lunes, 16 de octubre de 2017

Ciencia: menos dinero y no se gasta


Sabemos que los recortes han afectado mucho a la Ciencia, que ha perdido un 10% de recursos desde 2008. Pero muchos no saben que, además, este dinero público para la Ciencia (escaso) no se gasta: cada año se deja de gastar casi la mitad y en 2016 no se gastó el 62% de lo presupuestado. Hay un doble recorte: lo que se presupuesta menos y lo que no se gasta. En total, desde 2009, la Ciencia ha perdido 42.000 millones, el Presupuesto de 4 años largos. Y esto sucede aunque el FMI, la Comisión Europea y la OCDE reiteran al Gobierno que debe corregir nuestro retraso tecnológico, culpable de que España sea menos productiva y tenga el doble de paro. Pero como si nada: en 2017, el Presupuesto para Ciencia ha subido un 1,3%, un aumento que se come la inflación. Urge un Pacto por la Ciencia, que asegure más fondos estables  y que se gasten mejor. Porque la recuperación no llega a la Ciencia.


                                                                                             enrique ortega

La tecnología es una de las grandes asignaturas pendientes de España en este siglo, junto a la educación y formación, el recorte y envejecimiento de la población y la reindustrialización y digitalización de la economía. Y el problema es que lejos de avanzar, retrocedemos: el gasto total en Ciencia (I+D) se ha recortado un 10,4% en España desde 2008 mientras aumentaba en un 25% en Europa, según el último informeCOTEC. Así que con la crisis, España está tecnológicamente más lejos de Europa, a la distancia (0,75% del PIB) que estábamos en 2004. Más de una década perdida. Y lo mismo frente a paises en desarrollo, con los que no podemos competir en sueldos. Y la consecuencia es clara: somos un país menos productivo, menos competitivo: ocupamos el puesto 34 en el ranking mundial de productividad del Foro Económico Mundial.

Los datos son muy ilustrativos. El gasto total de España en Ciencia se situaba en 2016 en unos 13.500 millones de euros, el 1,23% del PIB (el porcentaje de 2006), muy por debajo del 2,02% de media de la UE-28 y del objetivo europeo del 3% para 2020, según los últimos datos de la OCDE. Sólo hay 7 paises europeos que gasten menos que España en Ciencia (Rumanía, Letonia, Bulgaria, Grecia, Eslovaquia, Polonia y Lituania) y estamos muy lejos de los más innovadores: Suecia (gasta el 3,30% del PIB), Finlandia (3,17%), Dinamarca (3,05%), Austria (2,97%), Alemania (2,46%), Francia (2,22%) y Reino Unidos (1,66%). Y lo más grave: somos uno de los 4 únicos paises europeos que todavía no ha recuperado el gasto en tecnología de antes de la crisis (2008), mientras los 24 restantes gastan ya mucho más. Además, estamos a la cola de Europa (puesto 27) en el ranking de solicitud de patentes.

La caída del gasto en Ciencia desde 2008 se debe sobre todo al recorte de los fondos públicos para I+D+i, que suponen algo menos de la mitad del gasto total (6.513 millones en 2017, el 48% del gasto en Ciencia). Aquí es donde el Presupuesto “ha caído a plomo” desde 2009, el mejor año para la Ciencia: se ha pasado de un gasto público presupuestado de 9.673 millones (2009) a los 6.513,78 millones del Presupuesto 2017. Es un recorte de 3.160 millones, un tercio del gasto de 2009 (-32,66%). En estos 8 años de ajustes, la Ciencia ha dejado de recibir 21.728 millones, dos años largos de Presupuesto. De ellos, 1.509 millones se deben a la tijera de Zapatero (recortes 2010 y 2011) y 20.219 millones (casi todo el recorte) a la tijera de Rajoy (entre 2012 y 2014, ya que los tres últimos años, el Presupuesto ha subido, aunque una miseria: 367 millones).

Pero además, esta pretendida “subida del gasto en Ciencia”, cacareada por el Gobierno Rajoy en los tres últimos años, no es tal. Primero, porque suben algo los fondos totales, pero a costa de aumentar los créditos (que no se piden, porque las Universidades e instituciones están muy endeudadas ya) y bajar las subvenciones a fondo perdido. Y luego, porque la subida es tan mínima que se la come la inflación. Es lo que ha pasado este año 2017. El gasto público en Ciencia es de 6.513,78 millones, un 1,3% más que en 2016. Pero las subvenciones bajan un 2,36% y lo que suben (+3,9%) son los créditos, que se piden poco. Y además, si los precios suben este año entre el 1,5 y el 2% (el IPC está en el 1,8% y al alza), eso significa que el gasto real en Ciencia bajará este año 2017. Así que no presuman de “ayudar a la Ciencia”.

Pero este es sólo un primer recorte que sufre el gasto público en la Ciencia. Hay otro recorte “escondido”, que acaban de confirmar los datos de la Intervención de Hacienda: el gasto presupuestado en Ciencia no se gasta, año tras año, según los datos aportados por la asociación de científicos COSCE. Y el problema ha ido en aumento: si en 2008 no se gastaba el 19,7% del Presupuesto del Estado en Ciencia, en 2010 ya era el 30,8%, en 2011 el 42,4% y en 2015 no se gastaba el 48,10% del Presupuesto, casi la mitad. Pero la alarma ha saltado en 2016: el año pasado no se gastó el 61,78% del Presupuesto en Ciencia (3.115 millones nada menos), un porcentaje superior al “habitual” porque el Gobierno Rajoy cortó el gasto público a 20 de julio, para reducir el déficit lo prometido a Bruselas.

La mitad del Presupuesto de Ciencia no se gasta (los dos tercios el año pasado) porque la mayoría de los créditos (que son el 60% del Presupuesto) no se conceden, o bien porque las instituciones y Universidades no los piden (tienen mucha deuda y topes de hacienda para endeudarse más, además de que hay que devolverlos) o no se los conceden, para así reducir el gasto y el déficit público. Y también porque no se conceden todas las subvenciones, por retraso en las convocatorias o excesiva complejidad burocrática para solicitarlas. El año 2016, de los 3.115 millones no gastados, 2.886 eran créditos y 229 millones de subvenciones, según los datos recientemente aportados por COSCE.

Este “recorte escondido”, el Presupuesto para Ciencia que no se gasta año tras año, ha supuesto un recorte adicional a la Ciencia de 17.691 millones perdidos entre 2009 y 2016, a los que habría que añadir otros 3.000 millones que no se gastarán este año 2017. Si los sumamos a los 21.728 millones menos presupuestados estos años por ZP y Rajoy, nos da un total de 42.000 millones perdidos por la Ciencia desde 2009, el Presupuesto para Ciencia de más de 4 años perdido. Un auténtico drama para un país que está a la cola de Europa en tecnología y productividad (y en cabeza en paro).

Pero esto son los recortes que afectan al gasto público, algo menos de la mitad del gasto total en Ciencia. La mayoría del gasto en I+D+i (el 52%) lo hacen las empresas y aquí también ha habido recortes, aunque no tan drásticos: si en 2008, las empresas gastaban 8.073 millones de euros en tecnología, en 2015 (último dato del INE) gastaron 6.920 millones, un 14,2% menos. Pero no es sólo que las empresas españolas gasten menos. Es que un tercio de las que invertían en I+D en 2008 han dejado de hacerlo (5.000 empresas de 15.000), según COTEC. Y que las empresas españolas gastan en tecnología la mitad de lo que gastan las empresas europeas con las que compiten (el 0,64% del PIB frente al 1,07% en la UE-28) y un tercio de lo que gastan las empresas occidentales (gastan el 1,5% PIB en la OCDE).

Otra debilidad tecnológica de las empresas españolas es que la inversión en tecnología se concentra en las pymes (45,5%) y no en las grandes empresas, que son en Europa y en el resto del mundo el motor de la investigación (hacen el 80% del gasto en I+D en Francia, Italia o Reino Unido y el 90% en Alemania, frente al 54,5% en España), según destaca el informe COTEC 2017. En su opinión, este menor peso tecnológico de las grandes empresas españolas se debe a su menor número (hay un 99,66% de pymes y sólo 4.312 grandes empresas), a la insuficiente cualificación y cultura innovadora de sus directivos, al menor peso de los sectores económicos con tecnología media y alta  y a que falla el esquema de incentivos fiscales para fomentar la innovación empresarial (es demasiado complejo y falto de garantías).

Al final, este recorte en el gasto público y privado en Ciencia se ha traducido en una pérdida de proyectos e investigadores (12.216 perdidos entre 2010 y 2015), que se han ido al paro o al extranjero. En España hay 6,8 investigadores por 1.000 ocupados frente a 7,9 de media en Europa, según los datos de COTEC. La gran diferencia se da en las empresas (2,4 investigadores/1.000 ocupados frente a 3,8 en la UE), porque tenemos más investigadores que Europa en el sector público (1,1/1.000 ocupados frente a 0,9 en la UE-28) y en la Universidad (3,1/1.000 ocupados frente a 2,7 en Francia, 2,4 en Alemania y 2 en Italia).

Hasta aquí los datos de una situación tecnológica preocupante, que no mejora con la recuperación, a pesar de que todos los organismos internacionales reiteran que es uno de los grandes problemas de España. En diciembre de 2016, la misión del FMI señaló que “para impulsar el crecimiento y la productividad” era necesario “apoyar a la innovación por medio de la inversión privada en I+D, que es baja en comparación con la de otros paises europeos, y de mejoras en la eficacia del gasto público en I+D”. Unos meses después, en marzo de 2017, la OCDE recomendaba a Españapromover la inversión empresarial en innovación como clave para aumentar la productividad”. Y en mayo, una de las 3 recomendaciones del Consejo Europeo a España era “garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación”. Y lo mismo piden insistentemente el Banco de España, la mayoría de expertos y por supuesto, los investigadores y la Universidad, que han planteado un Manifiesto por la Ciencia para pedir recursos y medidas. Sin conseguirlo.

Urge poner en marcha un Pacto por la Ciencia, asentado en dos frentes: conseguir más recursos para la Ciencia (estables y a medio plazo) y reformas para gastarlos mejor. El objetivo debería ser, al menos, conseguir los 9.673 millones que se gastaban en 2009 al final de esta Legislatura: eso supondría presupuestar 3.000 millones más, 1.000 millones extras al año. Y gastarlos, para lo que la OCDE ya propuso en marzo al Gobierno que se cambien partidas de gasto en Ciencia de créditos a subvenciones. Además, reformar todo el sistema de ayudas e incentivos fiscales para que las empresas también recuperen el gasto tecnológico de 2009: eso supondría que gastaran 1.100 millones más al año y recuperar a 5.000 empresas que ya no invierten en tecnología. Sobre todo, que gasten más las grandes empresas, ahora que llevan tres años con aumento de beneficios (más de 40.000 millones ganaron en 2016 las empresas del IBEX): que gasten más en tecnología e innovación, la clave para competir fuera y dentro, para asegurar un crecimiento y un empleo estables.

El otro frente de actuación deberían ser las reformas para gastar mejor. La OCDE y la Comisión Europea proponen a España reducir la excesiva burocracia en los procesos de investigación, eliminando las excesivas rigideces (sobre todo en las Universidades). Y realizar evaluaciones sistemáticas (auditorías) de las herramientas de apoyo a la I+D, mejorando la coordinación entre el Estado Central y las autonomías (muchas “van a su aire” en investigación y hay enormes diferencias de gasto entre el País Vasco, Madrid, Navarra o Cataluña, las líderes, y el resto), así como una mejor colaboración público-privada, aumentando los proyectos conjuntos y los investigadores en las empresas.

Mucho se habla de la recuperación económica pero no llega (tampoco) a la Ciencia, que ha perdido el tren europeo sin que se tomen medidas. Urge recuperar la década perdida, reducir la brecha con los paises tecnológicamente punteros, que son también los más competitivos y ricos, los que tienen más empleo y menos paro. Es una de las grandes asignaturas pendientes de España, no recortar más el déficit público a cualquier precio. La Ciencia debe ser nuestro pasaporte para el futuro. Pero recuperar el retraso tecnológico exige dinero, investigadores  y reformas. Y necesitamos tiempo, una o dos décadas. Por eso urge empezar ya.

jueves, 12 de octubre de 2017

Más inflación, menos poder adquisitivo


Los precios despegan otra vez. Llevan ya un año subiendo y la inflación alcanza el 1,8% (según el IPC conocido ayer), un 0,2% más que en la zona euro. Los culpables son los carburantes y la luz, junto a los alimentos, por la fuerte demanda turística (el sector subió precios) y las malas cosechas (por la sequía y heladas). Ahora, se espera cerrar 2017 con una inflación del 2%, frente a una bajada de precios en los tres años anteriores. Con ello, trabajadores, funcionarios y pensionistas perderán este año poder adquisitivo, porque la inflación se comerá sus pequeñas subidas. Eso va a reducir el consumo, las ventas y el empleo, mientras tener más inflación que Europa nos restará exportaciones y turistas. Es importante subir más los salarios y las pensiones, para alimentar la recuperación, a la vez que se toman medidas para frenar subidas de precios en sectores monopolistas y reducir los intermediarios en la alimentación. Atajar la inflación, que perjudica a los más débiles.



                                                                                          enrique ortega

En septiembre se ha cumplido un año de subidas continuadas de precios en España, tras tres años anteriores (2014 a 2016) en que los precios bajaron (algo que no es habitual), por la crisis (las empresas se veían forzadas a bajar precios para poder vender) y, sobre todo, por la bajada del petróleo, el euro y los tipos de interés, tres grandes “regalos” exteriores para nuestra economía (no por la política de Rajoy). Pero en septiembre de 2016 comenzó la subida de precios (+0,2%), que ha seguido mes tras mes, hasta situar la inflación anual en el 3% (enero y febrero 2017). Luego, los precios subieron menos, hasta bajar la inflación al 1,5% en junio y julio. Pero en agosto, la inflación volvió a subir (al 1,6%) y en septiembre ha subido dos décimas más, hasta el 1,8%, según el IPC publicado ayer por el INE. Una inflación superior al 1,5% que tenía a finales de septiembre la zona euro, según Eurostat.

En lo que va de año, los precios suben en España por la energía, el turismo y los alimentos. La subida del petróleo (que tocó el mínimo del año el 21 de junio, con 44,82 dólares/barril, para subir luego hasta casi los 60 euros y estar hoy en 56,70 dólares) ha encarecido los carburantes, sobre todo tras la vuelta de vacaciones: la gasolina ha subido un 1,4% desde el 28 de agosto y el gasóleo otro 3,9%. Y eso ha encarecido el transporte personal (+3,1%) y el transporte público interurbano (+4,3%, según el INE). Además, la sequía (y las heladas de abril) han provocado un deterioro de las cosechas, forzando subidas de muchos alimentos, sobre todo las carnes, el pescado, el aceite y las legumbres, según el IPC, junto a la subida del tabaco a principios de año. Y esa misma sequía ha encarecido la factura de la luz, un 4,5% en el último año, por el menor uso de la energía hidráulica (embalses), más barata. Y para rematar, el récord de turistas ha tirado al alza de los precios, sobre todo de hoteles, bares y restaurantes, que han subido un 2,3% en el IPC hasta septiembre. También han pesado la fuerte subida de los alquileres y de las telecos (teléfono e internet).

Ahora, los expertos creen que la inflación va a seguir alta hasta finales de año, con el petróleo cerca de los 60 dólares (podría subir si en noviembre, la OPEP y Rusia amplían su recorte de producción y si se complica la situación en Irak) y  la persistencia de la sequía, que provocaría una mayor subida de la luz ante la entrada del invierno. Un factor clave será ver lo que hace el euro, ya que si sigue a la baja (está en 1,17 dólares, tras rozar los 1,20 en septiembre), provocará tener que pagar más (de momento un +2,5%) por el petróleo, reforzando la inflación. Con todo, la previsión de la Comisión Europea y del informe del FMI de este martes es que 2017 acabe con una inflación del +2%, que contrasta mucho con la inflación negativa que tuvimos en 2014 (-0,2%), 2015 (-0,5%) y 2016 (-0,2%).

Vuelve la inflación y eso afecta mucho a la vida de los españoles, que nos habíamos acostumbrado a las bajadas de precios y a las tarifas “low cost”. Pero, sobre todo, la inflación es muy negativa para las rentas más bajas, que son los que más la van a notar. No en vano se dice que la inflación es "el peor impuesto", porque las subidas no afectan por igual a todos, sino que quitan más poder adquisitivo a los que menos tienen, en especial a los trabajadores asalariados, los funcionarios y los pensionistas.

Empezando por los trabajadores asalariados (15,7 millones), 2017 será el primer año en que volverán a perder poder adquisitivo, tras ganarlo en 2014, 2015 y 2016 (tuvieron subidas de sueldos mínimas, pero les compensó la inflación negativa). Los datos hablan de que los costes salariales sólo suben un 0,1% este año y hasta septiembre, la subida en los convenios (que sólo han firmado poco más de 4,2 millones de trabajadores), es del 1,4%, según Empleo. Con una subida media que ronda el 1%, si la inflación acaba el año en el 2%, los asalariados perderán este año un 1% de poder adquisitivo, que se sumaría al 8,6% de poder adquisitivo perdido antes, con la crisis (2008-2015), según el Índice de precios del trabajo recién publicado por el INE.

Los 2,5 millones de funcionarios públicos  también perderán este año poder adquisitivo: el sueldo les ha subido este año un 1% y frente al 2% de inflación prevista supone un 1% perdido, que se suma al 14% de poder adquisitivo perdido por los funcionarios entre 2010 y 2015 y el 0,8% ganado en 2016. Ahora, el Gobierno Rajoy les promete una subida de sueldos  del 1,75% para 2018 (1,5% fija y 0,25% adicional si se crece lo previsto), algo superior al 1,4% que se espera suba la inflación el año próximo, una ganancia mínima que no sirve para recuperar ese 13.85% de poder adquisitivo perdido desde 2010.

Y luego están los 8,66 millones de pensionistas, que perderán poder adquisitivo en 2017: el Gobierno les ha subido la pensión un 0,25% y si los precios suben un 2%, perderán un 1,75% de poder adquisitivo, tras ganarlo (poco) entre 2014 y 2016 (por la inflación negativa), aunque ya lo habían perdido antes (entre 2011 y 2013). Si la mitad de los pensionistas ganan menos de 700 euros, eso significa que perderán 12 euros al mes. Y también perderán poder adquisitivo (-1,15%) en 2018: 0,25% de subida frente a 1,4% de inflación esperada. Y lo mismo hasta al menos 2022, en que la situación de la Seguridad Social sólo permitirá subirles un 0,25% anual, según la norma aprobada en 2013 por el Gobierno Rajoy. Con ello, los pensionistas españoles perderán otro 7% de poder adquisitivo hasta 2022, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Toda esta pérdida de poder adquisitivo, que afectará más a esos casi 27 millones de españoles (asalariados, funcionarios y pensionistas), se va a traducir en un menor consumo, tanto en 2017 como en 2018. Y también resta ingresos a los ahorradores, porque la inflación se comerá lo poco que les rentan los depósitos (775.000 millones de euros por los que solo obtienen un 0,1% de rentabilidad media). Por todo ello, las empresas venderán menos, se crecerá menos y se crearán menos empleos: 425.000 nuevos empleos este año 2017, 100.000 empleos menos que en 2016, según las previsiones de primavera de la Comisión Europea. Y este menos crecimiento y empleo no será solo porque los españoles consumamos menos (al subir los precios más que los ingresos) sino porque la inflación ataca de lleno a los otros dos motores del crecimiento y el empleo: las exportaciones y el turismo.

España lleva todo este año teniendo más inflación que Europa (en 2016 tenía menos) y en septiembre, la inflación española (+1,8%) superaba en 2 décimas a la de la zona euro (+1,5%). Y si cerramos el año con el 2% de inflación, España será el 6º país con precios más altos de la zona euro, solo por detrás de Estonia (3,3%), Lituania (2,8%), Luxemburgo (2,4%), Bélgica y Letonia (2,2%). Eso significa que si los precios suben más en España, las empresas que exportan tendrán más difícil competir y vender fuera. Y otro efecto negativo de eso será que tratarán de compensar los mayores precios forzando a la baja a los salarios, poniendo más resistencia a que suban en España. Otro efecto negativo de la mayor inflación es que retrae a los turistas (otra base del crecimiento y el empleo español), que podrían buscar destinos más baratos ahora que los hoteles y los precios han subido mucho en España.

Como se ve, el repunte de la inflación es preocupante y puede ser un lastre para la recuperación. Y no puede echarse sólo la culpa al petróleo y a la sequía. En España hay otros“culpables”, como los sectores que funcionan como monopolios, controlando el mercado y los precios: las petroleras (las 4 grandes controlan el 62% de las gasolineras), las eléctricas (las 3 grandes controlan el 92% de los consumidores), las telecos (Movistar, Orange y Vodafone controlan el 84% de los móviles y el 93% de los accesos a Internet) o la banca (los 3 grandes controlan ya la mitad de los créditos y depósitos). Y este enorme poder no sólo les permite “acordar” condiciones y precios (algo prohibido) sino que los suben reiteradamente, sin ningún control del Gobierno. Y aunque la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto más de 80 expedientes por pactar precios (a petroleras, telecos, cementeras, concesionarios coches, basuras y hasta funerarias), tiene pocos medios, escasos apoyos políticos y sus multas han chocado con las sentencias pro-monopolios de los tribunales. Tras 4 años de existencia, la CNMC no funciona bien.

La consecuencia de su enorme poder es que los españoles pagamos la 4º gasolina más cara de Europa y el 5º gasóleo más caro (sin impuestos), la 3ª luz más cara (sin impuestos), el 5º ADSL más caro o las nuevas hipotecas más caras de la zona euro. Y no son sólo los monopolios. Hay muchas empresas españolas poco eficientes, por su pequeño tamaño, su menor tecnología y digitalización  o su organización y capacidad comercial, que “necesitan” vender más caro para sobrevivir y ganar dinero. Muchas empresas y sectores que trasladan su ineficacia a los clientes, en forma de mayores precios. Sobre todo las que tienen menos competencia.

Y luego hay otro problema que también pagamos los consumidores con mayores precios: las largas cadenas de comercialización, los numerosos intermediarios que encarecen los productos  en el camino del productor al consumidor, sobre todo en sectores donde no hay oferta online potente y con medios logísticos. Es el caso de los alimentos, que están subiendo no sólo por las malas cosechas sino también porque los intermediarios aprovechan para subirlos por el camino. Así, las frutas y verduras multiplican su precio por 4,38 (por más de 8 las patatas o melocotones) entre el agricultor y el súper. Y las carnes, leche y huevos triplican sus precios, según el índice IPOD (ver aquí lo que sube cada producto por el camino). Eso cuando los súper no vender la leche o el aceite por debajo del precio en el campo, como “gancho”.

El Gobierno Rajoy tomó medidas contra la inflación en febrero de 2017, aprobando un decreto para desarrollar la Ley de Indexación de 2015, pero sólo sirve para tratar de controlar tarifas públicas y no todas (no se incluye la luz, el gas o el butano). Pero no hace nada para controlar los precios de las empresas privadas (“economía libre de mercado”, salvo cuando hay que rescatar bancos o autopistas privadas). Y tampoco pone medios suficientes para que la CNMC vigile que haya competencia o para mejorar la distribución de productos y servicios, facilitando el comercio online y la digitalización de empresas. En paralelo, no se facilita una subida de sueldos y pensiones, para contrarrestar la mayor inflación. Las empresas llevan ya tres años con beneficios y es hora de subir los salarios, para mejorar el consumo y la productividad (claves para garantizar la recuperación). Y hay que subir las pensiones, dentro de una reforma del sistema (que no llega) que asegure más ingresos estables, vía impuestos (se puede y se debe ingresar más, reduciendo el fraude fiscal) y cotizaciones.

La crisis nos trajo una economía sin inflación, como síntoma de que la actividad no tiraba. Y ahora que se mantiene la recuperación, despunta la inflación, como uno de nuestros viejos males, síntoma de una economía poco eficiente y de unos sectores poderosos que disparan precios, como explican los Nobel Akerlof y Shiller en su libro “La economía de la manipulación. Es hora de que los consumidores exijamos a los políticos que actúen y vigilen los precios, para que no se beneficien unos pocos en perjuicio de la mayoría. No se puede esperar que nos salve el petróleo, el euro o la lluvia, que los precios “bajen solos”. Defiendan nuestro dinero.

lunes, 9 de octubre de 2017

Universidad: cara, pocas becas y menos alumnos


Un millón y medio de jóvenes han comenzado otro curso en la Universidad, el 5º año consecutivo en que bajan los alumnos, por la caída de matrículas en las universidades públicas (suben en las privadas). Se debe, sobre todo, al elevado precio de Grados y Máster, que aunque se congelan o bajan este curso, son un 40% más caros que en 2011. Y las becas no ayudan: llegan a más universitarios, pero con 300 euros menos por alumno. Mientras, las Universidades siguen con escasos Presupuestos: crecen algo este curso, como los dos anteriores, pero sólo han recuperado un tercio de los 1.900 millones que les recortaron. Con esta penuria, les resulta difícil mejorar una enseñanza poco útil: un 16% de universitarios están en paro (7,4% en Europa)  y un tercio trabajan en empleos que no les exigen título. Urge un Pacto educativo que asegure a la Universidad una financiación estable y una educación de calidad y más orientada al empleo. Para que no sea una “fábrica de parados.


                                                                                                                                                                        enrique ortega  
 
Las 84 Universidades españolas (50 públicas y 34 privadas), que tuvieron el curso pasado 1.492.206 alumnos en Grados y Master (1.247.237 las públicas y 244.969 las privadas), volverán a perder alumnos este curso 2017-2018, por 5º año consecutivo. Desde el máximo de universitarios en el curso 2011-2012 (1.610.000 alumnos), la Universidad española ha perdido 118.905 alumnos, por la caída de matrículas en las universidades públicas, ya que aumentaron en las privadas. La caída se ha debido a la pérdida de alumnos en los estudios de Grado (4 a 6 años), donde hay 178.539 universitarios menos que en 2011-2012, mientras han subido los alumnos de Master (+59.745) y de Doctorado (+27.479), porque muchos universitarios prorrogan sus estudios ante la falta de empleo.


La caída de alumnos en la Universidad española se debe a tres causas. Una, la caída de la natalidad en los años noventa, causante de que haya un 6% menos de jóvenes entre 18 y 24 años. La segunda, que una parte de los jóvenes que antes iban a la Universidad tras el Bachillerato, se han ido a estudiar Formación Profesional de Grado Superior, porque piensan que tiene más salidas : ya la estudian más de 350.000 jóvenes, cuando sólo eran 221.000 en el curso 2011-2012. Y la tercera razón, quizás la más importante, porque estudiar en la Universidad es mucho más caro en los últimos años, por culpa de la subida de tasas aplicada en 2012 y el menor importe de las becas, que se conceden con más restricciones (de ingresos y docentes).


Este curso 2017-2018, muchas Universidades públicas han congelado sus tasas e incluso algunas las han bajado, como Madrid: un 5% las de Grado y un 10% los Master, tras haberlas bajado también los dos cursos anteriores. Pero estas rebajas no son suficientes para compensar las subidas aplicadas desde 2012. Así, en el caso de Madrid, los Grados han bajado un 20% pero antes subieron un 62% (balance: +42%). Y los Master han bajado estos tres años un 30%, pero antes subieron un 124% (balance: +94%). En todas las Universidades, estudiar hoy es entre un 30 y un 50% más caro que hace 5 años.


Y además, persisten las grandes diferencias entre Universidades, entre públicas y privadas y, sobre todo, entre regiones. Así, el coste de un crédito para una misma carrera (Medicina) varía entre 21,53 euros y 260,83 euros (un curso de Grado tiene 60 créditos) entre la Universidad pública y la privada, según un reciente estudio de la OCU. Y dentro de las Universidades públicas, las diferencias de precio son abismales: las más caras son las de Cataluña (33,58 euros por crédito: 2.014 euros un curso de Grado), Madrid (28,83 euros/crédito) y Castilla y León (24,48 euros). Y las más baratas, Andalucía, Galicia y Cantabria (de12,57 a 13,58 euros/crédito, según los estudios elegidos).


Al final, el resultado es que la Universidad española es una de las más caras de Europa. Hay 15 paises europeos donde la Universidad es casi gratuita: por menos de 100 euros al año se puede estudiar una carrera y completar su formación con un Master, según un estudio de Comisiones Obreras de 2016. Entre ellos están Alemania, Austria, Finlandia o Suecia. En el extremo opuesto, hay cuatro paises donde estudiar un Grado es más caro que España (Reino Unido, Irlanda, Letonia y Lituania, con más de 2.000 euros de coste anual) y luego ya hay un segundo grupo de paises caros para estudiar, donde además de España (1.100 euros de media un primer curso de Grado) están Italia y Holanda. Y en los Master, España está en el grupo de los paises más caros de Europa, junto a Reino Unido, Irlanda, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria y Rumanía, con un coste medio de 2.020 euros anuales. A final, el estudio revela que de los 37 paises europeos analizados, España es el 8º país más caro para estudiar un Grado y un Máster. Y el 6º más caro (Grado) tomando sólo la Unión Europea.


No es sólo que estudiar en la Universidad sea más caro en España. Además, tenemos menos becas. España ocupa el puesto 14 entre 37 paises europeos en el porcentaje de universitarios con beca: unos 300.000, un 23% de los universitarios, frente a un tercio que reciben ayudas en Francia, Reino Unido  y muchos paises, según el estudio de CCOO. Y además, España ocupa el puesto 22 (entre 37 paises) por importe medio de las becas, más bajo que en el resto de Europa porque invertimos en becas un tercio menos que la OCDE, según el presidente de la Conferencia de Rectores. A partir de 2013, con la reforma que aprobó el Gobierno Rajoy, el sistema de becas cambió: se hizo más restrictivo (en criterios económicos y notas exigidas)  y ahora las reciben más estudiantes pero con menos importe. Las becas han bajado en 13 de las 17 autonomías: la beca media universitaria ha caída 300 euros desde 2011 (-12%) y más en las regiones más pobres, como Extremadura y Castilla la Mancha: cobran hasta 500 euros menos que en 2011, según los datos de una respuesta parlamentaria. Y, curiosamente, de los 20 Campus donde las becas han subido más estos últimos cinco años, la mayoría (14) son Universidades privadas.


Pero además de escasas, las becas universitarias se rigen por un sistema muy deficiente, que ha provocado encierros de protesta de alumnos este verano. Primero, por el calendario de concesión: se solicitan de agosto a mediados de octubre y se conceden con el curso en marcha, por lo que el alumno se tiene que matricular sin saber si tiene beca o no (en Francia, se sabe antes de empezar el curso). Segundo, la cuantía es muy desigual según regiones y se da el caso de que las becas son más bajas donde estudiar resulta más caro: la beca media más baja se da en La Rioja (1.292 euros), Baleares (1.579), Madrid (1.706 euros), Cataluña (1.743) y Asturias (1.773) y las becas más altas se dan en Extremadura (2.926 euros), Castilla la Mancha (2.579), País Vasco (2.519 euros), Galicia (2.490) y Andalucía (2.556) y Castilla y León (2.327), con un importe medio de 2.166 euros (curso 2016-2017). El tercer problema es que una parte de la beca (la variable, que depende del dinero a repartir y el número de solicitantes) se recibe al final del curso para el que se solicita (en junio, al conocerse las notas), con lo que las familias primero gastan y luego reciben esa parte de la beca (debería abonarse toda la beca al principio de curso, con las notas del curso anterior).


Entre tanto, las Universidades no consiguen superar su crisis financiera (déficit y deuda), a pesar de la brutal subida de tasas, por culpa del drástico recorte sufrido años atrás en la aportación del Estado (12% de la financiación) y sobre todo de las autonomías (financian el 82% de las Universidades públicas). Este curso 2017-2018 sube un 3% la media de Presupuestos de las Universidades públicas, algo más que en 2015-2016 y 2016-2017, los tres últimos cursos en que las Universidades han congelado o aumentado ligeramente sus gastos. Pero es todavía muy insuficiente para reponerse del recorte sufrido entre 2012 y 2015: 1.900 millones de euros, un 18% de su Presupuesto. Y por ello, apenas han podido mejorar plantillas (perdieron un 10%, 15.000 personas) y no pueden todavía invertir en mejoras (desde aulas a laboratorios o calefacción). Simplemente, se mantienen, a la espera de que se reforme el sistema de financiación de las autonomías y puedan conseguir más recursos.


El problema de fondo es que la Universidad española cuenta con pocos recursos públicos, menos que la mayoría de Europa. El gasto por alumno universitario en España era de 12.489 dólares en 2014 (último dato aportado por la OCDE), un 22% menos de los 16.164 dólares que se gastaban en Europa (UE-22) y de los 16.143 dólares que gastaban los 35 paises OCDE. Y el gasto es mucho menor que el de EEUU (29.328 dólares/universitario), Reino Unido (24.542 dólares), Suecia (24.072 dólares), Canadá (21.326), Japón (18.022), Finlandia (17.893), Alemania (17.180) o Francia (16.422), sólo superior a Portugal (11.813) o Italia (11.510), según los indicadores educativos OCDE 2017. Y si tomamos el esfuerzo económico que dedica cada país a su Universidad, en España supone el 1,3% del PIB, inferior al 1,4% de la UE-22, el 1,6% de la OCDE o al esfuerzo que hacen EEUU (2,7% PIB), Corea (2,3%), Reino Unido o Finlandia (1,8%), Holanda o Suecia (1,7%) o Francia (1,5%).


Pero el problema de la Universidad española no es sólo de falta de dinero. Hay un problema evidente de calidad de la educación impartida: “el conjunto de habilidades de los graduados de educación superior se sitúa entre las más bajas de la OCDE, lo cual denota una educación universitaria de baja calidad…”, dice textualmente el informe de la OCDE "España 2017" (página 43), presentado en marzo de este año. Y añade que “estas bajas habilidades se deterioran después en los trabajos”, porque los universitarios españoles se emplean en tareas para las que no estudiaron (teleoperadores, camareros, vendedores o cajeras de supermercados) o porque las empresas no les forman (porque tienen contratos temporales y precarios).


La mejor muestra de que la Universidad española no funciona bien, no enseña para trabajar, es que los universitarios españoles trabajan menos que sus compañeros europeos (el 76% de los que tienen 25 a 34 años, frente al 82% en la UE-22 y el 87% en Alemania, Reino Unido o Suecia y el 86% en Francia) y que hay más del doble de universitarios parados (25-34 años): el 16% en España frente al 7,4% en la UE-22 y el 6,6% en la OCDE, con mínimos del 2,9% de paro universitario en EEUU, el 3,1% en Alemania o Reino Unido y el 6,7% en Francia. Y además, entre los que trabajan, hay muchos universitarios en precario: el 34,4% de universitarios españoles trabajan en puestos de baja cualificación, frente al 23% en Europa.  Un tercio de universitarios trabajan sobrecualificados, un despilfarro como país.

¿Qué se puede hacer? El propio informe de la OCDE da varias recetas, que el Gobierno Rajoy desoye sistemáticamente. La primera, asegurar una financiación suficiente para la Universidad, ligada no sólo al número de alumnos sino a baremos de calidad. Eso pasaría por aumentar las aportaciones del estado y las autonomías a las Universidades, para acercar el gasto a niveles europeos. Supondría destinar unos 2.200 millones de euros más cada año a la Universidad, frente a los 12.000 millones actuales. Y eso sin pensar en hacer gratuita la Universidad, algo que costaría 1.300 millones más al año, según CCOO. Pero se gaste lo que se gaste, la clave es controlar bien esos recursos y que no sea “café para todos”: que una parte sea una aportación fija (a tanto por alumno) y otra variable, según unos objetivos que la Universidad debería cumplir para cobrarlo. Es lo que se aplica ya en las Universidades de Cataluña, Andalucía, Galicia y Valencia y que Madrid quiere aprobar para el curso 2018-2019. Y que haya auditorías externas para rendir cuentas, como pide la OCDE.

Pero el problema de la Universidad no es sólo el dinero. Hay que aplicar  una serie de reformas que reiteran, año tras año, la OCDE y muchos expertos. Por un lado, ajustar la oferta, recortando titulaciones (hay 2.781 Grados y 3.772 Master) y fusionando centros (hay 234 Campus, con estudios similares  a pocos kilómetros de distancia. Por otro, la OCDE propone reducir la “endogamia” en la selección de profesores, incorporando a más extranjeros y del mundo empresarial: en 2015-2016, 3 de cada 4 profesores universitarios (el 73,1%) daban clase en la misma Universidad donde hicieron el Doctorado, según datos del Ministerio de Educación. Y en Canarias, Asturias y Valencia, eran más del 80%.

Otro reto pendiente de la Universidad española es conseguir una mayor internacionalización: incorporar a más alumnos y profesores extranjeros, para lo que necesitan mejorar la calidad de su oferta educativa. Y en paralelo, mejorar su capacidad investigadora y divulgativa, aumentando la inversión en I+D+i y los trabajos en revistas científicas, un “escaparate” que mejoraría su posición internacional. Actualmente, España es el único gran país que no tiene una Universidad en el Top 200 del ranking mundial Shanghái (si la tienen Italia, Portugal, Irlanda o Brasil). Las primeras Universidades españolas están entre las 200/300 mejores y son la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra y la Universidad de Granada.

Con todo, el mayor reto es conseguir que los universitarios se preparen mejor para encontrar un empleo decente ligado a lo que han estudiado. Eso exige repensar a fondo carreras y temarios, en contacto con las empresas y los expertos en empleo, para dotar a los universitarios de las habilidades que se van a demandar en el futuro, sin olvidar por supuesto la formación complementaria (“humanística”) que la Universidad debe aportar . No se trata de “devaluar los títulos”, con carreras más cortas y luego Master más caros: pasar del 4+1 actual (4 años de Grado más 1 de Master) al 3+2 (o incluso 3+1), que ya implantaron el curso pasado algunas Universidades catalanas y que pueden ofrecer ya este curso todas las Universidades, aunque sólo para carreras nuevas. Se trata de otra enseñanza Universitaria, más práctica y con experiencias en empresas, más ligada a los futuros empleos.

Todo ello pasa por lograr un gran Pacto educativo y universitario, donde se asegure a los Campus una financiación suficiente y estable a medio plazo, a cambio de objetivos y reformas, con más participación de las empresas en la planificación y formación y una mejor coordinación entre autonomías, para que no haya 17 sistemas universitarios dispares (como ahora). Y un empujón a la Formación Profesional Superior, que cada vez tiene más salidas. Necesitamos otra Universidad, además de otro modelo económico y laboral, si queremos un mejor futuro para los jóvenes. Que deje de fabricar parados o subempleados.