lunes, 19 de febrero de 2018

Recuperación desigual e insuficiente


La economía sigue creciendo, aunque menos que en 2017, porque se han desinflado el consumo y las exportaciones. Estamos en el 5º año de una recuperación muy desigual: el 70% de españoles tiene menos ingresos que antes de la crisis y España es uno de los 6 países europeos donde los hogares  tienen menos renta que en 2008, mientras 1 de cada 3 familias pasa apuros financieros, según la Comisión Europea. Crecemos, pero hay menos gente trabajando y más paro que en 2007. Y más pobreza y desigualdad: en el último año, el 29% del crecimiento se lo han llevado el 10% más rico, mientras el 50% de españoles se llevaba el 7%. Así pasa: el 70% de españoles dicen que no notan la recuperación. Y el crecimiento no sirve para resolver los problemas de siempre: alto déficit, mucha deuda, poca productividad, menos empleo, doble paro  y menor renta que Europa. Aprovechen la recuperación para mejorar la economía y la vida de los españoles, no hagan triunfalismos engañosos.


enrique ortega

Confirmado por el INE hace tres semanas: España creció un 3,1% en 2017, el cuarto año de la recuperación, aunque el crecimiento es algo menor al de 2016 (+3,3%) y 2015 (+3,4%) pero superior al de 2014 (+1,4%) y deja atrás 5 años de dura crisis (2009-2013, con una caída del PIB del -9,39%). Rajoy y su Gobierno presumen cada día de esta recuperación, reiterando que somos “uno de los países europeos que más crece”, algo que no es verdad: en 2017, 11 de los 19 países del euro crecieron más que España, entre ellos Irlanda (+7,3%), Finlandia (+3,3%), Holanda (+3,2%), Luxemburgo (+3,4%), Malta (+6,9%) y muchos países del Este. Y además, España va a crecer este año menos, un 2,6% según la Comisión Europea, con lo que no recupera el dinamismo de antes de la crisis, cuando crecíamos casi al 4% (+3,8% en 2007, +4,2% en 2006 y +3,7% en 2005). Así que mejor, pero todavía despacio.

Y además, esta recuperación es aún insuficiente para crear el empleo que necesitamos. Entre 2014 y 2017, el crecimiento ha permitido a España crear 1.863.200 nuevos empleos, pero todavía faltan casi 2 millones más para recuperar los 3.802.800 empleos perdidos desde 2007. En estos también vamos rezagados con Europa, porque la UE-28 recuperó el empleo de antes de la crisis en 2015 y los países euro en 2016, siendo España, Grecia y Portugal los únicos grandes países donde trabaja menos gente que en 2007, según Eurostat. Además, el crecimiento ha traído consigo un empleo muy precario, al amparo de una reforma laboral que acaba de cumplir 6 años (ver balance) : sólo el 5% de los nuevos empleos creados es fijo y a tiempo completo, mientras España se ha convertido en el país europeo con más empleo temporal (lo tienen el 27,5% de los trabajadores) y también el líder en personas que trabajan menos horas de las que querrían (el 60% de los que trabajan a tiempo parcial, frente al 27,5% en Europa, según la OIT).

El crecimiento no ha traído empleo estable ni tampoco sueldos decentes. Es más, son peores que antes de la crisis (el sueldo por hora cayó un 7,6% entre 2008 y 2015), porque los nuevos contratados cobran menos. Y así, los trabajadores han perdido un 7% de poder adquisitivo entre 2008 y 2017, según los sindicatos, mientras un tercio de los asalariados (el 32,75%, 4.380.000 trabajadores) ganan el salario mínimo o menos, según los datos de la  Agencia Tributaria (2016). A nivel global, los salarios han caído desde la crisis, a pesar de la recuperación (-26.900 millones entre 2008 y 2016) mientras en paralelo salían ganando las empresas, con un aumento de los beneficios empresariales de +5.900 millones (entre 2008 y 2016).

El crecimiento y la creación de empleo han permitido bajar las cifras de paro, pero todavía tenemos casi el doble de parados que antes de la crisis: 3.766.700 parados a finales de 2017 (EPA), frente a 1.927.600 a finales de 2007. Y no sólo somos el 2º país de Europa con más paro (17,7% de media en 2017), sólo por detrás de Grecia (22%), más del doble que Europa (8,1% UE-28) y cuatro veces el de Alemania (4,1%), sino que somos uno de los pocos países que tenemos hoy una tasa de paro (16,55% en diciembre 2017) doble que antes de la crisis (8,60% en diciembre 2007), cuando Europa está casi igual (7.7% frente a 7,2% en 2007) y muchos países europeos tienen ya menos paro que en 2007: Alemania (3,8% frente a 8,5%), Reino Unido (4,4% frente a 5,8%), Portugal (8,6 frente a 9,1%) o Polonia (4,9% frente a 9,6%), así como EEUU (4,4% frente a 4,6%) o Japón (2,8% frente a 3,8%), con la excepción de Francia, Italia e Irlanda, que también tienen más paro que en 2007.

Así que la “cacareada” recuperación no permite todavía recuperar el empleo y el paro de antes de la crisis y queda mucho todavía. Pero además, lo más grave es que la recuperación no ha servido para que las familias recuperen su nivel de vida de 2007. De hecho, la renta disponible de los hogares está ahora por debajo de la de 2008, en España y en cinco países europeos más (Grecia, Portugal, Italia, Holanda y Croacia), según un informe de la Comisión Europea de la semana pasada, que también revela otro dato preocupante: una de cada tres familias españolas pasa hoy por “apuros financieros” y ese porcentaje es mayor que en 2007 sólo en tres países europeos: España, Grecia y Francia.

Así que muchos españoles (y europeos) viven hoy peor que en 2007, a pesar de la publicitada recuperación: un 70% de la población tiene  menos ingresos que en 2007, según otro estudio de Intermón Oxfam presentado en la última Cumbre de Davos, con datos de 2016. Y eso se debe a que el crecimiento “ha ido por barrios”, ha beneficiado más a unos que a otros. Así, en el último año, el 1% más rico de españoles captó el 40% de la riqueza creada, mientras el 50% más pobre captó el 7% del crecimiento. Un reparto desigual de la recuperación que ha agravado la desigualdad durante la crisis, convirtiendo a España en el tercer país con más desigualdad de Europa, detrás de Rumanía y Bulgaria. El dato presentado en Davos por Intermón Oxfam es impresionante: el 10% más rico de españoles concentran más de la mitad de la riqueza (el 53,8%) y el 90% restante se lleva el 46,2% del pastel. Una desigualdad, que, además, se ha agravado entre 2007 y 2016, a pesar de la recuperación.

Y la recuperación tampoco ha servido para reducir la pobreza, que ha aumentado en España desde 2007, para alcanzar un récord histórico: hay 12.989.405 españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última estadística europea de Eurostat (2016), 1.242.000 más de los que tenían una situación precaria en 2008, según la Agencia Europea contra la pobreza (EARP). Con ello, España se coloca como el 7º país europeo con más pobreza (tasa AROPE) en 2016, con un 27,9% de la población en situación vulnerable, por encima de la UE-28 (23,5%) y sólo por detrás de Bulgaria (40%), Rumanía (38,8%), Grecia (35,6%), Lituania (30,1%), Italia (30%) y Letonia (28,5%), según Eurostat.     

Después de ver estos datos, no resulta extraño que un 70% de españoles digan que “no notan la recuperación publicitada por Rajoy, según una Encuesta incluida en el Informe FOESSA “Desprotección Social y Estrategias Familiares 2017”, encargado por Caritas. Y al preguntar a los hogares en riesgo de pobreza (ingresan menos del 60% de la renta media, menos de 17.238 euros anuales para una familia con 2 hijos), el 91% dicen que no notan la recuperación. Esta esla verdadera realidad”, no sólo lo que crece el PIB. Porque si España ocupa el puesto 23 en PIB por habitante (hay 22 países que producen por persona más que España), quedamos todavía peor en el ranking de “crecimiento inclusivo, que se ha empezado a manejar este año en la Cumbre de Davos: pasamos al puesto 26 de 29 países, sólo por delante de Italia, Portugal y Grecia. En contra de España juegan la elevada tasa de paro y de pobreza, la desigualdad, la baja tasa de ahorro y la elevada deuda pública, que nos hacen  estar a la cola del “crecimiento inclusivo”, un índice más revelador que el simple crecimiento del PIB que tanto difunden el Gobierno y sus “voceros”.

En definitiva, crecemos pero no todos lo disfrutan igual y es insuficiente para crear el empleo que nos hace falta y corregir la pobreza y la desigualdad. Pero además, la recuperación no resuelve otros problemas económicos serios que tiene España. ¿Cuáles? Para encontrarlos, basta compararnos con Europa, a partir de las últimas estadísticas de la Comisión Europea. Veamos. La inflación ha subido con la recuperación: de caer los precios entre 2014(-0,2%) y 2016 (-0,3) hemos pasado a una fuerte inflación en 2017 (2% de media). Y eso es malo, porque recorta el consumo de las familias, pero además dificulta exportar, porque los precios han subido más en España que en la zona euro (1,5%) y somos el 7º países euro con la inflación más alta. Esto y el euro fuerte debilitan uno de los puntos fuertes del balance: el crecimiento de las exportaciones, el superávit exterior que tenemos desde 2012 (aunque también hay 8 países euro con mejor balanza exterior que España).

Y luego está nuestra elevada deuda pública, que ha batido en 2017 un récord históricomás de un billón de euros (1.144.629 millones), el 98,08% del PIB, lo que nos convierte en el 6º país europeo más endeudado, solo por detrás de Grecia (177%), Italia (133%), Portugal (129%), Bélgica (106%) y Chipre (103%). Un dato más preocupante ahora que van a subir los tipos de interés, porque el Estado y las autonomías tendrán que pagar más para financiar esta deuda. Otro problema de fondo es el déficit público: Rajoy puede conseguir en 2017 cumplir por primera vez el objetivo y bajarlo al 3,5% del PIB, como estima Bruselas. Pero aún así, España es el país con más déficit público de Europa. Un problema que no se debe a que gastemos mucho (el gasto público es inferior a la media UE) sino a que ingresamos mucho menos: en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media europea (UE-27) recaudará el 44,6% del PIB, según Bruselas. Traducido, eso significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda podría ingresar 72.000 millones de euros más al año.

Así que crecemos pero tenemos el doble de paro, más inflación, más deuda y mucho más déficit, a pesar de la recuperación. Y es que el dato del PIB no puede hacernos olvidar los problemas de fondo de la economía española, que nos hacen tener más inflación (por la menor competencia, los intermediarios y la menor competitividad que obliga a tener precios más altos), más déficit y más deuda pública. Y hay otros problemas más, como la baja productividad, que no ha mejorado con la recuperación: somos el país nº 34 en el ranking mundial de competitividad 2017 elaborado por el Foro Económico Mundial y el 18º de Europa. Y eso porque la productividad no depende del crecimiento sino de otros factores: el modelo económico (tenemos muchos servicios y poca industria), la tecnología (producimos con poca tecnología y poco valor añadido), el tamaño de las empresas (tenemos muchas pymes y pocas grandes empresas, las más productivas), la escasa ayuda de la inversión pública (ha caído a niveles de hace 50 años) y, sobre todo, la baja formación de los españoles (en 2016, el 41,7% tenían una formación baja, sólo tenían la ESO o ni siquiera, frente al 22% de adultos de la OCDE y al 20% de adultos europeos o el 15% en Alemania, según la OCDE).

Habría que aprovechar la recuperación para corregir todos estos problemas y mejorar así la productividad y el empleo, nuestro “primer problema”, según la opinión de los españoles. Aprovechar el crecimiento para recaudar más (reduciendo el fraude fiscal y haciendo que paguen más las grandes empresas, multinacionales y los más ricos) y con esos mayores recursos (podrían conseguirse 40.000 millones extras), afrontar los grandes problemas del país: un Plan de empleo, una mayor financiación de las pensiones, un Plan de choque contra la pobreza, unos mayores recursos para la sanidad, la educación y la dependencia, un apoyo decidido a la Ciencia, la tecnología y la digitalización de la economía y un programa de inversiones públicas necesarias, sin olvidar medidas para reindustrializar el país, aumentar el tamaño y la internacionalización de las empresas y mejorar la productividad de la economía.

Son muchos retos, pero hay que aprovechar los años de crecimiento para afrontar las reformas de fondo y modernizar la economía, reduciendo las desigualdades, para que la mayoría de los españoles noten la recuperación. Hay que dejarse de “triunfalismos” y aprovechar los años de “vacas gordas” para reforzar los cimientos y resolver problemas de fondo que nos colocan en el “vagón de cola de Europa” en empleo, competitividad, renta, pobreza y desigualdad. Si no lo hacemos y nos perdemos en debates inútiles, los problemas seguirán ahí, y volveremos a sufrir más que los demás países la próxima crisis. Que llegará, antes o después. Seguro. Es pura historia.

jueves, 15 de febrero de 2018

El miedo acelera las jubilaciones


En 2017 se jubilaron cada día 848 españoles, la 2ª cifra más alta de la historia, tras el récord de 2013, el año de la reforma (recortes) de Rajoy. En ambos años, el miedo al futuro de las pensiones disparó las jubilaciones anticipadas, aunque se pierda dinero. Y en  2018 puede batirse otro récord de jubilaciones, porque en enero de 2019 entran en vigor dos cambios que van a recortar las nuevas pensiones, un 5% cada década. Así que muchos mayores optan por anticipar su jubilación y más si están en paro (casi un millón). Mientras, el Gobierno Rajoy miente con las pensiones (“no han perdido poder adquisitivo”/ “han mejorado las cuentas”) y lanza “globos sondas” (“tener en cuenta toda la vida laboral, quitando 5 años malos”) que esconden nuevos recortes. Y la oposición se empeña en un impuesto a la banca, insuficiente y poco eficaz. Todos han perdido un año sin aprobar medidas. Pero recuerden: si no deciden aumentar ingresos, lo demás que propongan serán más recortes. Que no les engañen.

enrique ortega


La mayoría de españoles con más de 50 años están muy preocupados por su pensión y por eso, en cuanto pueden, se jubilan sin esperar a cumplir  los 65 años aunque pierdan dinero por anticipar su retiro. Es lo que ha pasado en 2017: hubo 309.709 nuevas jubilaciones, 848 al día, la segunda cifra más alta de la historia tras las jubilaciones de 2013 (314.204), un récord provocado por la reforma de las pensiones (recortes) aprobada por el Gobierno Rajoy. El salto anterior en las jubilaciones se había dado en 2012 (308.400 jubilaciones desde las 286.143 de 2011), debido también a las reformas (recortes) aprobadas por Zapatero en 2011.

De las 308.400 jubilaciones de 2017, casi la mitad (133.602, el 43%) se produjeron con 64 años y menos, a pesar de que el año pasado, la edad oficial de jubilación era ya de 65 años y 6 meses. Una parte importante de las prejubilaciones fueron a los 61 años (56.518) y otras a los 63 (41.175) y 64 años (41.175). Con ello, la edad media de jubilación en España está en 62 años, por debajo de la media de los 35 países de la OCDE, que se jubilan de media a los 64,3 años. Así que nos jubilamos antes y como además vivimos más años que el resto de los occidentales (salvo Japón), pues aumenta más el gasto en pensiones.

Es indudable que el envejecimiento es una de las causas del récord de jubilaciones en 2017, pero todavía juegan más otros dos factores. Uno, el miedo, la preocupación por el futuro de las pensiones, que impulsa a jubilarse cuanto antes aunque se pierda dinero. Actualmente, todavía se puede uno jubilar a los 63 años si ha cotizado 35 años (o incluso a los 61, con 33 años cotizados, si uno viene de un ERE o un despido improcedente), aunque pierde un porcentaje de pensión por cada año que anticipe el retiro: le quitan entre el 8% y el 6,5% por año anticipado, según los años cotizados (ver la normativa). Pero muchos no lo dudan: prefieren jubilarse cuanto antes y perder un 14% de pensión que esperar y sufrir más recortes.

Sobre todo si esa espera le pilla al mayor en paro, el segundo factor que dispara las jubilaciones anticipadas. A finales de 2017, había en España 949.100 mayores de 50 años sin trabajo, según la EPA, más del triple que antes de la crisis (281.600 en 2007). Y de ellos, 170.400 parados tienen entre 60 y 64 años, el único grupo de parados que no ha notado la recuperación, sino que ha aumentado (eran 169.800 parados de 60 a 64 años en 2013). Así que si un mayor está en paro y la mitad encima no cobra desempleo, en cuanto puede se jubila: deja de pagar una cotización al mes y empieza a cobrar algo, aunque sea un 14% menos que si espera a los 65 años y 6 meses.

Así que ya entendemos por qué hay un récord de jubilaciones, sobre todo entre funcionarios (3 de cada 4 son prejubilaciones voluntarias). La cuestión es que el récord se va a superar este año 2018. Primero, porque sigue la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones, gracias a la inacción y los “globos sonda” de nuestros políticos. Pero sobre todo, porque el 1 de enero de 2019 se van a producir dos cambios, por la reforma de pensiones de Rajoy (2013), que van a recortar las nuevas pensiones a partir del año que viene. Así que los expertos se temen una avalancha de jubilaciones este año, para evitar esos recortes.

El primer recorte vendrá de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2019, del llamado “factor de sostenibilidad”: se vincularán las nuevas pensiones a la esperanza de vida de cada generación, que crece año tras año, con lo que la pensión inicial bajará año tras año (menos pensión durante más años). Este factor de sostenibilidad no está todavía fijado (el Gobierno espera a saber la cifra oficial de fallecimientos en 2017), pero los expertos del BBVA ya han determinado que supondrá un recorte del 0,5% en las nuevas pensiones de 2019: si la pensión media de jubilación es de 1.074 euros (2017), perderían 75 euros al año. Y así, año tras año, las nuevas de 2020, 2021 y siguientes. Los expertos estiman que las nuevas pensiones serán entre un 4 y un 6% más bajas en una década, para 2029. Así que cuanto más tarde se jubile uno, peor, lo que presiona a acelerar las jubilaciones estos años.

El otro factor que aumentará las jubilaciones en 2018 será que en enero de 2019 se endurecen las jubilaciones anticipadas, porque la reforma de Zapatero, que daba un plazo hasta 2024 para beneficiarse de las actuales condiciones ventajosas para prejubilarse, fue endurecida por Rajoy, que redujo ese plazo a enero de 2019. Así que todo el que esté pensando en jubilarse antes de los 65 años y se informe, aprovechará este año para hacerlo porque luego le exigirán más tiempo cotizado y peores condiciones.

Estos son recortes ciertos y a plazo fijo en las nuevas pensiones, pero hay más que sufrirán los futuros pensionistas y los actuales. Por un lado, los recortes derivados de la reforma Zapatero de 2011, básicamente dos: ampliar la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027) y ampliar los periodos de cotización exigidos (de los 36 años y 6 meses actuales a 38 años y 6 meses en 2017). Y por otro, los recortes derivados de la reforma de Rajoy en 2013: revalorizar las pensiones sólo un 0,25% (probablemente hasta 2040) y fijar la pensión en función de la esperanza de vida (factor de sostenibilidad). Estos recortes ya están haciendo efecto: así, en 2017, la pensión inicial fue de 1.318 euros, un 1% inferior a la de 2016. Y así será cada año: caerá el importe de las nuevas pensiones. La consecuencia será que los españoles que se jubilen en 2050 (los nacidos en 1983) cobrarán un 40% menos de los que se han jubilado en 2017, según estimaciones sindicales. O sea, 790 euros de los de entonces.

Esta es la realidad: con las dos reformas ya en vigor, las pensiones futuras serán casi la mitad de las actuales. Y la inflación se comerá además parte de las pensiones de hoy. Así que el problema es doble. Por un lado, asegurar que habrá dinero para pagar esas pensiones recortadas casi a la mitad. Y por otro, intentar buscar recursos para mejorarlas. En total, para tapar el déficit actual de las pensiones, asegurar el futuro y mejorarlo, haría falta ingresar entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Frente a este gran reto, ni el Gobierno ni la oposición proponen medidas serias. Y encima, la ministra de Empleo miente a los pensionistas y al país. Miente cuando dice que “en 2017 se revertió por primera vez la tendencia de deterioro de las pensiones…”. Es falso: el déficit de las pensiones aumentó en 263 millones, hasta los -18.800 millones y si bajó en términos relativos (del 1,67% al 1,61% del PIB) es porque la economía creció. Además, si los ingresos crecieron más que los gastos (5,3% frente al 3%), por primera vez, fue porque se empezaron a notar los efectos de los recortes de 2011 y 2013, no porque el sistema se haya saneado. Y miente cuando dice que “las pensiones no han perdido poder adquisitivo”, manipulando las cifras con la subida especial de las pensiones mínimas hecha entre 2008 y 2011: realmente, las pensiones perdieron un -2,2% con la crisis (2007-2017), según datos oficiales.

Además de mentir y tratar de ocultar el grave problema de las pensiones, el Gobierno Rajoy se dedica a lanzar “globos sonda” en TVE y declaraciones, mientras no ha hecho todavía ninguna propuesta oficial de reforma donde debe hacerlo, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que se reúne desde diciembre de 2016 sin tomar medidas. La primera idea que lanzó la ministra Fátima Báñez, en enero pasado, fue ampliar el plazo de años que se consideran para determinar la pensión (ahora son 21 años y serán 25 años en 2027), hasta toda la vida laboral del trabajador, pero “pudiendo quitar los 5 años peores” (como un “caramelo” para endulzar la propuesta). Se diga lo que se diga, para la mayoría de trabajadores, considerar toda la vida laboral (en vez de los 21 o 25 últimos años) supone tomar en cuenta cotizaciones más bajas (las de hace 30 o 40 años) y por tanto, rebajar la pensión resultante, entre un 15% y un 35%, según los expertos del Instituto Santa Lucía.

Otra “propuesta milagro” adelantada por la ministra Báñez es permitir que los mayores de 65 años puedan trabajar estando jubilados, para que así coticen y mejoren las cuentas de la Seguridad Social. Actualmente sólo se permite seguir trabajando si se cobra el 50% de la pensión y la idea sería permitir trabajar y cobrar el 100% de la pensión, una propuesta que también ha hecho la OCDE, donde sólo hay 7 países de los 35 que restringen trabajar a los jubilados. La iniciativa “suena bien”, pero tiene dos graves problemas de fondo: uno, que muchos mayores no tienen fácil seguir trabajando e incluso trabajar a secas (recordemos: hay casi un millón de mayores de 50 años en paro). Y el otro, que un 37,4% de los jóvenes españoles está en paro y hay que darles una oportunidad, dejarles paso.

Mientras la ministra Báñez lanza “globos sonda”, el Gobierno Rajoy utiliza el BOE para aprobar por decreto ley, una medida que refleja su forma de pensar: apoyar a los Planes de pensiones privados, aprobando el viernes pasado que los Planes se puedan rescatar en 10 años, para “quitar el miedo” a que los trabajadores los contraten por ser un dinero “cautivo”. Y además, le bajan las comisiones, a ver si así evitan que los Planes de pensiones privados sigan decayendo : han bajado las aportaciones, han subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes mientras los que quedan (8 millones) aportan cada año menos (400 euros de media y dos tercios nada). Así que Rajoy trata ahora de reanimarlos.

Si el Gobierno no propone medidas para salvar las pensiones públicas y sólo aprueba un decreto (muy criticado por los expertos) para salvar los Planes de pensiones privados,  la oposición tampoco hace mucho. El PSOE se descolgó en enero con imponer un impuesto especial a la banca, similar al que propuso antes Podemos, una propuesta que “suena bien” a muchos pero que no deja de ser una “ocurrencia populista”. Primero, porque es insuficiente: sólo aportaría 1.860 millones, el “chocolate del loro” para lo que necesitan las pensiones. Y, sobre todo, porque se penaliza a un sector frente al resto, la banca, que nos trasladaría a los clientes ese mayor coste, en forma de comisiones y tipos, además de penalizar a la banca española frente a la del resto del mundo.

Es hora de dejarse de “globos sonda” y “propuestas populistas”, para afrontar con seriedad el grave problema de las pensiones, que es estructural: los ingresos por cotizaciones no crecen lo suficiente (aunque haya 2 millones más de españoles cotizando, pero con sueldos bajos) para hacer frente al aumento de las pensiones, que pasarán de los 9,5 millones actuales a 15 millones en 2050, con menos activos que hoy (por la caída de la población) . Un problema que es doble: poder pagar las pensiones futuras y tratar de revertir los recortes aprobados por Zapatero y Rajoy, porque si no, las pensiones futuras serán un 40% más bajas que las actuales.

Para afrontar ambos retos hace falta ingresar esos 50.000 a 80.000 millones más en 20 años de los que antes hablaba. ¿Cómo? No hay una solución mágica y los expertos coinciden en abordar un abanico de medidas a medio plazo, en dos frentes: por un lado, quitar lastre, costes, a la Seguridad Social, y por otro, conseguir más ingresos.

La Seguridad Social puede conseguir ahorros importantes por cuatro vías. Una, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas”: son 3.700 millones anuales de pérdida de cotizaciones, que deberían suprimirse o pagarse con cargo a los Presupuestos. Y lo mismo el coste del Ministerio de Empleo, 4.000 millones, que paga la Seguridad Social. Otra fuente de ingresos sería pagar el subsidio de desempleo a más parados (el 49,5% no lo cobra) y cotizar por ellos a la SS, lo que le aportaría 1.000 millones más. Y en cuarto lugar, subirla cotización a los sueldos más altos (hoy tienen un tope en 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), con lo que se podría ingresar 7.500 millones más. En total, con estas 4 medidas, se conseguirían 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y poder subir más las pensiones actuales. Y si no queremos aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos caminos: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir cotizaciones a empresas y trabajadores, es viable porque tenemos unas cotizaciones más bajas que en Europa: ingresan el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo de Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Igualarnos a las cotizaciones de la zona euro permitiría a la SS ingresar 34.000 millones más cada año. Y si se aprobara una subida menor, para no penalizar tanto el empleo, podrían ingresarse 20.000 millones más en un horizonte de 4 años. Es defendible que empresas (ahora con beneficios) y trabajadores coticen más, sobre todo si se defiende que ahorren para pagar un Plan de pensiones: mejor que peguen ese extra a la Seguridad Social.

Y quedaría recaudar entre 12.000 y 42.000 millones más, por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer porque, como reiteran la Comisión Europea y los expertos fiscales, España recauda mucho menos que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media europea (UE-27) recaudará el 44,6% del PIB, según Bruselas. Traducido, eso significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería recaudar 72.000 millones de euros más al año. Eso pasa por reducir el fraude fiscal y hacer que paguen más los que ahora pagan poco, las grandes empresas, multinacionales y los más ricos. Con esa mayor recaudación, esos 72.000 millones, podríamos destinar una parte a asegurar las pensiones y el resto a bajar el déficit y aumentar los gastos públicos necesarios, desde Planes contra el paro y la pobreza a mejorar la sanidad, la educación, la Dependencia y los gastos sociales.

Al final, el PP y Ciudadanos no quieren ni oír hablar de aumentar los ingresos, sino que prometen bajarlos, lo que complica aún más el futuro (de las pensiones y del gasto social). Y por eso, todas sus propuestas van dirigidas a la otra parte de la ecuación, a reducir el gasto con más recortes, como sería considerar toda la vida laboral para calcular la pensión. No se engañen: todos los que no propongan aumentar ingresos, vía ahorro de costes en la SS, cotizaciones y mayor recaudación fiscal, están proponiendo más recortes. Que lo sepan.

lunes, 12 de febrero de 2018

Dependencia: más beneficiarios "low cost"


Año nuevo, problemas viejos: hay 310.951 dependientes, ancianos y discapacitados, que tienen reconocida una ayuda, pero no la reciben por falta de recursos públicos. Están en “lista de espera, pero muchos morirán sin recibirla (100 ancianos al día). Y aunque las nuevas autonomías han recortado las listas de espera desde 2015, la mejora tiene “truco: dan prioridad a los dependientes “moderados” (más baratos) frente a los graves: de 38.189 dependientes que salieron de las listas en 2017, sólo 1.567 eran graves. Y otro “truco”: se opta por darles ayudas baratas, como la tele asistencia, antes que una residencia. Y todo porque, tras los recortes de 2012, la Dependencia ha perdido 4.000 millones. Ahora, el Gobierno Rajoy presume que sube la aportación para 2018 (+63 millones), pero paga por dependiente un tercio menos que en 2012. Urge un Plan de choque para acabar con las listas de espera y asegurar ayudas dignas a 1.265.000 dependientes. Costaría 2.700 millones extras al año. Hay que sacarlos como sea. Nuestros ancianos lo merecen.


enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia cumplió 11 años, con los mismos problemas para financiarse que siempre, aunque las nuevas autonomías, gobernadas mayoritariamente por la izquierda, han hecho un mayor esfuerzo desde 2015. Así, en 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había 752.005 dependientes con ayuda y cuatro años después, en 2015, sólo se habían ganado 44.109 (hasta 796.109 beneficiarios). En los dos últimos años, los beneficiarios  han aumentado el triple (+158.722), hasta los 954.831 a finales de 2017, según los datos del IMSERSO. Un avance que no puede esconder el grave problema de la Dependencia, las “listas de espera: ancianos y discapacitados que tienen oficialmente reconocida una ayuda, pero que no la reciben por falta de recursos públicos para dársela. A finales de 2017, eran todavía 310.120 dependientes en “lista de espera”, 1 de cada 4 dependientes (el 24,5%), un dato escandaloso aunque la lista se haya reducido un 19,3% en los dos últimos años (había 384.326 dependientes “en espera” a finales de 2015).

La “lista de espera” de la Dependencia es grave por dos razones. Una, porque es muy desigual por autonomías y en algunas es mucho más escandalosa, como es el caso de Cataluña (el 37,10% de los dependientes reconocidos no recibe ayuda), Canarias (36,62%), la Rioja (32,25%), Andalucía (31,81%) y Extremadura (27%), mientras hay otras donde casi no hay problema, como Castilla y León (sólo el 1,41% dependientes “en espera”), Ceuta (5%), Melilla (5,28%), Murcia (13,54%) y Asturias (13,85%). Y la otra, más preocupante, porque la mayoría de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y muchos se mueren antes de que les llegue la ayuda que tienen oficialmente reconocida. Así, en 2016, hubo 40.647 dependientes en lista de espera que murieron sin recibir la ayuda, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y en 2017 estiman que habrán muerto sin recibir la ayuda otros 34.000, una media de 100 dependientes al día de la lista de espera.

La “lista de espera” se ha reducido en 38.189 dependientes durante 2017, pero esta reducción tiene “truco: las autonomías, que gestionan la Dependencia, han optado por dar prioridad a los dependientes más moderados (Grado I), que son “más baratos”, para así recortar más la lista de espera, relegando a los dependientes grandes (Grado III) y severos (Grado II), que son más caros de atender, según han denunciado los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las estadísticas del IMSERSO son muy evidentes: de los 38.189 dependientes que han salido de las listas de espera, sólo 1.567 son dependientes más graves (Grado III y II) y la casi totalidad (36.622) son dependientes moderados (Grado I). Así que encima de ser los ancianos y discapacitados que más necesitan ayuda, son los que tienen menos prioridad al reducir las listas de espera.

Pero hay otro “truco más”, este para aumentar los beneficiarios de las ayudas (+158.722 entre 2016 y 2017): dar ayudas más baratas a más dependientes, dando prioridad a los servicios más baratos, a los servicios “low cost”. Basta ver las estadísticas de ayudas del IMSERSO para detectar el aumento de la “tele asistencia”, la ayuda más barata (cuesta 35 euros al mes): ha pasado del 2,32% de las ayudas en 2008 al 15,81% en 2017 (y en Andalucía es ya la ayuda que más se da, al 31,7% de dependientes, al igual que en Madrid, al 22,5%). Y también ha aumentado el peso de las ayudas económicas a las familias, para que atiendan al dependiente en casa: por una prestación que va de 442,59 euros al mes a 286 euros y 153 euros, según el grado de dependencia), las autonomías “se quitan de encima” el problema de atender a los ancianos y discapacitados dependientes. Si en 2008 recibían estas ayudas el 25,85% de los dependientes, en 2017 las recibían ya el 37,72%. Y suponen más de la mitad de las ayudas totales en Baleares (60% de las ayudas), Navarra (57%) y Murcia (54%). Además, muchas autonomías han priorizado otro sistema de ayuda económica, dar un cheque a las familias para que busquen la ayuda de forma particular (se llama “prestación económica vinculada a servicio”). Es una manera de “privatizar la Dependencia”, que supone ya el 9,39% de todas las ayudas pero mucho más en algunas autonomías: Extremadura (39,8%, es la ayuda más utilizada), Castilla y León (24,80%, la ayuda con más peso también), Canarias (18,64%), Aragón (18,39%) y Comunidad Valenciana (15,42%).

Mientras, se estancan las ayudas más caras a los dependientes, sobre todo las plazas en una Residencia (el 13,94% de las ayudas en 2008 y son el 13,34% en 2017)  y los Centros de Día (de ser el 2,90% de las ayudas en 2008 pasaron al 8,46% en 2015 y han bajado al 7,72% en 2017, según los datos del IMSERSO. Eso sí, ha crecido la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 16,53% de las ayudas en 2017), pero es también una ayuda “barata” y que muchas veces controla la situación de los dependientes más que ayudarlos de verdad.

La “lista de espera” y las “ayudas low cost” son la forma que tienen las autonomías de mantener un sistema de asistencia social que cuenta hoy con 4.000 millones menos de financiación que en 2012, según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, tras los recortes hechos por el Estado central (-2.865 millones) y las autonomías (-1.100 millones). Antes, estos recortes ya supusieron un deterioro del servicio para los dependientes y sus familias. Así, en 2012, el Gobierno Rajoy dejó fuera a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó su paga mensual, redujo servicios, simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias. Y las autonomías, que sufrían el recorte del Estado y sus propios recortes, trataron de gastar menos a costa de retrasar los expedientes de ayuda, endurecer los requisitos y revisar “de oficio” (a la baja) las valoraciones ya hechas. Todo, en perjuicio de los dependientes y sus familias.

El origen del problema actual de la Dependencia es que el Estado central se ha ido “desentendiendo”, reduciendo drásticamente su aportación financiera a la Dependencia: si en 2009 aportaba el 39,2% del coste, en 2016 (último año certificado) sólo aportaba menos de la mitad, el 17%, según el balance de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y por eso, las autonomías han pasado de financiar el 46,2% de la Dependencia a costear el 63%, mientras los usuarios (las familias) han pasado de costear el 14,7% de los servicios a pagar el 20% de la atención recibida (copagos). Esta situación provoca las protestas de las autonomías, que denuncian que “el Gobierno Rajoy incumple la Ley de Dependencia”, que establecía que la aportación pública se repartiría al 50% entre Estado Central y autonomías (en 2016, las autonomías aportaron el 82,6% y el Presupuesto el 17,4% restante).

La solución al grave problema de la Dependencia está en que el Estado central aporte más dinero. Pero Rajoy, que nunca ha creído en la Dependencia (“no es viable”, dijo tres días antes de ganar las elecciones de 2011), no está por la labor. En diciembre de 2017, el Gobierno aprobó una subida de la financiación estatal a la Dependencia del 5,31% para 2018, que calificó de “histórica”, aunque sólo son 63 millones de euros más (ni siquiera los 100 millones extras pactados con Ciudadanos), frente a los 4.000 recortados antes. Una subida tan mínima que lo que pagará el Estado central a las autonomías por dependiente en 2018 (190, 84 y 47 euros, según el grado de dependencia) es entre un 28% y un 38% menos de lo que aportaba antes de los recortes de 2012. Y para igualar el resto que pagan las autonomías (para pagar el 50% del coste público de la dependencia), el Gobierno central tendría que pagar por dependiente más del doble de lo que van a pagar este año (418,195 y 104 euros, según el grado), según los cálculos hechos por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Así que nada de subida “histórica” a la Dependencia en 2018: pagan por dependiente un tercio menos que antes de 2012. Y encima, este pago no se gasta totalmente, porque para que Hacienda lo abone, la autonomía tiene que pagar su parte al dependiente (ese 82% del coste que debería ser el 50%). Y como la mayoría de las autonomías tienen problemas financieros, muchas no pueden poner su parte y los dependientes se quedan sin ayuda (en la lista de espera). Y la ayuda del Presupuesto estatal, encima que es poca, se pierde en parte: en 2017, 90 millones (de los 1.260 que iba a aportar el Estado a la dependencia) se habrán quedado sin gastar, porque las autonomías no han podido poner su parte. 90 millones que han perdido los dependientes y sus familias. Otro sinsentido.

Con la subida de la aportación estatal para 2018, sólo se podrá reducir un 4% la “lista de espera”, que quedará anclada en 300.000 ancianos y discapacitados. Urge poner en marcha un Plan de choque, para dejar a cero la “lista de espera”, y una reforma del sistema de financiación, para asegurar unas ayudas decentes en el futuro. Acabar con las “listas de espera”, atender a esos 310.000 dependientes, costaría unos 1.700 millones extras al año hasta 2020, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y harían falta otros 1.000 millones más al año para recuperar el pago por dependiente de antes de 2012 y hacer frente a los dependientes futuros (se van a duplicar en 2050, por el aumento del envejecimiento y la esperanza de vida, según el CSIC). En total, unos 2.700 millones más de gasto al año, no los míseros 100 millones extras vendidos “a bombo y platillo” en el acuerdo de investidura entre  PP y Ciudadanos.

Es un aumento del gasto asequible, sobre todo si España redujera el fraude fiscal y recaudara como el resto de países europeos (ingresar como la media UE supondría recaudar 72.000 millones más cada año, según los datos de la Comisión Europea). Además, supondría gastar en Dependencia 9.800 millones anuales, una factura mucho más asequible que los 126.000 millones que gastamos en pensiones, los 80.000 millones que gastamos en Sanidad, los 50.000 en Educación o los 18.000 millones en desempleo. Y además es un gasto “rentable”, porque crea empleo (se podrían crear 100.000 empleos en una década) y una parte del gasto se recupera en forma de cotizaciones e impuestos. Pero sobre todo, es “un gasto que les debemos” a nuestros mayores y a los discapacitados.

No puede pasar más tiempo sin resolver la financiación de la Dependencia, el cuarto pilar” del  Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones). Pero no parece que el problema preocupe al Gobierno ni a la “oposición”, sólo a las autonomías y a las familias de los dependientes. Ha pasado más de un año desde la firma en el Congreso, el 14 de diciembre de 2016, de un “Pacto por la dependencia”, apoyado por todos los grupos políticos, salvo el PP y PNV (por un tema de competencias), un intento de “blindar” un sistema de financiación estable a medio plazo. Y aquí estamos en 2018, con la misma penuria financiera, ofreciendo ayudas “low cost” y con 310.000 dependientes en espera, de los que mueren 100 cada día sin recibir la ayuda. Es “un escándalo social”, una grave injusticia con nuestros ancianos y discapacitados. Y casi nadie se inmuta. ¡Qué vergüenza¡   

jueves, 8 de febrero de 2018

Horas extras = 153.000 empleos perdidos

La EPA de 2017 ha confirmado la tendencia de los últimos años: crecen las horas extras y a finales de 2017 se batió un nuevo récord: 6,1 millones a la semana, que evitan contratar a 153.000 personas. Y casi la mitad de estas horas no se pagan ni cotizan, agravando el agujero de las pensiones. El problema de fondo es que, con la reforma laboral de Rajoy, las empresas imponen las horas extras y además, no hay control, porque una sentencia del Supremo decidió, en 2017, que las empresas no tienen obligación de llevar un registro diario de jornada. En enero, la Audiencia Nacional ha planteado la cuestión al Tribunal de Justicia europeo, mientras en el Congreso se debate una proposición de Ley del PSOE (no apoyada por PP y Ciudadanos) para obligar a registrar las horas extras. Al margen de normas, es una locura que el 2º país con más paro de Europa sea líder en horas trabajadas y horas extras. Hay que recortarlas: "roban"  empleo a los parados y a los jóvenes.

enrique ortega

En España hay una costumbre de hacer largas jornadas de trabajo y muchas horas extras, como en parte de la Europa del sur. Para las empresas, es un sistema de recortar costes y ahorrarse dinero en sueldos y cotizaciones. Y para los trabajadores, es una forma de “redondear el sueldo” y llegar a fin de mes. Todos contentos. Y así, en los años de bonanza,  se llegó a un récord de horas extras, 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego vino la crisis y las empresas “metieron un tajo” a las horas extras, que bajaron a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones semanales en el verano de 2012.Pero ese año, en febrero, el Gobierno Rajoy aprobó una reforma laboral que daba todo el poder al empresario para fijar la jornada y las horas extras, que volvieron a subir, hasta los 6,7 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015. Y ahí se han mantenido, por encima de los 6 millones, hasta cerrar 2017 con 6,13 millones semanales, el mayor dato desde 2015.

Tomando todo el año 2017, la media de horas extras trabajadas ha sido de 5.810.600 horas semanales, lo que equivale, tomando la jornada media (37,9 horas a la semana) a 153.313 empleos que han sido sustituidos por estas horas. Y no es sólo que al hacer horas se evita que las empresas aumenten plantilla, es que además, casi la mitad de estas horas no se cobran: el 46,9% de las horas extras se hacen “gratis”, 2.724.850 horas semanales en 2017. Un dinero que se ahorran las empresas y que no se llevan a casa los trabajadores que las hacen. Si el coste para las empresas de una hora de trabajo está en 20 euros, según el INE, son 54 millones a la semana (2.592 millones al año, descontando las semanas de vacaciones) que se ahorran las empresas. Y si el coste salarial por hora son 13,50 euros, según el INE, son 36 millones de euros semanales (1.728 millones al año) que pierden los trabajadores por no cobrar las horas extras que hacen (“obligados” de alguna manera, evidentemente). Y también se perjudica la Seguridad Social, porque estas horas no cotizan.

¿Dónde se hacen las horas extras? Básicamente, en cuatro sectores que suman más de la mitad del total: en la industria (1.040.300 horas extras a la semana en el 4º trimestre de 2017, un tercio menos que en 2008), el comercio (1.012.100 horas, casi las mismas que antes de la crisis), la hostelería (662.700 horas, igual que en 2008) y la sanidad y servicios sociales (545.700 horas, también igual que antes de la crisis), seguidas de lejos por la construcción (409.800 horas, menos de la mitad que en 2008), los trabajos administrativos (357.700), la Administración pública (321.600) y la educación (321.000 horas extras semanales). Un dato llamativo es que son pocos los asalariados que hacen horas extras: sólo 736.800 trabajadores (el 4,62% del total) a finales de 2017, frente a 655.000 (el 4,5%) que hacían horas extras en 2011, según el INE. Dos de cada tres trabajadores que hacen horas extras son hombres y son básicamente trabajadores con buenos trabajos: hombres, asalariados del sector privado, de los servicios, con contrato indefinido y jornada completa, que trabajan de técnicos, profesionales o directivos, según el perfil elaborado por CCOO.

La normativa laboral vigente (Estatuto de los Trabajadores) limita a 80 horas anuales (1,6 a la semana) las horas extras y establece un periodo de 4 meses para que el trabajador recupere las horas extras no pagadas. Pero en muchos casos, y más desde la reforma laboral de 2012, las horas extras ni se cobran (en 2008 no se cobraban el 39% y en 2013 llegaron al 56,8%) ni se recuperan. Son “lentejas”, sobre todo en algunos sectores como el comercio, la hostelería, la sanidad o las finanzas. Los sindicatos llevan un par de años luchando contra el abuso  de las horas extras, especialmente en banca (el 88,3% no se pagaban a finales de 2017, según la EPA), donde cada año siguen los despidos mientras que los que se quedan “amplían” jornada. A raíz de esta pelea sindical en la banca, trasladada a los tribunales, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias (diciembre 2015 y febrero y marzo 2016) que obligaban a la banca a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla, para comprobar horarios y horas extras. Y a raíz de estas tres sentencias, la inspección de Trabajo aprobó, en marzo de 2016, una “instrucción interna” para exigir a todas las empresas ese registro diario de jornada. Y lanzaron una campaña en la que inspeccionaron (y multaron) a muchas empresas.

Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) recurrió estas tres sentencias de la Audiencia Nacional y finalmente, el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2 sentencias (23 marzo y 30 abril 2017) que establecen que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, sólo deben llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los trabajadores afectados. Al ser 2 sentencias, el Supremo “sienta jurisprudencia” y la inspección de Trabajo se ha visto obligada  a cambiar su instrucción de 2016, aprobando otra el 25 de mayo de 2017, donde ya no exige a las empresas el registro diario de jornada.

La “batalla legal” no ha acabado, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo conflicto por las horas extras en Deutsche Bank (promovido por CCOO y al que se sumó UGT), acaba de dictar un auto (19 enero 2018) en el que plantea al Tribunal de Justicia de la UEtres cuestiones prejudiciales” para que verifique si la normativa española “garantiza las limitaciones en la jornada laboral de los trabajadores y su descanso semanal y diario”. Mientras el alto tribunal europeo se pronuncia (tardará un par de años), el PSOE ha enviado al Parlamento una proposición de Ley para reformar el Estatuto de losTrabajadores y obligar a las empresas a llevar un registro y control de las horas extras. El Pleno del Congreso aprobó el 17 de octubre de 2017 la toma en consideración del proyecto de Ley, con el apoyo de PSOE, Podemos, PNV y Grupo mixto, más la abstención de PP y Ciudadanos, que pretenden “rebajar” el control de la Ley durante el debate de las enmiendas, que empieza en febrero.

Mientras se reforma o no el Estatuto de los Trabajadores y se pronuncia el Tribunal europeo, los expertos señalan que sin un control obligatorio diario, es muy difícil controlar las horas extras y evitar abusos y fugas de cotización. Sobre todo porque la mitad de las empresas computan la jornada “a mano”, sin sistemas informáticos, y porque el nivel de fraude es muy elevado. Según los últimos datos disponibles, de 2014, la inspección de trabajo detectó irregularidades sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Y eso que hizo sólo 2.900 actuaciones (hay más de 3 millones de empresas).

El problema del exceso de horas extras es triple. Por un lado, las empresas que fuerzan a hacer horas a sus trabajadores evitan contratar a nuevos empleados, esos 153.000 empleos a los que equivalen las horas hechas en 2017. Por otro, al no pagarse casi la mitad de las horas, tampoco se cotiza por ellas, ni por el pago real de muchas que sí se pagan, lo que reduce los ingresos de la Seguridad Social (y aumenta el “agujero” de las pensiones). UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por cotizaciones no pagadas por horas extras realizadas. Y en tercer lugar, las horas extras fuerzan a la baja los salarios (todos), ya que el trabajador complementa sus bajos sueldos con lo que cobra por horas (cuando cobra). Y los que no las cobran, dejan de ingresar esos 1.728 millones al año que antes estimaba que tendrían que pagarle (serán más de 2.000 millones, porque las horas extras se pagan más caras que las horas “normales”).

 El exceso de horas extras agrava otro problema, los extensos horarios laborales de los españoles, que están entre los más amplios de Europa: la jornada laboral media está en 37,9 horas a la semana, según Eurostat (3º trimestre 2017), por encima de la jornada media en la UE 28 (37,2 horas) y en la zona euro (36,6 horas semanales: 62,4 horas menos de trabajo al año que en España). Y por encima de la jornada laboral que hacen en Italia (37,3 horas semanales), Francia (37,2),Reino Unido (36,6) y sobre todo Alemania (35,1 horas: los alemanes trabajan 134,4 horas menos al año que los españoles), siendo sólo superados por Grecia (42,2 horas semanales), Portugal (39,8), Polonia (40,6) y algunos países del Este.

Los españoles “trabajan más horas” (o están más horas en el trabajo, lo que se llama “presentismo”), pero no por eso son más productivos. Al contrario: somos el país nº 34 en el ranking mundial de competitividad 2017 elaborado por el Foro Económico Mundial y el 18º de Europa. Y eso porque la productividad no depende de que estemos muchas horas trabajando sino de otros factores: el modelo económico (tenemos muchos servicios y poca industria), la tecnología (producimos con poca tecnología y poco valor añadido), el tamaño de las empresas (tenemos muchas pymes y pocas grandes empresas, las más productivas), la escasa ayuda de la inversión pública (ha caído a niveles de hace 50 años) y, sobre todo, la baja formación de los españoles (en 2016, el 41,7% de los españoles adultos tenían una formación baja, sólo tenían la ESO o ni siquiera, frente al 22% de adultos de la OCDE y al 20% de adultos europeos o el 15% en Alemania, según la OCDE). Por eso, España ocupa el puesto 44 en el ranking mundial de capital humano (valora la formación y productividad de los trabajadores), elaborado también por el Foro Económico Mundial.

Así que trabajamos más horas, pero somos menos productivos. Y encima hacemos más horas extras, que quitan empleo a 153.000 parados cada año. Una “locura” para un país que tiene todavía 3.766.700 parados, el 16,55% de los españoles en edad de trabajar (1 de cada 6), más del doble que el paro UE (7,3%) y más del cuádruple que Alemania (3,6% de paro), según Eurostat. Así que habría que tomar medidas contra las horas extras, en dos direcciones. Una controlar y vigilar mejor las horas extras, exigiendo un seguimiento diario de las empresas y con campañas de la inspección de trabajo, para frenar los abusos. Eso exige una nueva Ley, mayores sanciones (hoy son bajas: van de 600 a 6.000 euros, “compensan” el fraude) y más medios para la inspección de Trabajo (tienen la misma plantilla que en 2009 y la mitad que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1 por cada 7.300 en la UE). Y por otro, penalizar las horas extras, subiendo las cotizaciones por ellas. E incentivando a las empresas que las reduzcan y creen empleos estables a cambio.

Las horas extras sistemáticas son una “corruptela” laboral con la que muchos trabajadores colaboran a la fuerza y otros de buena gana, pero es una fórmula que “roba trabajo” a los que no lo tienen. Digámoslo claramente. Ya es hora de recortarlas drásticamente, a cambio de que haya más empleo (y sueldos dignos que no las necesiten). El camino es trabajar menos horas, como se hace en Europa, pero con más eficacia y productividad. Eso nos permitiría vivir algo mejor, estar más con la familia, y no hacer horarios de “locos”. El debate está ahí, aprovechando la Ley que se negocia en el Congreso. Pacten otros horarios, porque una empresa puede competir y ganar dinero haciendo menos horas extras. Europa lo demuestra.