jueves, 26 de abril de 2018

EPA marzo 2018 : menos empleo y más paro


En el primer trimestre de 2018 se han perdido 124.100 empleos, casi el doble de los perdidos en el primer trimestre de 2017 y 2016, a pesar de que este año ha caído la Semana Santa en marzo, no en abril, y eso debería haber creado empleo. Pero el empleo ha “pinchado”, en los servicios y en la industria y en 15 autonomías. Y también ha subido el paro, mientras la mitad de los parados llevan ya más de 1 año sin trabajar y no cobran ningún subsidio. Pero  además, el Gobierno va a cambiar los subsidios desde el 1 de mayo, recortando más las ayudas al 75% de los parados, mientras las oficinas de empleo ni forman ni recolocan. Seguimos con más del doble de paro que Europa y este año puede ser malo para el empleo, porque se está enfriando el turismo, el petróleo bate récords y sube el euro y los tipos, lo que puede frenar el crecimiento. Urge pactar  un Plan de empleo, con ayudas y medidas para emplear a jóvenes, mujeres y mayores. Es la gran preocupación de los españoles. Dejen de ocuparse de otras cosas y consigan más trabajo decente.

enrique ortega


El primer trimestre siempre es malo para el empleo, porque se acaban los contratos de Navidad y rebajas. Pero este año, la Semana Santa ha caído en marzo, no en abril, lo que debía haber mejorado el empleo. No ha sido así: se han destruido 124.100 empleos en el primer trimestre, según la EPA conocida hoy, el doble de empleo perdido que en los dos últimos años (-69.800 empleos perdidos en 2017 y -64.600 en 2016). El empleo ha “pinchado” sobre todo en los servicios (-110-500 empleos), en el turismo, la hostelería y el comercio, y en la industria (-39.400 empleos), mejorando en la agricultura (+13.100 empleos) y en la construcción (+8.200 empleos). El empleo se ha perdido más entre las mujeres (-69.000 empleos) que entre los hombres (55.100) y en casi todas las edades: entre los trabajadores de 30 a 40 años (-93.400 empleos), los menores de 30 años (-35.300) y los que tienen de 50 a 54 años (-25.700 empleos). Y sólo se ha creado empleo  en Madrid (+21.900) y Canarias (+7.600), perdiéndose en las 15 autonomías restantes, más en la Comunidad Valenciana (-38.200), Baleares (-31.600) y Castilla la Mancha (-21.900 empleos)

El poco empleo creado este primer trimestre ha sido otra vez un empleo muy precario, aunque menos que en 2017: de los 4.943.000 contratos firmados entre enero y marzo (una barbaridad, porque se hacen muchos para cada empleo), el 89,06% fueron temporales y un 10,94% indefinidos, más que el 9,88% de contratos indefinidos firmados en todo 2017, según datos de Empleo. Y un 34,05% fueron a tiempo parcial, por horas, mientras el 65,95% eran contratos a jornada completa. Con ello, sólo el 6% de todos los contratos firmados en 2018 han sido “normales”, fijos y a jornada completa, una precariedad que se arrastra desde 2009. Y por ello, el 26,11% de todos los trabajadores asalariados tienen ahora un contrato temporal (la cuarta parte de los nuevos, por menos de una semana), el porcentaje más alto en Europa. Y un 15% tienen un empleo a tiempo parcial, el 60% porque no encuentran otro.

La pérdida de empleo ha aumentado el paro en el primer trimestre, aunque sólo en +29.400 personas, porque se ha reducido el número de personas que buscan trabajo (los “activos”) en 94.700 personas (“desanimados, que tiran la toalla y ya no buscan empleo). Con ello, el número de parados sube a 3.796.100, según la EPA de hoy, con lo que la tasa de paro sube al  16,74%. Y somos el 2º país con más paro de Europa (tras el 20,8% de Grecia) y tenemos más del doble de paro que el continente (7,1% en la UE-28 en febrero) y cinco veces el paro de Alemania (3,5%), según los últimos datos de Eurostat. Y lo peor es el paro juvenil, de los menores de 25 años: en España afecta al 40,8% de jóvenes, frente al 17,3% en Europa (UE-28), el 22,6% en Francia, 12,2% en Reino Unido y 6,7% en Alemania.

El paro en España se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados: 1.955.400, con una tasa del  18,54%, frente al 15,18% los hombres), los jóvenes (37% de paro entre los menores de 29 años), los inmigrantes (24,28% de paro) y los mayores de 50 años (el 15,25% de paro, el triple que en 2007), donde ya hay 999.400 españoles mayores sin trabajo (y sin posibilidad de tenerlo la mayoría). Además, el paro se concentra  también en 6 autonomías, que mantienen una tasa de paro “insoportable” superior al 20%: Ceuta (31,44%), Melilla (27,24%), Extremadura ( 25,94 %),  Andalucía ( 27,74 %), Castilla la Mancha (20,68%) y Canarias ( 20,62%), la media España pobre, que contrasta con el paro “casi europeo” de la España rica, Navarra ( 10,54% de paro), País Vasco (10,76% ) y la Rioja (11,03%). Y un dato estremecedor: han aumentado (+ 31.300) los hogares donde no trabaja nadie: son ya 1.241.800 hogares con todos sus miembros en paro.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y la mitad de los parados llevan más de 1 año sin trabajar, los llamados “parados de larga duración”: en marzo de 2018 eran 1.888.700 personas, el 49,75% de todos los parados, según la EPA del primer trimestre (en la UE-28 son el 43% de los parados). Y de ellos, 1.363.800 llevan ya parados más de 2 años y un millón largo más de 4 años sin trabajo, según un estudio de Fedea. Son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar, porque están “fuera del mercado”. Y no sólo por su edad (un tercio superan los 50 años) sino porque tienen poca formación: un 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO (o incluso menos) y eso les aleja aún más de poder ser contratados.

Mientras ven difícil recolocarse, el mayor problema de muchos de estos “parados viejos” es sobrevivir, porque tras tantos meses en el paro, se les ha agotado el subsidio en muchos casos. Y así nos encontramos con que más de la mitad de los parados EPA no cobran ya ningún subsidio de paro: en febrero de 2018, según los últimos datos de Empleo, sólo cobraban alguna ayuda 1.913.555 parados, el 50,4% de los parados estimados (EPA). Y encima, de los parados que cobran, sólo algo más de un tercio (773.381 parados) cobran el subsidio contributivo de 821 euros al mes y los dos tercios restantes cobran un subsidio asistencial (de 6 a 11 meses) de sólo 426 euros mensuales. Los 1.882.545 parados restantes (el 49,6% del total) no cobraban nada, ningún subsidio: cuando Rajoy llegó a la Moncloa, a finales de 2011, los que no cobraban ningún subsidio eran el 44,5% de los parados).

Esta rebaja en el número de parados que cobran alguna ayuda es algo buscado, tras los recortes aplicados en 2012 y después a las prestaciones por desempleo, con objeto de recortar el gasto y el déficit público. Así, el gasto en desempleo ha pasado de un máximo de 32.366 millones en 2009 a 17.397 millones que se gastaron en 2017, según la liquidación del Presupuesto. Y esa caída del gasto (-46,26%) no se corresponde con la caída del paro estimado en esos años (-559.800), que ha sido menor (-12,93%), con lo que ha caído el porcentaje de parados que no cobran y los que cobran reciben menos (821 euros mensuales  frente a 864 euros en 2011) y de forma muy desigual: en Baleares, los parados cobran 984,60 euros de subsidio frente a 696,30 en Extremadura y 784,60 euros en Canarias.

El Gobierno Rajoy busca seguir recortando el gasto en los parados, para que le ayuden a rebajar el déficit público como ha prometido a Bruselas. Y por eso, ha propuesto a las fuerzas sociales una reforma del seguro de paro que entra en vigor este 1 de mayo, aunque los sindicatos están en contra. Elcambio afecta al subsidio asistencial, el que cobran los que ya han agotado el seguro contributivo por el que cotizaron. Ahora había tres modalidades (Renta activa de inserción, Plan Prepara y Programa de Activación para el Empleo) que se van a unificar en una sola (Renta complementaria de Desempleo, RED). Se cambian los plazos y requisitos, de tal manera que un 75% de los actuales beneficiarios van a salir perdiendo, según el análisis de CCOO. Los parados con responsabilidades familiares perderán entre 1 y 3 meses de subsidio y los que además tienen más de 45 años, perderán 9 meses, según UGT. Y los que parados con responsabilidades familiares que han cotizado entre 6 y 12 meses, perderán entre 3 y 42 meses de subsidio. Además, la nueva ayuda será de 430 euros mensuales, menos de lo que reciben los parados del Plan Prepara con familia (457 euros) y no tendrán ayuda los parados cuyo cónyuge gane poco más del salario mínimo.

Así que si hoy reciben ayudas la mitad de los parados, pronto van a ser aún menos. Y encima, tampoco les ayudan las oficinas de empleo (SEPE) a formarse ni a encontrar trabajo. ). Los datos son demoledores. Uno, los parados tardan 9 meses y medio (de media) en recibir la primera atención personalizada en la oficina del SEPE y un tercio de ellos la reciben cuando llevan ya más de un año parados, según un detallado estudio de Fedea. Dos, el 91,3% de los parados registrados no recibe ninguna orientación personalizada para encontrar trabajo. Y tres, sólo el 2% de los parados encuentran trabajo gracias a las oficinas de empleo, frente al 10% de media en Europa y en Alemania. El resto lo encuentra gracias a las ETTs privadas (el 17%) y sobre todo por su cuenta (81%). Y además, Las oficinas de empleo tampoco forman a los parados: en 2016, sólo 152.544 parados recibieron cursos de formación, un 4,12% de los parados registrados, según las últimas estadísticas del SEPE.

Con este panorama (empleos perdidos y mucho parado sin salida), España debería plantearse crecer mucho más y crear más empleo, para acercarse a niveles europeos. Porque no sólo tenemos más del doble de paro que Europa (16% frente al 7,1%) sino que tenemos mucha menos gente trabajando, razón por la que somos más pobres: la tasa de empleo en España es del 65,5% (trabajan dos tercios de los españoles entre 20 y 64 años), mientras en la UE-28 trabajan el 72,2%, según Eurostat. Eso significa que para ser como Europa, deberían trabajar un 6,7% más de españoles, casi 2 millones más. O sea, que no se trata sólo de recuperar el empleo de antes de la crisis (20,7 millones en septiembre 2007, cuando ahora trabajan 18,87 millones), sino también crear 2 millones más (22,7 millones). Habría que crear, en total, 3,8 millones de empleos para tener un nivel de ocupación europeo.

Este debería ser el gran objetivo nacional, no regodearse en el triunfalismo del Gobierno Rajoy, que se apunta el triunfo de haber creado 2 millones de empleos desde 2014 (aunque en realidad sólo han creado 721.200 empleos desde que llegaron, a finales de 2011). Y no es un objetivo fácil, porque aunque España crece casi al 3%, no crea mucho empleo (490.300 en 2017) y el 90% del empleo que se crea es precario, temporal y a tiempo parcial. Y encima, el empleo indefinido tampoco es seguro: un 40% de los contratos indefinidos no sobreviven más de un año, según  un reciente estudio publicado en el blog Nada es gratis.

Además, 2018 puede ser un año difícil para crecer y crear empleo (el Gobierno espera que se creen 475.000 nuevos empleos), porque hay tres incertidumbres en el horizonte: el posible pinchazo del turismo extranjero este verano (Turquía y Egipto han recuperado 1,4 millones de turistas solo en enero y febrero), el principal motor del empleo en España, la subida récord del petróleo (ha superado los 75 dólares barril, el máximo desde 2014), que encarecerá la factura energética del país y quitará dinero a familias y empresas, y la subida del euro (ronda los 1,23 euros por dólar), que encarece el turismo y las exportaciones, recortando también crecimiento y empleo. Y sin olvidar la esperada subida de tipos, empujada por EEUU, que subiría los intereses de la deuda del Estado, empresas y familias, restando también empuje a la economía. Por todo ello, urge que el Gobierno ponga el contrapunto a estas incertidumbres, reanimando la economía, no haciendo más recortes como plantean los Presupuestos 2018.

Y sobre todo, hay que poner la prioridad en el empleo y el paro, que sigue siendo la primera preocupación de los españoles. Eso pasa por pactar de una vez un Plan de empleo, asentado en 4 patas: más ayudas a los parados (intentar que cobren alguna ayuda 1 millón de parados más, lo que costaría unos 5.000 millones anuales), mejorar la formación de los parados (es un escándalo que haya 1.800 millones de euros del presupuesto de formación sin gastar, según denuncia la patronal), reformar las oficinas de empleo a fondo (para que asesoren y recoloquen a los parados) y Planes específicos de empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 50 años, los que más sufren el paro. En paralelo, habría que aprobar un Plan de choque contra la precariedad, con medidas de “palo” (aumentar la inspección de Trabajo para detectar el fraude de contratos temporales que debían ser fijos) y “zanahoria” (ayudas a las empresas que hagan fijos a temporales y subida de cotizaciones a las que abusen de la temporalidad), empezando por los sectores más precarios, como la hostelería, el turismo o el comercio, para imponer sanciones y dar ejemplo al resto.

Con la EPA del primer trimestre, el Gobierno tiene difícil hacer su habitual “triunfalismo barato”, mientras a la mayoría de españoles les sigue preocupando tener un empleo precario y mal pagado, que en cualquier momento pueden perder. Y a 3.796.100 españoles (1 de cada 6), seguir sin trabajo. Hay que plantearse de una vez por todas tomar medidas de fondo y afrontar ya el gran problema que nos hace diferentes de Europa: trabajamos mucha menos gente y tenemos más del doble de paro. Se puede arreglar, en unas décadas, pero hay que tomar medidas ya. No dejar pasar los meses y los años, agarrándose a que “se crea empleo”: ahora, ni eso. Muchos no lo tienen y otros están subempleados. No los olviden.

lunes, 23 de abril de 2018

Para Defensa sí hay Presupuesto


En los Presupuestos para 2018, ahora en el Congreso, el gasto en Defensa es la 2ª partida que más crece (+10,7%). Luego será realmente más, porque todos los años se acaba gastando más de lo presupuestado: 22.000 millones extras en los últimos 15 años (1.350 millones más sólo en 2017). Y el Gobierno Rajoy se ha comprometido con la OTAN a gastar 18.000 millones en Defensa en 2024, un 80% más que hoy, tras aprobar nuevos programas de armamento. Y todo ello en un mundo y una Europa que se están rearmando, que gastan más en Defensa con la excusa de “militarizar” la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal y los ciberataques. La seguridad no debería suponer rearmarse sino invertir en inteligencia, policía y vigilancia, bajo un estricto control civil. Y en Defensa, España debería reformar sus Fuerzas Armadas, recortando efectivos y especializándolos, dentro de una mayor coordinación europea. Una Defensa  más barata y con costes transparentes. Otro debate que no se hace.

enrique ortega

El gasto en Defensa siempre ha tenido “mala imagen y los Gobiernos democráticos han tendido a “camuflarlo”, con distintos “trucos contables”: créditos extraordinarios al margen de los Presupuestos, partidas de gasto en organismos autónomos, gastos en misiones internacionales que se computan después… El resultado es que una cosa son los Presupuestos de Defensa que se aprueban cada año y otra los Presupuestos realmente ejecutados: los “gastos extras” en Defensa han sido de 21.973 millones de euros entre 2002 y 2017 (la mitad, 11.709 millones, con Rajoy), según las estadísticas anuales de ejecución presupuestaria de la Intervención General (Hacienda). Una media del 15% de desviación, el equivalente a dos años y medio de Presupuesto de Defensa.

Un acicate a este “encubrimiento” de gastos (mayor en los años de recortes) fue la aprobación por el Gobierno Aznar, en 1997, de un ambicioso Plan para modernizar las Fuerzas Armadas, los PEAS (Programas Especiales de Armamento), que comprometieron un gasto de 30.075 millones en la compra de 19 sistemas de armamento: fragatas, buques, submarinos, aviones de combate y transporte, helicópteros, tanques, misiles y artillería. Para pagarlo, se inventó un “truco contable”: Industria daba un crédito público sin interés de 14.000 millones de euros a las empresas de armamento, para que fueran fabricando el material y luego Defensa les pagaría el armamento a partir de 2011, cuando lo fueran recibiendo.


Pero llegó la crisis y el Gobierno Zapatero no hizo frente a las primeras facturas, con la excusa de recortar el déficit. Y al llegar Rajoy, se encontró con esta “herencia” de Aznar (ver aquí otras) y aprobó, en 2012, el primer crédito extraordinario para afrontar las deudas de 2010 a 2012. Y en 2013, el ministro Morenés (que venía de la industria de Defensa) renegoció los pagos de los PEAS, aprobando en agosto de 2013 un nuevo calendario: se ampliaba el plazo de pago (de 2025 hasta 2030) y a cambio se les pagaba algo más (+2.500 millones) por menos material, con plazos anuales crecientes.

Esto ha sido una hipoteca desde 2012: cada año se aprobaba un Presupuesto de Defensa y luego en verano se aprobaba un crédito extraordinario para cubrir los pagos de armamento: 1.783 millones en 2012, 877 en 2013, 884 en 2014 y 856 en 2015. En 2016 ya no hay crédito extraordinario porque lo prohíbe una sentencia del Tribunal Constitucional (7 julio 2016), al que habían recurrido en 2014 los partidos UPyD, PSOE, IU y CiU. Pero el armamento comprado por Aznar hay que pagarlo y en el Presupuesto 2017 se incluye una partida extra (1.850 millones) para pagar los compromisos de 2016 y 2017, con lo que el Presupuesto de Defensa sube un 36% (hasta 7.639 millones). Pero al final, incluso con esta partida extra, el gasto real en Defensa ha sido mayor en 2017: se ha desviado 1.349 millones más, hasta los 8.988 millones, según los recientes datos de la Intervención general (Hacienda).

Así que los Presupuestos de Defensa siempre “engordan”. Y lo mismo pasará en 2018, donde es el 2º Ministerio en el que más crece el gasto, tras Fomento, hasta los 8.453 millones, un 10,7% más que el Presupuesto (inicial) de 2017. Pero ahí, en esa cifra, faltan gastos, como las misiones internacionales, que no se presupuestan cada año (debería hacerse, según el Tribunal de Cuentas, porque están previstas) y que cuestan casi 1.000 millones anuales. Tampoco figuran gastos que hacen organismos autónomos y otros están previstos a la baja, con lo que se espera que el gasto real en Defensa ronde los 10.500 millones de euros en 2018 (+16% sobre lo ejecutado en 2017), no los 8.453 millones presupuestados.

Mientras el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas piden que el gasto en Defensa sea más transparente, son muchos los que se agarran a que España “gasta poco en Defensa”. No tan poco. En 2016, el gasto en Defensa supuso el 1,0% del PIB, según los recientes datos de Eurostat, por debajo del 1,3% que gastó la UE-28. Pero hay 10 países europeos que gastan menos en Defensa que España: Irlanda (0,3%), Luxemburgo (0,4%), Malta y Austria (0,6%), Hungría y República Checa (0,7%), Bélgica (0,8%), Eslovenia, Rumanía y Portugal (0,9% del PIB). Alemania y Eslovaquia gastan lo mismo (1% PIB) y los 15 países restantes gastan más, sobre todo Grecia (2,1%), Reino Unido (2% del PIB), Francia (1,8%), Polonia (1,6%) e Italia (1,3%). O sea, que gastamos menos en Defensa que los grandes.

Claro que hay expertos que señalan que el gasto real en Defensa en España es el cuádruple del que se dice.  Un detallado estudio de los gastos en Defensa en 2017, elaborado por el colectivo Utopía Contagiosa, eleva el gasto en Defensa de los 7.639 millones presupuestados a 34.068 millones, tras añadir una serie de partidas “ocultas” en otros Ministerios y epígrafes: 3.549 millones en clases pasivas (pensiones de militares), 1.702 millones en organismos autónomos militares (INVIED, ISFAS, INTA), gastos del Ministerio del Interior (2.707 millones) y, sobre todo deuda militar (16.386 millones más). De ser así y computarse como Defensa un gasto anual de 34.068 millones, estaríamos hablando de un gasto en Defensa del 2,92% del PIB, superior con mucho al del resto de Europa.

Mientras esperamos que “alguien” exija aclarar cuánto gastamos de verdad en Defensa, el presidente Rajoy ya se ha comprometido a gastar más: en diciembre de 2017 envió una carta al secretario general de la OTAN donde se comprometía a gastar 18.000 millones de euros en Defensa en 2014, un 80% más que ahora. Un compromiso que obligará  a que el gasto de Defensa crezca más que los demás Ministerios en los próximos años, mientras Rajoy se ha comprometido con Bruselas a recortar el peso del gasto en educación, sanidad y gastos sociales, donde España sí gasta realmente menos que Europa, no sólo en Defensa, según Eurostat. Así, en educación, España gasta el 4% (el 2º país de los 28 que menos gasta), frente al 4,7% de media en la UE-28 y el 5,4% de Francia. En sanidad, gastamos el 6% del PIB (el país UE que menos gasta), frente al 7,1% de media UE-28 y el 8,1% de Francia. Y en protección social, España gasta el 16,8% del PIB, frente al 19,1% de la UE-28 y el 24,4% de Francia. Así que vale, gastamos algo menos en Defensa, pero mucho menos en educación, sanidad y gastos sociales y Rajoy no se compromete a gastar un 80% más, como en Defensa, sino porcentualmente menos, de aquí a 2024.

El Gobierno Rajoy se suma así a la ola de “rearme militar” que recorre el mundo y Europa. Este año 2018, el gasto militar mundial será el más elevado desde el final de la guerra fría (1990), con  más de los 1,69 billones de dólares de gasto de 2016 (1,38 billones de euros), según Jane´s Defence Budgets, destacando EEUU (611.000 millones dólares), China (215.000), Rusia (69.200), Arabia Saudí (63.700) e India (55.900 millones dólares). El gasto militar crece en todo el mundo (ver mapa), pero sobre todo en Oriente Medio, norte de África y Europa oriental, según el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Y también crecerá en Europa, que el 13 de noviembre de 2017 aprobó, con el apoyo de 25 países (todos menos Reino Unido, Dinamarca y Malta) la Europa de la Defensa, aunque bajo un nombre que “lo esconde”: la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), una iniciativa paralela a la OTAN por la que los 25 países europeos firmantes se comprometen a aumentar su gasto en armamento, en línea con el 2% del PIB que pide la OTAN. Además, van a poner en marcha programas europeos de armamento (para fomentar una industria europea de la Defensa), financiados en parte por un Fondo europeo para la Defensa, creado en junio de 2017, que contará con 5.000 millones anuales. Algo nuevo en la historia de la UE, donde nunca antes se había puesto dinero comunitario para financiar armamento. Es la respuesta europea a la sensación de inseguridad en Europa: “militarizar” la respuesta a los desafíos del terrorismo, la inmigración y la ciberseguridad.

En este contexto, de apoyo político europeo al gasto en Defensa, el gobierno Rajoy quiere conseguir fondos europeos para financiar nuevo armamento en España. Así, el Consejo de Ministros aprobó 7 nuevos programas de armamento, un gasto de 10.805 millones a 15 años, que ya empezamos a pagar en el Presupuesto 2018 y que España quiere “colar” en los programas de Defensa europeos. Son inversiones en 5 fragatas F-110, 350 a 400 blindados 8x8, 3 aviones cisterna, 4 drones, 3 nuevos helicópteros NH-90, modernización de los helicópteros de transporte CH-47 y un nuevo avión de entrenamiento, además de ver qué se hace con los submarinos S-80, una historia “increíble”: estaba previsto en los PEAS comprar 4 submarinos y que se entregaran en 2013, pero resultó que no flotaban (pesaban “demasiado”) y se retrasa su entrega a 2021, con un sobrecoste que hace que el dinero previsto (2.135 millones) sólo da para comprar 1 submarino, no 4… Otra “historia” que colea es la compra de 27 aviones A-400 M: ya no cumplen las características requeridas y España sólo quiere 13 de los 27 encargados. Y Airbus dice que o busca comprador para ellos o le pagan 250 millones de indemnización…

Rajoy y su ministra de Cospedal reiteran una y otra vez que España “cumplirá con su parte en la Defensa europea” y que además este gasto militar es bueno, porque crea empleo. Empezando por esto, hay que aclarar que los grandes contratos de Defensa se han hecho con multinacionales norteamericanas (tanques y munición para Santa Bárbara General Dynamics)  y europeas,  donde España apenas tiene participación, como el programa  Eurofighter (14% CASA) y el grupo Airbus (4% CASA). Sólo los submarinos S-80 (los que han “engordado) y las fragatas F-100 se fabrican 100% en España, en Navantia. Los expertos estiman que sólo 1 de cada 5 euros invertidos en armamento implican negocio y empleo en España, mientras Francia, Alemania o Reino Unido, con potentes industrias de armamento, se quedan “dentro” casi todos sus contratos de Defensa, según un informe de la Comisión Europea.

En cuanto a la Defensa europea, hay dos críticas que hacer. Una, que la situación actual es un desastre, como reconoció el anterior ministro alemán de Exteriores: “gastamos el 50% que EEUU en Defensa pero sólo tenemos un 50% de rendimiento porque todos hacemos lo mismo y no nos coordinamos”. Son 25 países comprando los mismos aviones, tanques o fragatas y cada uno defendiendo sus fronteras. El otro problema es más de fondo: ante la sensación de inseguridad entre muchos ciudadanos europeos, por el terrorismo yihadista, el aluvión de refugiados o los ciberataques propiciados por Rusia, muchos Gobiernos buscan “militarizar la solución”, poner al Ejército en la calle y en las fronteras, empujados por la industria militar y la ultraderecha. Un error, porque la solución habría que buscarla en reforzar la inteligencia civil y los medios de la policía, no en militarizar más los países europeos.

En paralelo a este debate europeo, en España debería haber otro debate interno sobre el futuro de la Defensa. Por un lado, urge imponer mayores dosis de transparencia, exigiendo unas cuentas claras y reales, donde sepamos cuánto nos gastamos en Defensa de verdad. Y por otro, un debate público sobre la Defensa que queremos tener. Hay al menos dos problemas a resolver. Uno el abultado tamaño de las Fuerzas Armadas, donde los gastos de personal se llevan el 60% del Presupuesto: hay 69.000 efectivos  y parece que sobran 20.000 (sobre todo entre los 45.000 mandos), además de resolver el tema de los militares “en la reserva” (15.000, que cobran 567 millones al año, 3.000 euros de media al mes, una larguísima “jubilación de lujo”). Y otro, la necesidad de un Ejército más operativo, basado menos en Tierra y más en Marina y Aire, con unidades más pequeñas y centradas en las nuevas amenazas (Ciberdefensa, seguridad líneas de suministros, catástrofes naturales…). Y por supuesto, dejar de presumir de ser uno de los países más presentes en costosas misiones internacionales: 17 misiones con 3.079 militares hoy, tras haber gastado más de 13.000 millones de euros en misiones desde 1990 (un dinero que es “un lujo” para un país que no puede subir las pensiones a sus jubilados).

Nadie quiere hablar de todo esto, pero el Gobierno Rajoy nos va a embarcar a todos en la nueva estrategia de Defensa europea, que habrá que pagar, mientras dicen que no hay dinero para pensiones ni para casi nada. Defensa sí, pero la justa que podamos pagar, sin presumir de potencia militar internacional cuando somos el país de Europa con más paro, más pobreza, más desigualdad y que menos gasta en educación, sanidad y protección social.  Una Defensa modesta y gastar más en policía y seguridad civil, para afrontar los temas de terrorismo y seguridad interior, que no deberíamos militarizar. A ver si algún día hay tiempo para este debate. Otro más sobre el modelo de país que queremos.

jueves, 19 de abril de 2018

Más emigrantes y menos refugiados


España es un país más cerrado tras esta larga crisis. En dos sentidos. Primero, más cerrado para los propios españoles, que llevan diez años emigrando (76.197 en 2017), sobre todo los jóvenes: hay 665.000 españoles más viviendo en el extranjero desde que gobierna Rajoy. Y segundo, más cerrado para los extranjeros: las peticiones de asilo se duplicaron en 2017 pero concedimos un 40% menos (4.675) y hay 400.000 extranjeros ilegales pendientes de su nacionalización. Eso sí, se disparan las nacionalizaciones de los extranjeros ricos (rusos y chinos) que compran casas o invierten: iban 41.049 a finales de 2017. Habría que aprovechar la cacareada recuperación para abrir un poco más España, haciendo que vuelvan parte de los españoles que han emigrado (535.000 desde 2008) y dando cobijo a más refugiados y emigrantes, a los que vamos a necesitar, porque perdemos población: harán falta 5 millones de inmigrantes para 2050, según vaticina el FMI. Un país más abierto nos beneficia a medio plazo. Nuestra historia lo confirma.

enrique ortega


España fue un país de emigrantes en las décadas de los 60 y 70, pero luego cambiaron las tornas y empezamos a recibir inmigrantes al comienzo de este siglo: entre 2000 y 2009, España recibió más de 7 millones de inmigrantes, la mitad de todos los extranjeros que llegaron en esos años a Europa. Pero con la crisis, los españoles volvieron a emigrar, buscando trabajo en Europa y parte de América, los jóvenes y familias enteras. Y esta salida de españoles no ha parado desde 2008 (33.505), subiendo en 2011 (55.472), acelerándose en 2013 (73.329), 2014 (80.441), 2015 (98.934) y 2016 (101.581), para mantenerse, aunque bajando, en 2017 (+76.197). En total, hay ya 2.482.808 españoles viviendo en el extranjero a 1 de enero de 2018, según el último Padrón de residentes en el extranjero (PERE) del INE. Son 665.973 españoles más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa.

La mayoría de estos españoles que se han ido a vivir fuera, dos de cada tres (1.672.732 españoles), no han nacido en España sino que son “extranjeros nacionalizados españoles”, bien porque han estado muchos años en España y han conseguido la nacionalidad (muchos latinoamericanos) o bien porque eran hijos o nietos de españoles exilados y consiguieron la nacionalidad española con la Ley de Memoria Histórica (2007). La mayoría han vuelto a Latinoamérica y viven en Argentina (457.204 españoles), Venezuela (167.255), Cuba (139.851), Brasil (130.635), así como en EEUU (147.817 españoles) y Europa.

El tercio restante de los emigrantes que viven fuera (810.076) son españoles nacidos en España, “españoles españoles, la mayoría que han emigrado con la crisis, sobre todo a Europa (440.206), principalmente a Francia (allí viven 134.214 “españoles españoles”), Alemania (viven 73.340 españoles nacidos en España), Reino Unido (71.899) y Bélgica (29.320), además de los que viven en América (328.809), tanto EEUU (viven 57.944 “españoles españoles”), Argentina (89.695), Venezuela (51.226), Brasil (27.286) y México (21.435), según los datos del INE.  La mayoría de estos emigrantes españoles proceden de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana y el colectivo que más crece son los jóvenes menores de 30 años.

Pero esta es la cifra oficial, que publica el INE con los datos de los Consulados, de los españoles que viven fuera y se inscriben en ellos. La realidad es que muchos que han emigrado lo han hecho como “turistas” y no se han inscrito, con lo que la cifra real de “españoles emigrantessería mayor que esos 810.076. Un ejemplo: en Reino Unido hay censados unos 150.000 españoles, pero se estima que viven realmente unos 300.000. En Irlanda hay censados 5.457 y podrían superar los 10.000. Y en Alemania, el censo de españoles nacidos en España es de 73.340 y dicen que hay más de 120.000 españoles trabajando (en precario muchos de ellos).

Otra manera oficial de medir la emigración, además de esta estadística de españoles censados en el extranjero (Consulados) son las estadísticas de migraciones del INE, que semestralmente informan de la población en España y de los flujos de emigración e inmigración, a partir del Censo que hacen los Ayuntamientos. Según esta estadística, en el primer semestre de 2017 emigraron 35.077 españoles, tras marcharse 69.211 en todo 2016 y 75.765 en 2015 (año récord de emigración). La mayoría de los españoles que emigraron el año pasado fueron e Reino Unido (8.882), Francia (4.425), Alemania (2.809) y EEUU (2.191). Sumando todas las salidas desde 2008, resulta que 535.000 españoles han emigrado de España entre 2008 y 2017, la mayor parte (dos tercios) entre 2011 y 2017, con Rajoy gobernando, según los datos oficiales del INE (Migraciones).

El perfil de este nuevo emigrante español es el de una mujer/hombre (casi mitad/mitad), joven (en torno a 30 años), con estudios superiores y procedente de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia), según un estudio de Asempleo y el CSIC, que revela cómo los nuevos emigrantes no siempre salen porque están parados en España sino también porque tienen “empleos basura” precarios, están subempleados para su formación y no ven perspectivas de futuro aquí. Los que más han salido han sido los profesionales de la salud (enfermeras y médicos), informáticos, ingenieros, investigadores y especialistas en marketing y finanzas, aunque muchos acaban trabajando de camareros o cuidando niños y otros empleos precarios.

A pesar de la recuperación en España, los datos indican que la emigración no se ha parado y sigue mes tras mes, aunque ahora choque con problemas fuera, como el Brexit en Reino Unido, el cerrojazo de Trump o las presiones contra los extranjeros en la mayoría de Europa. Pero mientras haya 3.766.700 parados en España y estén sin empleo más de un tercio de los jóvenes (37,46%), según la EPA, la corriente de emigrantes españoles no se va a parar. Además, los jóvenes españoles son los terceros en Europa más dispuestos a emigrar: un 64%, son favorables a irse a otro país o ciudad, más que la media de jóvenes europeos (el 59% emigraría) y sólo por detrás de Portugal (71%) y Suecia (66%), según Eurostat. Y la clave es la formación: cuanta más formación tienen los jóvenes, más dispuestos a emigrar.

La otra cara de la moneda es que, mientras muchos españoles emigran, muchos extranjeros tratan de venir a España y quedarse. Y cada vez se lo ponemos más difícil.

Primero, a los que vienen huyendo de guerras, dictaduras, hambre y enfermedades, los que piden quedarse en España como refugiados. En 2017, se ha dado un contrasentido: la cifra de refugiados, de solicitantes de asilo en Europa se ha reducido a la mitad (de 1.206.500 en 2016 cayeron a 649.855 en 2017), pero en España se duplicaron (de 15.570 en 2016 a 30.445 en 2017), según los últimos datos de Eurostat. Con ello, España es el 6º país europeo con más demandantes de asilo, detrás de Alemania (198.255 en 2017, frente a 722.265 en 2016), Italia (126.550, similares a las 121.185 de 2016), Francia (91.070 frente a 76.790), Grecia (57.020 frente a 49.875) y Reino Unido (33.310 frente a 39.240 en 2016). Pero si comparamos las peticiones de asilo con la población, el problema es menor: 654 peticiones por millón de habitantes en España, la mitad que la media europea (1.270 peticiones por millón de habitantes) y mucho menores que en Grecia (5.295 peticiones por millón de habitantes), Hungría (3.502: por eso gana la derecha xenófoba), Austria (2.526, otro país con xenofobia) o Alemania (2.402 solicitudes por millón de habitantes).

Aunque no sean muchas peticiones de asilo para la población española, la mayoría se rechazan. Y más en 2017, a pesar de que las solicitudes se duplicaron: de las 31.120 solicitudes censadas por el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), sólo 4.675 se aceptaron, el 35%, un porcentaje de aceptación inferior a la media europea (46% se aceptan, según Eurostat) y también inferior al de Alemania (50% aceptadas), Suecia (44%) o Italia (41%), sólo peor que Francia (29% solicitudes aceptadas), Reino Unido y Hungría (31%). Además, en 2017 se aceptaron un 40% menos que en 2016 (6.855 aceptadas), aunque las solicitudes se duplicaron.

El problema es que el flujo de inmigrantes no se frena: en el primer trimestre de 2018, la llegada de pateras con inmigrantes bajó en el Mediterráneo (de 29.221 en 2017 a 14.651 en 2018) pero ha aumentado en España un 38%, con 3.345 inmigrantes llegados a nuestras costas y 120 muertos en los tres primeros meses de 2018, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Además, tenemos otro problema: el atasco de expedientes de asilo, según revela el informe 2017 del Defensor del Pueblo: a los 40.000 expedientes presentados en 2017 hay que añadir otros 30.000 expedientes pendientes de años anteriores, con miles de extranjeros recluidos en penosos centros de internamiento que esperan una solución, en medio de la descoordinación entre los Ministerios (Interior y Empleo) y las autonomías. “La situación en que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio es insostenible”, dice el informe.  Y además, denuncia que el Gobierno Rajoy no haya aprobado el Reglamento de Asilo previsto en la Ley de 2009, lo que crea problemas de reagrupación familiar.

Vayamos ahora con los extranjeros que viven en España irregularmente, desde hace muchos años (recuerden el nigeriano que murió en Lavapiés), a la espera de que se les conceda la nacionalidad o se les expulse. En 2016, España concedió la nacionalidad española a 150.944 extranjeros (+32%), siendo el 2º país europeo que más nacionalizaciones concedió, tras Italia (201.591 extranjeros nacionalizados) y por delante de Reino Unido (149.372 nacionalizados), Francia (119.152) y Alemania (112.843), según los datos de Eurostat. Parecen unas cifras “para presumir”, pero ojo, hay que contextualizarlas: España nacionalizó en 2016 al 3,4% de los extranjeros, una cifra más baja que Croacia (nacionalizó al 9,7% de extranjeros), Suecia (al 7,9%), Portugal (6,5%), Grecia (4,2%) Italia y Finlandia (4,1%), aunque superior a la de Alemania (1,3%), Reino Unido y Francia (2,8%).

El informe 2017 del Defensor del Pueblo pone otra vez el dedo en la llaga: denuncia que hay “un enorme retraso” en la gestión de los expedientes de nacionalización de extranjeros y pideque la Administración intervenga de manera urgente para solucionar la situación de los más de 400.000 extranjeros que tienen pendiente de resolución sus solicitudes de nacionalidad por residencia”. Así que nacionalizamos a muchos, pero el atasco es monumental. Eso sí, hay atasco para regularizar a los extranjeros pobres que trabajan desde hace años en España, pero se agiliza la nacionalización de los extranjeros ricos, a cambio de que compren viviendas caras (más de 500.000 euros), inviertan en depósitos (1 millón) o deuda pública (2 millones) o sean “profesionales cualificados”. Son los llamados “visados dorados” (por la VISA oro…), que se conceden desde septiembre de 2013 y que se han disparado en los tres últimos años: se habían dado 14.804 a finales de 2015, eran 27.301 al final de 2016 y 41.094 a finales de 2017, según los datos oficiales. O sea 13.793 “visados dorados” (la mayoría a chinos, rusos y venezolanos ricos) concedidos en 2017, el triple que las concesiones de asilo a refugiados (4.675). Sin comentarios…

Los datos (oficiales) revelan con claridad que España se ha cerrado más estos años, incluso con la “recuperación”, tanto para los españoles (forzados a emigrar) como para los extranjeros, que no consiguen la nacionalidad ni el asilo. Y no vale decir que esto último también pasa en gran parte de Europa, porque muchos países tienen mayores porcentajes de extranjeros (18,5% Suecia, 17,5% Austria, 16% Alemania, 14% Reino Unido o 12% Francia) que España (4.464.997 extranjeros,  el 9,59% de la población, según el INE). Además, España tiene muchos extranjeros pendientes de regularizar (más de 400.000, según el Defensor del Pueblo). Y, sobre todo, tenemos un grave problema demográfico que no tienen otros países europeos: somos el país con menos natalidad y más viejos de Europa, lo que va a reducir los activos y ocupados en las próximas décadas. Y eso nos obligará a contar con 5 millones de extranjeros más en 2050, como acaba de avisarnos el FMI. Así que necesitaremos a los emigrantes más que el resto de Europa (que también los necesitará).

Tenemos muchos problemas (paro, pensiones, educación, sanidad, gastos sociales, pobreza, desigualdad, demografía, tecnología, digitalización y modernización de la economía), pero para resolverlos necesitamos ser más, no menos. Hay que recuperar a los españoles que han emigrado, porque hemos invertido mucho en ellos y su ausencia es un gran fracaso. Para lograrlo, habría que acordar un gran Pacto por el retorno, con medidas económicas, laborales, fiscales y ayudas a la vivienda y a las familias, creando una Oficina específica para organizar su vuelta. En paralelo, hay que pactar una Política de inmigración a 20 años vista, planificando la regularización de los inmigrantes y coordinando con los países de origen ayudas para frenar la inmigración irregular. No se trata de poner muros que de nada sirven. sino de planificar las llegadas y organizarlas, con dignidad, economía y sentido común. No dejándolo en manos de la desesperación, las mafias y la xenofobia. Apostemos por una España más abierta para propios y extraños, porque la apertura nos ha traído siempre prosperidad, desde los años 60 al ingreso en Europa y nuestra extensión por el mundo. Otro gran tema pendiente.

lunes, 16 de abril de 2018

El "suicidio demográfico" de España


Hay noticias claves que pasan desapercibidas. La penúltima: España tiene la natalidad más baja de Europa, 1,33 hijos por mujer, la mitad que en 1976 (2,76 hijos). Y lo peor es que la tendencia seguirá y en 2050 nacerán menos de 1.000 niños diarios. Como además somos el país más envejecido de Europa y un tercio largo de españoles tendrán más de 65 años a mediados de siglo, resulta que nos estamos “suicidando” como país: perdemos población y cada vez habrá menos jóvenes para trabajar, mantener la economía y pagar los impuestos y las pensiones. Y nadie hace nada. Porque mientras a muchos políticos se les llena la boca con “ayudar a las familias”, España es el segundo país de Europa que menos gasta en ayudas a las familias. Y la consecuencia es una natalidad por los suelos. Habría que tomar ejemplo de Francia, líder en nacimientos, que lleva medio siglo apoyando la natalidad como política de Estado, gobierne quien gobierne. Pero aquí estamos a otras cosas.

enrique ortega

Cada vez nacen menos niños en España. En 2017 habrá habido menos de 400.000 nacimientos, algo que no sucedía desde el quinquenio 1995-2000 (363.469-397.000 nacimientos) y que no se ha visto después ni antes (ver gráfico histórico de la natalidad), con más de 400.000 nacimientos en los duros años 40 de la post-guerra civil , cerca de 500.000 anuales en los años 50 y entre 600.000 y 700.000 niños nacidos durante los años del llamado “baby boom”, de 1960 a 1976. A falta de los datos del INE de todo el año, en la primera mitad de 2017 nacieron 187.703 niños en España, una media de 1.025 diarios, casi  la mitad de los nacidos en 1964, el año récord (697.697 nacimientos, 1.911 diarios). Y menos de la mitad de los 2.200 niños que nacen cada día en Francia (con 65,20 millones de habitantes).

Los nacimientos se han desplomado en España, sobre todo con la crisis (518.503 nacimientos en 2008), por una combinación de dos causas. La primera, que hay menos mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la caída de la natalidad en los años 80 y 90: si en 2009 había 11,61 millones de mujeres que podían ser madres, en 2016 había un millón menos (10,61 millones). La segunda razón es que las mujeres españolas esperan cada vez más para ser madres, ocupadas en estudiar o hacerse una carrera profesional: si en 1976, las mujeres eran madres a los 28,5 años de media, en 1996 lo eran ya a los 30,2 años y en 2016 lo eran a los 32 años de media. Y claro, cuanto más tarde, más riesgo de que no tengan hijos.  Un dato llamativo: 1 de cada 4 españolas nacidas en 1975 no van a tener hijos nunca, según un estudio del Centre D’Estudis Demografics.


Al final, el resultado es la caída drástica de la tasa de natalidad en España: 1,33 niños por mujer en 2016, según el INE, una tasa que cae desde 2008 (1,44 niños por mujer) y desde principios del siglo (1,21 en 2000), tras haberse superado los 2 niños por mujer en 1.981 (2,03), 2,76 niños/mujer en 1.975  y haberse llegado a un récord de 2,90 niños por mujer en 1970 (y los 3,15 niños por mujer en 1900).

Con estos datos, España se coloca como el país con la tasa de natalidad más baja de Europa (2016), según los datos que acaba de publicar Eurostat (13 marzo): 1,33 niños por mujer, frente a 1,60 niños por mujer de media en la UE-28. Nos colocamos así en el pelotón de cola de la natalidad europea, junto a los países del sur, Italia (1,34 niños/mujer), Portugal (1,36), Chipre (1,39), Malta (1,37), Grecia (1,38) y Polonia (1,39). El ranking de natalidad europeo lo encabeza Francia (1,92 niños/mujer), Suecia (1,85), Irlanda (1,81), Reino Unido y Dinamarca (1,79). Y somos también el país donde las mujeres son madres más tarde (32 años, tras los 31 años de Italia) y el país donde nacen menos terceros hijos (sólo el 8,7% de los nacidos en 2016, frente al 12,2% en la UE) y menos cuartos (el 2,8% de los nacidos en 2016, mientras en Europa eran el 5,9% de los nacidos).

Si estos datos son preocupantes, lo es más que la natalidad en España va a seguir cayendo en el futuro, según las proyecciones de población hechas por el INE hasta 2065. La principal causa es que se agrava la caída del número de mujeres en edad fértil (15-49 años): habrá 1,8 millones menos en 2031 y 3,5 millones menos (-32,7%) en 2065. Y también subirá la edad a la que las mujeres españolas tienen hijos: de los 31,9 años actuales (2016) se mantendrá en 31,40 para 3031 y subirá a 33 años para 2065. El resultado es que la tasa de natalidad se mantendrá casi igual: 1,36 niños por mujer en 2031 y 1,38 niños en 2065, según el INE. Pero como habrá menos mujeres fértiles, los nacimientos caerán bruscamente: de menos de 400.000 nacimientos en 2017 a 366.402 nacimientos en 2020, 353.595 en 2030, 322.799 en 2050 y 294.003 nacimientos en 2065, menos de la mitad que un siglo antes.

Esto ya sería preocupante de por sí, pero se agrava porque España tiene otro récord demográfico: es el país con menos niños pero también el país con más viejos. España tenía en 2015 un 17,8% de población mayor de 65 años, la tasa de mayores más alta de Europa (9,8% de población mayor de 65 años) y la segunda más alta del mundo tras Corea del Sur (22,5% de mayores 65 años). Y si esto es ya un problema, lo será aún más en el futuro, porque España es uno de los países con mayor esperanza de vida (83,4 años en 2017, 3 años más que la media OCDE), que además crecerá año tras año (llegará a 88 años en 2065). Con ello, España será un país aún más envejecido en 2050: un 36,3% de españoles tendrán más de 65 años a mediados de siglo, frente al 28% de media en la OCDE (34 países desarrollados), el 30,7% en Alemania, el 26,7% en Francia o el 25,4% en Reino Unido, según la OCDE.

No hace falta ser economista para intuir que con este problema demográfico tenemos un grave problema económico: si hoy ya nos faltan jóvenes para trabajar, pagar impuestos y cotizar para pagar las pensiones, en 2050, con muchos menos niños y el doble de viejos (las pensiones pasarán de 9 a 15 millones), el problema será mucho más grave. Porque si en 2013 había 2 activos por 1 inactivo, en 2050 habrá un activo por cada inactivo: la mitad de la población trabajará, pagará impuestos y cotizará para sostener a la otra mitad, según acaba de advertir el FMI, que alerta de que la tasa de actividad de España caerá al 50% en 2050 si no se toman medidas de choque para que nazca y trabaje más gente en España y vengan 5 millones de inmigrantes.

Bueno, aquí estamos, en un país que lleva varias décadas de “suicidio demográfico, viendo caer sus nacimientos y envejecer su población,  y que va a perder 5,4 millones de habitantes para 2066 (seremos 41,068 millones), según las proyecciones del INE. Todos los políticos se llenan la boca de promesas en favor de la familia, las últimas con los Presupuestos 2018, que incluyen ayudas fiscales a las guarderías y la quinta semana de permiso de paternidad. Pero la realidad es que España está a la cola de Europa en ayudas públicas a la familia: somos el 2º país que menos gasta, un 0,7% del PIB (unos 7.800 millones), sólo por detrás de Grecia (0,6% del PIB) y menos de la mitad de gasto que la media europea (1,7% del PIB la UE-28), según Eurostat (2016). Y por supuesto, gastamos mucho menos en familia y natalidad que Dinamarca (4,5% del PIB), Finlandia (3,2%), Chipre (3,1%), Polonia (2,5%), Francia (2,4%), Alemania (1,7%), Italia (1,5%) y Reino Unido (1,4% del PIB).

Así que no nos extrañe: décadas sin ayudar a la familia y poco apoyo a las mujeres para que sean madres y trabajen a la vez nos ha dejado este “desastre demográfico”, que es una de las mayores hipotecas de nuestro futuro, junto a la baja educación y la poca tecnología. Urge tomar conciencia del problema y conseguir un Pacto por la natalidad, para tratar de revertir la situación en unas décadas. Ahí está el ejemplo de Francia, que ha tardado más de medio siglo en revertir el grave problema demográfico que heredó tras las II Guerra Mundial. Pero lo ha conseguido y es el país líder en natalidad, gracias a que es “una cuestión de Estado”, independiente del partido que Gobierne en cada legislatura.

Las medidas a tomar para impedir el “suicidio demográfico”  son variadas y nos las han mostrado otros países, en especial Francia. La primera, crear un Ministerio de la Familia, como existe en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo o Rumanía, mientras en España es competencia de una subdirección general dentro de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. A partir de esta apuesta política, hay que empezar por subir las ayudas por hijo, que en España son más bajas que en la mayoría de Europa: 24,25 euros mes por cada uno de los cuatro primeros, frente a 133/357/542 euros en Francia, 184/184/190/215 en Alemania, 107/71/71/71 en Reino Unido o 22/34/50/65 euros en Italia. Tanto el Instituto de Política Familiar como Save the Children proponen pagar 100 euros mensuales por hijo y 150 euros para familias monoparentales y pobres.


Otra medida sería mejorar la oferta de guarderías subvencionadas (escasas y caras) y rebajar el IVA de los pañales y productos infantiles que tienen el 21% (se baja el IVA al cine y no a los pañales, que deberían pagar un IVA del 4%). Además, habría que aumentar los permisos de maternidad y sobre todo de paternidad, mejorar las ayudas al alquiler para las familias con hijos, mejorar las becas y fomentar unos horarios laborales que faciliten la natalidad. Y un trato fiscal más favorable a las familias con hijos.

Un elemento clave para fomentar la natalidad es facilitar el trabajo de las mujeres que son madres, para que tengan hijos antes y tengan más que esos 1,33 de media. Este objetivo exige profundos cambios en las empresas y en los convenios, así como en la mentalidad de los hombres, que deben aumentar su ayuda (escasa) en el cuidado de los niños. En Francia, se rebajan las cotizaciones a las madres trabajadoras y además el fomento de la natalidad está presente en todas las políticas públicas, desde los descuentos en servicios públicos a las ayudas al alquiler para parejas jóvenes con hijos. Y claro, nacen más niños.

Tenemos un grave problema de población y en vez de pensar en resolverlo con ayudas eficaces, dejamos que se agrave. Y en unas décadas, estaremos ante un auténtico “suicidio demográfico”: no tendremos niños y jóvenes para sostener la economía ni las pensiones. Y sólo quedarán los recortes y dejar entrar a 5 millones de inmigrantes (como augura el FMI), para compensar la caída de población. Todavía estamos a tiempo de tomar medidas, que son eficaces en varias décadas, como ha demostrado Francia. Pero hay que tomar conciencia de la gravedad del problema y poner medios suficientes. Y volcarse en ello todos, al margen de la política, porque la natalidad debería ser un problema de Estado. Pero me temo que estamos en otras cosas. Sigan con Cataluña y el máster de Cifuentes. No se preocupen por el futuro hasta que se nos caiga encima.