sobre la futura financiación de las autonomías. Porque en España, los Ayuntamientos son “los parientes pobres” de la Administración pública. Comparados con Europa, los municipios españoles ingresan menos (9% del total frente al 13% en la UE-28) y gastan también menos (8% frente al 24% en la UE-28), en beneficio del Estado y sobre todo de las autonomías. Como señala la Comisión Europea en su informe de febrero, España es uno de los países más descentralizados de Europa (el 42% del gasto lo hacen autonomías y Ayuntamientos, frente al 32% en la UE-28), pero el problema es que las autonomías tienen más porcentaje de gasto que en Europa y los Ayuntamientos menos.

Así que ahora, si se trata de reformar el sistema de financiación de las autonomías, también habría que reformar la financiación de los Ayuntamientos, para repartir así de una vez los ingresos y los gastos del Estado central (52%), autonomías (34%) y Ayuntamientos (8%), para hacerlo más justo, a costa de recortar quizás la parte del Estado central (al 40%) y subir la de los municipios (al 20%) y autonomías (40%). Un debate complicado porque se trata de una pelea por el reparto del poder y eso son palabras mayores. Pero parece claro que los Ayuntamientos deberían tener más recursos, porque son los que están más cerca del ciudadano. Y si estamos en un país descentralizado, los Ministerios tendrán que perder recursos y poder en beneficio de las autonomías y los municipios. Ese es el gran debate de fondo que los políticos no abordan. Y los ciudadanos sufrimos las consecuencias, cada día.

lunes, 11 de diciembre de 2017

Automóvil: la revolución pendiente


Llueva o no, las grandes ciudades tienen un grave problema: la creciente contaminación, que mata a medio millón de europeos cada año (y a 31.000 españoles), provocada en un 75% por los coches. París y Londres prohibirán  los coches diésel en 2024 y los gasolina en 2040, mientras Bruselas fuerza a los fabricantes a reducir a la mitad las emisiones de los coches europeos para 2030. Tras 131 años de historia, el automóvil de gasoil y gasolina tiene los años contados. “Quien no se adapte, desaparecerá”, advierte la Comisión Europea. Es la hora del coche híbrido y eléctrico. Pero la industria se reconvierte lentamente y España más: sólo el 0,3% de los coches vendidos  son eléctricos y el Gobierno acaba de aprobar unas ayudas ridículas (20 millones), que sólo incentivarán la compra de 5.600 eléctricos, muy caros y sin postes de recarga. Y no aprueba el Plan Aire II ni sube  impuestos a los carburantes y a los coches más contaminantes. Nos jugamos el aire y la vida.


enrique ortega

En el aire que respiramos cada día hay 5 tipos de contaminantes, sobre todo en las grandes ciudades. El más grave son las micro partículas PM10 y PM 2,5 (M son micrones: milésimas de milímetro de diámetro), cien veces más finas que un cabello, uno de los principales causantes del cáncer de pulmón, según la OMS. El 65% las producen los automóviles (por los motores y el desgaste de frenos, ruedas y pavimento) y el resto las calefacciones, centrales térmicas e industrias. El contaminante que más ha crecido es el NO2 (dióxido de nitrógeno), un gas tóxico que procede en un 80% de los vehículos (sobre todo los diésel). El tercer contaminante más extendido es el O3, el ozono troposférico (el “ozono malo”), producido sobre todo en verano por la fotooxidación de N02 y compuestos orgánicos volátiles (COVs), procedentes de vehículos, calefacciones e industrias. El cuarto contaminante es el SO2 (dióxido de azufre), producido sobre todo por las industrias químicas y refinerías. Y el quinto contaminante que respiramos (en España menos) es el benzopireno (BaP), producido por el uso de estufas de madera y calefacciones de biomasa.

La contaminación es un problema muy serio en todo el mundo y en Europa: el 82% de la población de las ciudades europeas está expuesta a emisiones de micro partículas (PM2,5) superiores a los niveles recomendados por la OMS, el 9% a niveles elevados de NO2 y el 95% a un exceso de O3 (ozono troposférico), según un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que cifra en 487.000 las muertes que causa cada año la contaminación en Europa (31.250 de ellas en España), ocho de cada diez causadas por las partículas (23.000 muertes en España) y el resto por N02 (6.700 muertes) y O3 (1.600 muertes). Y además, añaden, la mala calidad del aire aumenta los costes médicos en Europa, reduce la productividad laboral y provoca daños en bosques, lagos, suelos y semillas.

España está mejor que la media europea en la contaminación del aire, según los últimos datos de la AEMA (2015): 10 microgramos/m3 de media en partículas PM 2,5 frente a 14,1 en la UE-28 (23,5 en Polonia o 18,6 en Italia), 19,4 microgramos/m3 de NO2 frente a 22,9 en la UE-28 (y 26,6 en Alemania o 25,9 en Italia) y 109,4 microgramos/m3 de O3 frente a 114,4 de media en Europa (y 135 en Italia o 130 en Austria). Pero el problema es que la contaminación en España crece imparable y las grandes capitales, como Madrid o Barcelona, están entre las ciudades más contaminadas de Europa, junto a París, Londres, Atenas, Berlín o Roma.

De hecho, los datos enviados por el Gobierno a Bruselas, señalan que 7 ciudades españolas superaron en 2016 los límites de N02 fijados por la UE (40 mgr/m3): Granada y su área metropolitana, el área de Barcelona y Vallés-Baix Llobregat, Madrid y el corredor del Henares, Valencia y su área de influencia y San Sebastián de la Gomera (Canarias), en los 6 primeros casos “principalmente por el tráfico”. En partículas PM10, sólo se superaron los límites europeos en la zona central de Asturias. Y en O3, hay 35 zonas españolas que superan los límites. Lo malo es que en 2017, la situación no mejora, según los datos de Ecologistas en Acción. Hay 16 ciudades que superaron en noviembre (15 al 19) los límites europeos de partículas en suspensión PM10 (50 mgr/m3): Huelva (175 mgr/m3), Valencia (145), Lleida (80), Puertollano, Bailén, Avilés, Santander, Talavera, Valladolid, Barcelona, Sevilla, Murcia, Madrid, Zaragoza, Granada y A Coruña. Y otras 6 ciudades que superaron el límite europeo diario de NO2 (200 mgr/m3): Madrid (244 mgr/m3, llegando en una de sus estaciones a 341), Salamanca, Sevilla, Barcelona, Guadalajara y Zaragoza. Y sólo dos ciudades, Madrid y Valladolid, informaron a sus ciudadanos y tomaron medidas sobre el tráfico.

La Comisión Europea ya no sabe qué hacer para luchar contra la creciente contaminación. En 2010 entró en vigor una Directiva (2008/50/CE) que establecía límites para los contaminantes más peligrosos, el NO2 y las micro partículas PM10 y PM 2,5, límites más laxos que los recomendados por la OMS (2,5 veces menores) y los aplicados por EEUU (la mitad). Pero aun así, los paises europeos no los cumplen. Y  por ello, en 2015, la Comisión Europea denunció a 12 paises europeos (entre ellos, España) al Tribunal Europeo de Justicia, en Luxemburgo, que está pendiente de imponer multas por incumplimiento de la Directiva. Y el 15 de febrero de 2017, la Comisión Europea aprobó un “Dictamen de última advertencia” a 5 paises europeos “por violación constante de los límites de N02 en muchas ciudades”. Son Alemania (incumple los límites en 28 zonas de Berlín, Múnich, Hamburgo y Colonia), Francia (incumple en 19 zonas de París, Marsella y Lyon), Reino Unido (incumple en 16 zonas de Londres, Birmingham, Leeds y Glasgow), Italia (incumple en 12 zonas de Roma, Milán y Turín) y España (incumple en 3 zonas, 1 de Madrid y 2 de Barcelona). Junto a la advertencia, la Comisión  lanza a los 5 paises un ultimátum: o toman medidas o llevará el asunto al Tribunal europeo de Luxemburgo, con lo que se arriesgan a cuantiosas multas.

Mientras la Comisión amenaza, algunas ciudades europeas han empezado a tomar medidas drásticas contra la contaminación, que en un 75% está motivada por el tráfico. Así, París anunció que prohibirá la entrada de los coches diésel en 2024 y los de gasolina en 2040. Y el Gobierno británico quiere prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos en 2040, algo que Noruega y Holanda adelantarán a 2025 (y la India a 2030). Y ciudades como Berlín, Londres, Estocolmo o Copenhague estudian también  prohibir la entrada de los coches más contaminantes y establecer peajes al coche privado. Madrid contempla también prohibir la entrada en la capital de los coches más contaminantes en 2025 y Barcelona en 2020.

La guerra contra el coche de motor de combustión, inventado por Karl Benz en 1886, es un hecho, en Europa y en el mundo. Sobre todo la guerra contra el diésel, que emite muchas más partículas y NO2 que el motor de gasolina (que emite más CO2). Pero en la vanguardia de la lucha contra el coche diésel y gasolina no está Europa, sino China: es líder mundial en coches eléctricos, por delante de EEUU, y vende un tercio de los 2 millones de coches eléctricos vendidos en 2016. Y ya ha introducido una cuota obligatoria a sus fabricantes, con el objetivo de que un 12% de los coches sean eléctricos en 2020. Europa está retrasada en esta batalla mundial por el coche eléctrico y los fabricantes europeos se resisten a dejar sus cadenas de coches diésel y gasolina, que fabrican el 20% de los coches del mundo.

La Comisión Europea ha hecho la vista gorda con los fabricantes europeos de coches, porque son la primera industria del continente y emplean a 12,6 millones de europeos. Pero el fraude de las emisiones de Volkswagen, detectado en 2015, ha hecho reaccionar a Bruselas. Y han tomado dos medidas. Una, modificar el sistema de medición de emisiones, para que no sea en el laboratorio sino que se vigilen las emisiones reales en carretera. El sistema está en vigor desde septiembre, aunque el Gobierno Rajoy ha dado una moratoria de 16 meses a los fabricantes de automóviles en España (muy poderosos): el nuevo sistema de detección de emisiones (más riguroso) no se aplicará hasta el 1 de enero de 2019. La otra medida, aprobada el 8 de noviembre, es reducir a la mitad el tope de emisiones permitidas a los coches fabricados en Europa: de los 95 grs./km de CO2 fijados para 2021 se pasará a 80 grs. en 2025 (un 15% menos) y a 66,5 grs. en 2030 (-30% sobre emisiones 2021).

La industria del automóvil europea se queja de que el recorte de emisiones es “demasiado ambicioso” y exigirá un enorme esfuerzo inversor, encareciendo mucho los coches. Para ayudarles, la Comisión Europea prevé una inversión de 378.000 millones de euros anuales hasta 2030, de los que 177.000 sería financiación barata de la UE y el resto inversión privada de las empresas. Pero los fabricantes van bastante retrasados en esta “reconversión” a motores menos contaminantes. De hecho, según la consultora PA Consulting, sólo cumplirán los topes de emisiones establecidos por Bruselas para 2021 tres fabricantes, Volvo, Toyota y Nissan. Y están muy lejos de cumplir (en la media de todos sus modelos) Volkswagen, PSA, Fiat-Chrysler, BMW, Ford y Hyunday-Kia, los fabricantes más importantes. La Comisión ha amenazado con multas cuantiosas a los fabricantes que incumplan, pero el automóvil es una industria demasiado poderosa y muy influyente en Alemania y Francia como para dudarlo y pensar en sucesivas moratorias, a costa de una contaminación que mata.

El objetivo de estas medidas es que en 2030, el 80% de los coches tengan motores diésel y gasolina que contaminen la mitad. Y que el 20% restante sean coches híbridos y eléctricos. Para impulsarlos, la Comisión acaba de aprobar un paquete de 1.000 millones de inversión, 800 para mejorar los puntos de carga y 200 millones para investigar en baterías. Y han advertido a los fabricantes que si pierden este reto eléctrico, Europa se verá invadida por coches híbridos y eléctricos de China, India, Corea, Japón y EEUU. “El diésel desaparecerá y lo hará más rápido de lo que pensamos. Quien no se adapte, desaparecerá del mercado”, ha vaticinado la comisaria europea de Industria.

España está muy retrasada en esta batalla europea por unos coches menos contaminantes. Primero, porque tenemos una serie de problemas estructurales de partida: tenemos más coches (somos el 4º país del mundo en coches por habitante, 479 por 1.000, sólo por detrás de Italia, 602, Alemania, 510, y Francia, 495), más viejos (la edad media del parque es de 12 años, frente a 8 en la UE) y más coches diésel (un 60% del parque frente al 40% en Europa), circulando además en unas ciudades menos extensas (5.700 turismos por km2 en Barcelona, 2.600 en Valencia o 2.300 en Madrid frente a 1.500 turismos por km2 en Berlín o Roma y 1.300 en Londres). Y segundo, porque el Gobierno Rajoy no toma medidas (deja el problema a los Ayuntamientos y autonomías) y las que toma son insuficientes.

La última “medida estrella” del Gobierno Rajoy ha sido aprobar, en noviembre, el Plan Movalt para “incentivar el coche eléctrico”. Y ha destinado la ridícula cifra de 20 millones de euros, para ayudar (con 5.500 euros por turismo) a la compra de 5.600 coches eléctricos (el anterior Plan, el Movea, agotó sus fondos en 24 horas). Y destina otros 15 millones a instalar postes de carga (no hay) y 15 más a “investigación”. Una miseria de Plan, comparado con las ayudas en el resto de Europa, claramente insuficiente  para incentivar el coche eléctrico en un país donde solo se han vendido 3.205 coches eléctricos entre enero y octubre, el 0,3% de las ventas, con lo que estamos a la cola de Europa (1,2% de las ventas), muy lejos de Reino Unido (1,7% ventas), Francia (1,5%), Alemania (1,3%) o Portugal (1,4%) y sólo en línea con Italia (0,2% venta coches eléctricos), según European Alternative Fuels.

Mientras, estamos a la espera de que el Gobierno Rajoy apruebe el Plan Aire II (2017-2019), pero por el borrador que se conoce, es poco ambicioso en los objetivos y carece de recursos para poner en marcha medidas eficaces. Los expertos creen urgen dos medidas fiscales contra la contaminación de los coches. Una, subir los impuestos a los carburantes, porque en España la gasolina paga un 27% menos de impuestos (18  céntimos menos/litro) y el gasóleo un 25,6% menos (14 céntimos menos/litro) que la media europea. La otra, cambiar el impuesto de circulación, para penalizar no sólo la emisión de C02 (que hoy penaliza a los coches de gasolina, al emitir un 20% más) sino sobre todo la emisión de NO2 y partículas (los coches de gasoil emiten 4 veces más que los de gasolina). Y trazar un Plan con las grandes refinerías (como hizo Obama en USA), para invertir en reducir las emisiones de los carburantes mientras persistan los motores de combustión. Y sobre todo, hay que volcarse en fomentar los coches híbridos y eléctricos (el Gobierno Rajoy vetó en febrero una proposición no de Ley del PDCat, porque costaba 17 millones), con más ayudas al comprador  y más postes de recarga (sobre todo para furgonetas de reparto y flotas de empresas), dando ejemplo la Administración con un mayor uso de los coches oficiales eléctricos, autobuses (sólo 33 en Madrid) y taxis eléctricos (hay 70 en toda España, entre 67.000 taxis).

Y sobre todo, hay que planificar mejor el transporte público en las ciudades (ver opiniones viajeros en esta encuesta de la OCU), con más rutas, flotas y personal (recortados desde 2008), fomentando también su uso vía tarifas y aparcamientos disuasorios, además de ampliar los trenes de cercanías. Y fomentar las flotas (eléctricas) de coche compartido, junto a promover los carriles bici, sobre todo en ciudades medianas y pequeñas (hoy colapsadas). Y todo ello sin olvidar nuestras industrias (ver las 10 que más contaminan) y calefacciones, responsables de ese otro 25% de la contaminación en nuestras ciudades.

Queramos o no, el coche es un problema grave para nuestras ciudades y todos tendremos que ayudar, comprando coches menos contaminantes (mucho más caros) y pagando más impuestos en carburantes y matriculaciones, peajes de acceso a las ciudades y aparcamientos. Y en muchos casos, siendo obligados a dejar el coche en casa y coger el transporte público. Porque lo contrario es envenenarnos. Hay que tomárselo en serio ya. Todos, pero sobre todo el Gobierno y los Ayuntamientos, cueste lo que cueste.