España, el reino de las marcas blancas

Con la crisis, los españoles nos hemos aficionado a comprar marcas blancas, productos con la marca del híper o la tienda que nos lo vende. Ya casi suponen la mitad de las ventas y llegan a casi todos los productos, sobre todo en alimentación y limpieza. Han ganado cuota porque ofrecen ya una cierta calidad a un precio mucho más bajo. Y además, el cliente no pierde tiempo buscando y eligiendo. El problema es que las marcas blancas han puesto patas arriba la industria alimentaria, con fusiones y cierres. Y está revolucionando el campo, donde agricultores y ganaderos tienen que pensar en producir para ellas. Pero las marcas blancas forman parte de la revolución del bajo coste (low cost) y están aquí para quedarse.

Las marcas blancas han alcanzado en 2010 un 41,7 % de cuota de mercado en alimentación, según Nielsen, con lo que casi han duplicado su peso (28,2 % en 2004). Y en artículos de droguería y limpieza ya suponen más de la mitad de las ventas (52,2%), aunque tienen menos cuota en perfumería e higiene (34,2%) y en bebidas (18,3%). Pero las marcas blancas ganan cuota en toda la alimentación, salvo en bebidas alcohólicas y alimentos para bebés. Y cada día aparecen con productos nuevos, el último, café en cápsulas monodosis de marca blanca.

España se ha convertido en el país líder de la Unión Europea en ventas de marcas blancas, sólo por detrás de Suiza (53% de las ventas) y muy por encima de Holanda (33%), Alemania y Reino Unido (32%), Francia (27%), Italia (13%), Grecia (10%) o Estados Unidos (18%).Y sobre todo, las marcas blancas han revolucionado el mundo de los híper y supermercados. El año pasado, sólo han crecido las ventas de alimentos en Mercadona y la cadena alemana Lidl y ha sido por sus marcas blancas, mientras bajaban un 5 % las ventas de los grandes híper y crecían sólo los súper medianos (de 1.000 a 2.500 metros), muchos de Mercadona, una cadena que se ha convertido en líder de ventas en España sin hacer publicidad.

La marca blanca gana por precio, pero también porque ha conseguido ofrecer productos de una calidad bastante aceptable. Y también porque ahorra tiempo al comprador, ya que no tiene que perderse en elegir. De hecho, la industria alimentaria tiene más de un millón de referencias y si quisiera ofrecerlas todas, necesitaría una superficie equivalente a cinco veces el Bernabéu. Las marcas blancas también son líderes en las ventas de alimentos por Internet, aunque sólo un 27% de los consumidores compra comida por la Red (menores de 35 años y familias sin hijos, que viven en grandes capitales). Se espera que las ventas online de alimentación crezcan mucho en el futuro, como pasa en Francia o Reino Unido.

Las marcas blancas han revolucionado la industria alimentaria, que ha visto como los híper y grandes supermercados venden  básicamente una marca blanca y una o dos marcas, las líderes en cada producto. Y el resto se queda fuera, lo que ha obligado a innovar y a ajustar precios, a costa de cierres y fusiones, con pérdidas de empleos. De hecho, el 60% de las marcas de alimentación cuentan con una posición débil, según un estudio de Improven. Y muchas desaparecerán. Un fenómeno europeo, donde tres grandes cadenas de distribución tienen más del 50% de la cuota de mercado. Y claro, con ese poder tienen a sus pies, en Europa y en España, a agricultores y ganaderos, que deben producir pensando en vender y en las marcas blancas (recordemos  las protestas de los lecheros).

Pero el consumidor manda y la crisis afianzan las marcas blancas, al igual que la guerra de descuentos y promociones en la que ha acabado cayendo hasta el Corte Inglés. Las marcas blancas están aquí para quedarse, incluso cuando salgamos de la crisis, según un estudio de PwC. Y es que comprando, todos somos cada vez más gregarios: no queremos pagar más por casi lo mismo. Consumimos sin fidelidad, rendidos al bajo coste. Hay que llegar a fin de mes.

La subasta de las Cajas de Ahorros

El Gobierno ha puesto patas arriba la mitad del sistema financiero español, las Cajas de Ahorros, con dos siglos de historia. Ha sido una carrera de despropósitos. Primero, dos años presumiendo Zapatero de tener la mejor banca del mundo. Luego, en 2010, una Ley de Cajas que provocó fusiones y un plan de ajuste tan complicado como ineficaz. En enero, amenaza de nacionalizaciones y cambio de reglas, con unas exigencias que no tiene ningún país del mundo. Y el viernes 18 de febrero, un nuevo decreto que retrasa la reforma hasta septiembre, con prórroga hasta marzo 2012, tras las elecciones. Y mientras, las Cajas no se han saneado, siguen con el cáncer del ladrillo y se les obliga ahora a convertirse en bancos, salir a Bolsa y buscar inversores o nacionalizarlas. Una reforma tardía, mal planteada y plagada de incertidumbres, que nos va a costar dinero a todos y que va a frenar aún más los créditos de las Cajas, en beneficio de la banca y de inversores extranjeros.

La crisis financiera desatada en 2007 forzó a la mayoría de los países, desde EEUU a Alemania, Reino Unido, Holanda o Francia, a sanear sus bancos, interviniendo muchos de ellos en 2008 y 2009, para salvarlos con dinero público. Pero España  era diferente: Zapatero se dedicó a presumir en las cumbres del G-20 de tener el mejor sistema financiero del mundo. Hasta que en 2010, con la crisis de Grecia y la deuda, empezaron las presiones sobre España y el Gobierno, además de poner en marcha el ajuste de mayo (pensiones, funcionarios…), aceptó reformar las Cajas, con una Ley aprobada en julio que forzaba un rosario de fusiones (de 45 Cajas a 17), cierre de 2.300 oficinas y 17.000 prejubilaciones, con ayudas públicas. El Banco de España dio de plazo a las Cajas para hasta Nochebuena poner orden y todo parecía encarrilado.

Pero a principios de enero, los dos grandes bancos intentaron captar dinero en los mercados (con cédulas hipotecarias) y no lo consiguieron. Saltaron las alarmas y los grandes banqueros presionaron a Moncloa: el problema son las Cajas, hay que hacer algo. Y una semana antes de la visita de Merkel a Madrid, el Gobierno volvió a sacar pecho : la ministra Salgado anunció una vuelta de tuerca en la reforma de las Cajas, obligándolas a tener para septiembre un capital básico del 10%, una exigencia que no cumple casi ningún banco del mundo y tampoco Santander o BBVA. Con ello, les forzaba a convertirse en bancos y buscar capital, saliendo a Bolsa o metiendo inversores. Y si no, les amenazaba con la nacionalización.

El cambio de las reglas de juego a mitad del partido pone a las Cajas contra las cuerdas. La patronal de Cajas (CECA), los gobiernos autonómicos y los partidos presionan al Gobierno, que necesita apoyos para sacar adelante el decreto en el Congreso. Las Cajas controladas por gobiernos del PP (el grupo Caja Madrid-Bancaja y 5 cajas pequeñas, las 2 gallegas fusionadas y las 2 de Castilla y León fusionadas), más los dos grupos de Cajas catalanas (Catalunya Caixa y Unnim) son las que están peor de capital y temen la nacionalización o verse obligadas a  malvenderse. Al final, el Gobierno suaviza la reforma: exige “sólo” el 8% de capital (Basilea III  exigirá el 7% para 2019) si las Cajas salen a Bolsa o venden el 20% de capital, deja incluir en capital ayudas, provisiones y  otros conceptos dudosos (a ver qué dice Bruselas) y retrasa el examen hasta el 30 de septiembre, con posible prórroga hasta marzo, tras las elecciones. De entrada, 8 de las 17 Cajas no cumplen, aunque lo dirá el Banco de España el 10 de marzo.

Al final, el órdago se ha quedado en un envite y la reforma se retrasa hasta septiembre o hasta 2012. Lo normal habría sido hacer lo que otros países: decir qué Cajas están mal, intervenirlas, meter dinero público para sanearlas y cambiar los gestores para que vuelvan a tener beneficios, como ya ha pasado en Estados Unidos y Holanda. Pero aquí, no sabemos las pérdidas (las Cajas tienen 100.000 millones de créditos de alto riesgo), no sabemos las necesidades de capital (el Gobierno habla de 20.000 millones y los expertos de 40.000 a 80.000) y se les obliga, con esa incertidumbre, a buscar capital, inversores, con lo que las fuerzan a malvenderse, bajo amenaza de nacionalización. Y mientras, siguen los mismos gestores, sólo vigilados por el FROB y el Banco de España, con la amenaza mediática de no cobrar bonus millonarios si lo hacen mal (pero se han librado de expedientes y sanciones).

Queda por delante un año de ajustes e incertidumbres, que van a paralizar el día a día de las Cajas. Y con mayores exigencias de capital, van a mirar aún más con lupa conceder créditos y les va a ser más difícil captar ahorro. De hecho, en 2010, las Cajas han perdido 60 millones de euros al día en depósitos, que han ganado los bancos. Y por supuesto, se va a reducir la Obra Social, así como probablemente más oficinas y personal. Al final, una parte de las Cajas quedará en manos de los bancos y de inversores extranjeros. El Sabadell ya ha dicho que quiere quedarse con un millón de clientes de las Cajas en tres años, con lo que toda la banca podría ganar unos 10 millones de clientes de Cajas. Y habrá menos competencia.

Al final, Zapatero ha hecho con las Cajas como con la crisis: dos años diciendo que no había problemas para luego hacer un ajuste tardío, desproporcionado, chapucero y con prisas, que, además, no va a dar confianza a los mercados. Y que nos va a costar mucho más.

La crisis nos pone “malitos”

Con la crisis, no sólo se ven colas en las oficinas del INEM: los españoles acuden mucho más a su médico o al psicólogo y está creciendo el consumo de antidepresivos. Si dicen que “el trabajo es salud”, el miedo a perderlo o estar en paro es muy insano, como revelan distintos estudios científicos. Cuatro de cada diez españoles padece estrés laboral y son muchos los que sufren cansancio, angustia, insomnio o depresión. Incluso, comemos más. La crisis está dando más trabajo y más costes a la sanidad y provoca un estado de ánimo negativo que empeora la salud de casi todos. Por eso, hay que cuidarse y salir de la crisis.

La crisis económica está deteriorando la salud de los españoles. El aviso lo han dado 56 expertos sanitarios de SESPAS, que van a presentar en el Congreso un informe donde revelan que el paro, la inseguridad laboral, el trabajo precario y la crisis han hecho que empeoren los indicadores de salud y que aumenten las enfermedades mentales, como la depresión o la ansiedad. Y añaden que arreglar esta situación no depende sólo de mejorar la asistencia sanitaria, sino que “el Gobierno y las autonomías deben valorar el impacto de las políticas sociales y laborales sobre la salud pública antes de ponerlas en marcha”.

Es otra visión de la crisis, su impacto sobre nuestra salud. Y es que el 40% de los asalariados españoles (y el 50% de los empresarios) está afectado de estrés laboral, según datos del INE. Un síndrome que causa pérdidas por valor de 2.000 millones al año, según la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. Y además, casi el 70% de los españoles se siente cansado y con falta de energía, según una encuesta de SEDCA realizada en 14 países europeos, donde se revela también que España es el segundo país (tras Portugal) donde peor  se compagina vida laboral y personal, la base del estrés.

Tres de cada cuatro españoles reconoce que, en algún momento, la salud se ha visto afectada por el trabajo, según una encuesta de Randstad. Y con la crisis, han surgido nuevas patologías: fatiga crónica (cansancio, pérdida de memoria, incapacidad para concentrarse, dolores de cabeza, cuello y espalda, insomnio…), ergodependencia (dependencia del estrés: no poder estar sin trabajar), presentismo (lo contrario de absentismo: hacer horas a destajo y no salir del despacho por si le mueven la silla), tecnoestrés (no poder vivir sin Internet)…

Y sobre todo, tienen más tarea los psicólogos, incluidos los gabinetes de los sindicatos, que han detectado un aumento de cuadros depresivos, ludopatías y conflictos de pareja. No en vano, los antidepresivos son los segundos medicamentos más vendidos, por valor de 475 millones de euros en 2010. Incluso ha aumentado la obesidad: “si falta trabajo, lo que queda es comer y ver la televisión”, decía muy gráficamente el nutricionista Pierre Dukan.

¿Qué hacer? Es básico una primera actuación en las empresas, aunque sólo una de cada cuatro tiene medidas específicas para promover la salud laboral: horarios, guarderías, teletrabajo, control de reuniones a deshora, salas de juego y relax, planes de prevención… Y luego, hace falta una política de salud centrada no sólo en los médicos, los hospitales y los medicamentos, sino en mejorar las condiciones de vida y la prevención, ayudando a cambiar hábitos de vida insanos, como el sedentarismo y la obesidad. Y sobre todo, hacer una política sanitaria específica para los colectivos más afectados por la crisis: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, un colectivo con doble riesgo de caer enfermos.

Si no hay trabajo, por lo menos que tengamos salud. Pero hay que poner los medios, en casa, en la empresa y en el país. Un tema clave es recuperar la autoestima, ya que la imagen que tenemos los españoles de nosotros mismos ha caído en picado en los dos últimos años, según el estudio de Reputation Institute. Nos vemos peor que nos ven. Hay que cambiar eso. Somos igual de buenos que cualquier país. Y saldremos de la crisis. Que sea con salud.

Reforma del INEM: desempleados, no parados

Uno de cada cinco españoles en edad de trabajar está parado. Un drama individual y colectivo que no se podrá empezar a arreglar hasta que la economía no crezca, a partir de 2012. Pero mientras, algo habrá que hacer. Por un lado, ayudarles a formarse y a buscar trabajo, ya que hacer cola en el INEM actual y sellar les vale ahora para poco. Por otro, habrá que ayudar a los que no cobran el paro, 1.700.000 españoles actualmente. El Gobierno, sindicatos y patronal han pactado una reforma de las políticas de empleo, para asesorar y ayudar a los parados a formarse y buscar trabajo. Y vuelven los 400 euros para los parados sin ingresos.

Cada mes hay menos parados que cobran el desempleo, porque aunque el paro crece, son más a los que se les acaban los dos años de paro. A finales de 2010 había 1.389.491 parados cobrando el paro que habían cotizado (845 euros de media), unos 300.000 menos que a principios de año. Y 1.457.539 parados más que cobraban un paro asistencial (486 euros de media), porque o no han cotizado suficiente o se les ha acabado el paro y tienen cargas familiares, un colectivo que crece mes a mes. Y luego están los que no cobran nada, más de 1.700.000 parados según la EPA. Para paliar algo su situación, el Gobierno ha vuelto a poner la ayuda de los 400 euros mensuales (antes era 426), que pueden pedir desde el 16 de febrero, por 6 meses, los parados sin casi  ingresos (menos de 642 euros), con la obligación de hacer cursos de formación. Beneficiará a 192.000 parados , pero no podrán recibirla los que ya cobraron los 426 euros (800.000 parados).

Al final, pagar (poco) a tres de cada cuatro parados registrados va a costar este año unos 30.000 millones de euros, menos dinero que en 2010 (-1,7%), a pesar de aumentar el paro. Otros 8.000 se van a destinar a ayudar a los parados a encontrar trabajo, lo que se llaman políticas activas de empleo. Un dinero escaso, porcentualmente la mitad del que destina la Unión Europea. Además, para formación de parados sólo habrá 1.050 millones, una cifra que apenas ha variado en los últimos cuatro años, a pesar de que los parados se han duplicado.

La verdad es que los cursos del INEM (ahora Servicios Públicos de Empleo, SPE) tienen poco éxito: sólo los siguen 865.200, uno de cada cinco parados registrados. Y los hacen sobre todo los jóvenes, con lo que están sirviendo más para cubrir el fracaso escolar y formar lo que no han hecho las aulas. Los expertos dicen que el catálogo de cursos es obsoleto, que son demasiado largos (62% duran más de 200 horas) y tienen poco que ver con la formación que necesitan las empresas. Además, más de la mitad de los parados tiene poca formación (2,6 millones no tienen estudios secundarios ni superiores) y son los que menos hacen cursos.

Ahora, se quiere cambiar el sistema de los SPE, con el objetivo de ayudar a los parados a reciclarse. Y si no, no cobrarán la ayuda por desempleo. La idea es que cada parado tenga una persona que lo tutele y le marque un itinerario para volver a trabajar, con formación adaptada a su perfil. Suena bien, pero hacen falta medios y presupuesto, ya que en España hay un funcionario del INEM (SPE) por cada 190 parados, mientras en Europa hay el triple (1 por 59). Se van a contratar 1.500 orientadores, que se sumarán a otros 1.500 contratados hace dos años. Y van a colaborar las agencias privadas de colocación, las ETTs.

El objetivo es conseguir que los SPE sean de verdad agencias de colocación de los parados y no la oficina de sellar el paro, ya que ahora sólo colocan a un 3 % de los parados. Para ello, se va a hacer un Plan estatal, coordinando mejor la actuación de las autonomías, que gestionan las políticas activas de empleo. De entrada, se va a centrar en los parados sin prestación, jóvenes, mayores de 45 años y los que vienen de la construcción. Y para 2013 se quiere que cada parado tenga un itinerario individual de reciclaje para encontrar empleo.

Ojalá salga bien. Claro que además de tutela y formación, los parados necesitan que haya trabajo. Y de momento, este año se creará poco empleo y subirá el paro a 4,8 millones, según las previsiones de la patronal CEOE y del BBVA. Pero algo hay que hacer con ellos. Pueden estar sin trabajo, pero no parados.

Las empresas no hacen formación (ni gratis)

Formar a los empleados no está entre las prioridades de las empresas españolas. Y no es por la crisis: entre 2005 y 2009, las empresas han desperdiciado 835 millones en ayudas para la formación, ayudas que, para más inri, se han pagado con cuotas de empresas y trabajadores. Al final, las preocupaciones son otras y sólo 18 de cada 100 empresas aprovechan la formación bonificada, que recibe subvenciones del 50 al 100 % del coste de los cursos. Este despilfarro es especialmente grave en España, un país donde la mitad de la población no tiene acabado el 2º ciclo de Secundaria. Y un suicidio para el futuro, donde se sabe que,en un mundo global, sólo encontrarán empleo los que estén más cualificados.

Empresas y trabajadores pagan actualmente más de 3.000 millones de euros al año, con sus cotizaciones obligatorias  a la Seguridad Social, para financiar la formación de trabajadores y parados. En el caso de un mileurista, con un sueldo bruto anual de 16,000 euros, por ejemplo, la  empresa paga 96 euros al año (0,60% de la base) y el trabajador otros 16 euros (0,10%). Con ese dinero se financian los cursos, que se subvencionan, del 50 hasta el 100% del coste, según el tamaño de la empresa,  Además de estos cursos, organizados por la Fundación Tripartita (Administración, patronal y sindicatos), las empresas pueden organizar cursos propios y recuperar parte del coste (incluso todo) en bonificación de cuotas a la SS.

Pues bien, el mecanismo no funciona, como demuestran las cifras: entre 2005 y 2009, el 82 % de las empresas no ha utilizado las ayudas para hacer cursos de formación y se han perdido 835 millones de euros en estos cuatro años, según la consultora Garben. Las pymes son las que menos utilizan estos cursos (sólo lo hacen un 15%) y las que más lo hacen las grandes empresas (88% los usan). En total, 300.000 empresas y 3,5 millones de trabajadores utilizan estos cursos subvencionados, una cifra que, con todo, se ha quintuplicado en estos años.

¿Por qué no se usan más estos cursos subvencionados? Los expertos coinciden: por desconocimiento, se hace poca divulgación. Y también porque se pide mucho papeleo y a las pymes les da pereza gestionarlo (las grandes empresas tienen equipos en RRHH para hacerlo).Además, muchos cursos no responden a lo que se busca y hay pocos online (sólo el 18%). Pero demanda debería haber, ya que un 39% de trabajadores considera “absolutamente necesario” recibir formación de su empresa”, según un estudio de Randstad.

Lo grave de este despilfarro de recursos es que España se queda atrás: mientras en Europa se reciclan el 52 % de los trabajadores, en nuestro país sólo lo hace el 32%, según un estudio de la Fundación Élogos. Y  el problema es que entre los que menos reciben formación están tres colectivos con alta propensión al paro: pymes (sólo el 14,2% acometen tareas formativas), los mayores de 55 años (sólo el 5,6% reciben formación) y los autónomos (sólo el 1,6% reciben cursos y autonomías como Asturias, Canarias y Madrid, les han recortado cursos).

Ante este panorama, el Ministerio de Trabajo acaba de aprobar una reforma: quitar dinero de la formación a trabajadores (60% del total, que no se usa) para gastar más en formación a parados (que pasarían de gastar el 40% al 50% del presupuesto de formación). La patronal no quiere este trasvase de fondos, ya que hay cuatro veces más ocupados que parados. Y tiene razón. Pero algo hay que hacer para evitar que el dinero para formación no se use. Todo el mundo sabe que estar preparado es una mayor garantía de empleo: para 2020 se espera en Europa que el 85% del empleo será cualificado, según el ministro Gabilondo. Pero eso no pasa por tener muchos licenciados (en España somos líderes en universitarios y en parados), sino por hacer una formación pegada a lo que buscan las empresas. Por eso son clave los cursos de formación a trabajadores. Gastar en enseñarles lo que necesitan saber.

Contratos a tiempo parcial : promoción 2 x 1

La medida estrella del reciente “pacto social” ha sido, junto al recorte de las pensiones, el Plan de choque para crear 100.000 empleos a tiempo parcial. Así dicho, suena bien. Pero hay un riesgo : que las empresas utilicen estos contratos a media jornada para colocar a dos parados por el precio de uno, sin pagar nada a la Seguridad Social y en contratos temporales por seis meses, con lo que pueden colocar cuatro por año. Una cosa es trabajar a media jornada porque nos viene bien y otra repartir el poco trabajo que hay, con ayudas públicas. De hecho, antes de este Plan, los contratos a tiempo parcial son los únicos que crecen con la crisis.

El pomposamente llamado Plan de choque contempla ayudas durante un año para las empresas que hagan un contrato a tiempo parcial (del 50 al 75% de la jornada habitual) a dos grupos: jóvenes menores de 30 años y parados que lleven más de un año en desempleo. Las empresas podrán hacerles un contrato fijo o temporal (de al menos 6 meses) y no pagarán cuotas a la Seguridad Social  (si la empresa tiene más de 250 trabajadores, pagará un 25% de la cuota). Y en seis meses se analizará si se prorroga o no. El objetivo es crear unos 100.000 contratos a tiempo parcial, un reto poco ambicioso si tenemos en cuenta que hay 1,5 millones de jóvenes sin empleo y 2,1 millones de parados de larga duración.

Los sindicatos han estado muy recelosos ante este Plan, porque saben que se presta a la picaresca: una empresa, en vez de contratar a alguien 8 horas, contrata a dos personas que trabajan 4 horas cada una. En vez de un sueldo de 1.000 euros, paga dos de 500 y se ahorra la Seguridad Social de ambos. Y a los 6 meses, dos contratos más. Así se han creado dos o cuatro empleos y mejoran las estadísticas del INEM. Tutti contenti. Pero sólo hemos repartido el empleo y encima, temporalmente, porque dentro de un año, ya sin bonificaciones pueden despedirlos. ”Incentivar los contratos a tiempo parcial es una fórmula que se ensayó en el pasado y tuvo un efecto nocivo”, ha declarado Toni Ferrer, de UGT. Pero lo ha firmado. Y la patronal quería que las ayudas a este contrato fueran por dos años. Sólo se ha puesto a última hora una limitación: las empresas que hagan estos contratos bonificados han de aumentar la plantilla.
                                                                                                    
De hecho, la contratación a tiempo parcial es la única que crece con la crisis. Mientras bajan mes a mes los contratos a tiempo completo (15.933.700), los contratos a tiempo parcial (2.474.500) han crecido en 102.500 el último trimestre.Y en enero de 2011, un 30% de los contratos firmados se han hecho con menos horario. En el caso de las mujeres, casi un tercio de las que trabajan lo hacen con contrato a tiempo parcial. El problema es que todos, hombres y mujeres con menos jornada, trabajan así por obligación, ya que un 45% de los que trabajan así preferirían hacerlo a jornada completa, según un estudio de AGETT.

El contrato a tiempo parcial está bien, pero es para lo que es: personas que quieren trabajar menos horas o empleos que pueden cubrirse con menos jornada. Un contrato que le puede venir muy bien a las mujeres y a los estudiantes, como sucede en  Europa, donde el contrato a tiempo parcial supone ya un 25% de la contratación (y más en Holanda, Suecia o Alemania), frente al 13,44% en España. Pero no hay que desvirtuar este contrato, como ahora se hace. Para contratar a jóvenes están los contratos en prácticas (100% bonificación cuotas SS) y formación, que no están funcionando, básicamente porque las empresas no venden y no contratan. Y para los parados de larga duración, hay que buscar una salida a los parados mayores de 45 años (380.000), un problema que el pacto social ha dejado para septiembre.

Entre tanto, se pierden 1.500 empleos diarios, el paro sigue creciendo y el Gobierno sólo habla de crear este año entre 50.000 y 100.000 empleos. No sabemos si serán los del Plan a tiempo parcial. Parece como si hubiéramos descubierto la rueda: repartir el empleo. Ya puestos, si los 18,4 millones de españoles ocupados  trabajáramos la mitad, habría 36,8 millones de empleos. Ni un parado: todos ocupados, desde los 16 a los 65 años. No demos ideas…

El despilfarro de los medicamentos

El gasto farmacéutico se ha reducido en España en 2010, por primera vez en dos décadas. Pero no ha sido porque pidamos menos recetas. El ahorro se ha hecho por decreto, bajando los precios y los márgenes a los laboratorios y a las farmacias, lo que obligará a algunas a cerrar. Y mientras, el número de recetas sigue creciendo y ya se hacen cuatro millones al día. De ellas, 7 de cada diez son de pensionistas, que no pagan nada y van a la botica con tacos de recetas que han provocado un agujero en las cuentas de todas las autonomías. Y cada año hay 1,5 millones de pensionistas más con medicamentos gratis total. O se toman medidas o esta bola de nieve afectará a la sanidad y los recortes serán más dolorosos.

En 2010, el gasto farmacéutico supuso 12.211 millones de euros, un 2,36% menos que el año anterior y un 22% del gasto sanitario total. El Gobierno ha conseguido esta pequeña rebaja  manu militari: con dos reales decretos, aprobados en 2010, por los que obligaba a laboratorios, distribuidores y farmacias a facturar a la sanidad con un descuento del 7,5%. En total, un ahorro de 2.855 millones, que ha provocado ya 1.000 despidos en los laboratorios y que ha puesto contra las cuerdas a las farmacias pequeñas. Una boticaria amiga me dice que el descuento (lo llama “el impuesto revolucionario”) le supone quitarle unos 700 euros al mes, una cuarta parte de sus beneficios. El Consejo de Farmacéuticos ya ha estimado que 1 de cada 6 farmacias (3.179 de las 21.165), con uno o ningún empleados está en apuros.

El problema es que estos recortes al sector no frenan el problema de fondo: el despilfarro farmacéutico. El número de recetas ha seguido creciendo en 2010 y se acercan a los 1.000 millones al año. Un gasto que se ha triplicado en los últimos quince años. Y la pelota va a seguir creciendo, porque se basa en un sistema perverso: el gratis total. Hoy día, el 68,17% del gasto farmacéutico lo hacen los pensionistas, con su receta roja, y no pagan nada. Y aunque los activos pagamos el 40% de la receta verde, en conjunto, el sistema sólo recibe una aportación del 6,83%. O sea, el sistema paga (pagamos) un 93,17% de los medicamentos.

La pelota es creciente, porque cada año hay un millón y medio más de pensionistas con derecho a ir a la farmacia con su taco de recetas gratis total. Basta hablar con cualquier boticario para que nos cuente el acaparamiento diario, los abusos, los medicamentos que acaban en Ecuador o en Rumanía, las bolsas de medicinas caducadas y sin abrir que se llevan cada día a las farmacias… Miles de millones de euros tirados. Y los médicos poco hacen ante la presión de los pacientes. Y para el año 2060 se van a duplicar el número de pensionistas.

Las autonomías, que financian la sanidad, tratan de frenar esta bola de nieve por dos vías. Una, no pagando a las farmacias por las recetas que les presentan: las autonomías les deben 3.425 millones de euros y para que las boticas no quiebren, los Colegios de Farmacéuticos de toda España han pedido créditos para adelantarles el pago. La otra vía, elegida por Andalucía, Castilla la Mancha y Galicia (además de Navarra y País Vasco) ha sido sacarse de la manga un Catálogo propio de medicamentos a financiar, con lo que el médico podrá recetar una medicina depende de donde uno viva. Una locura que ha provocado un Manifiesto de todo el sector y recursos de Sanidad. Como tercera medida, habrá otro descuento de precios en marzo, la puntilla para el sector.

Todo ello no son más que parches para evitar tomar la única medida efectiva, aunque impopular: que los pensionistas paguen algo por cada receta, el copago. Un euro por receta supondría un ahorro directo de unos 700 millones y podría reducir en un tercio las recetas gratis total, lo que serían otros 3.000 millones de ahorro. Y sobre todo, frenar una bola de nieve que corre el riesgo de comerse a la sanidad pública. Y entonces, el ajuste y el copago sería más duro y más doloroso.     

Zapatero “saca pecho” ante Merkel y la UE

Zapatero recibe hoy en Madrid a la canciller Merkel y su corte de 6 ministros, a los que se presenta como el alumno modelo de la Europa del sur que ha hecho los deberes, con ajustes y reformas, más la foto con el” minipacto social” firmado ayer con sindicatos y patronal. Y mañana viernes, volverá a sacar pecho en la Cumbre Europea de Bruselas, de donde se vendrá con buenas palabras pero ningún acuerdo de apoyo a la deuda, ya que el tema se deja para la Cumbre de marzo. Y entonces, Merkel ofrecerá ayuda a cambio de una vuelta de tuerca en reformas y ajustes, para después de las elecciones de mayo. En medio de tanta parafernalia, España sigue sin aprobar el examen clave, el del empleo, con 4,7 millones de parados. Y es que la economía no crece, no hay consumo, ni crédito, ni inversión, y así no hay reformas ni pactos que den fruto.

Zapatero presumirá ante Merkel y los conservadores europeos de haber hecho la reforma de las pensiones y encima con el apoyo sindical.Eso sí, el recorte es de momento una baza ideológica, ya que no dará ahorros importantes al Presupuesto hasta después de 2027. La canciller le volverá a mostrar su preocupación por las autonomías, cuyo gasto sigue descontrolado, sin que el Gobierno haya tomado medidas concretas, salvo amenazar con no permitirles endeudarse, lo que ha provocado una carrera de ajustes a la desesperada de Murcia, Castilla la Mancha y Cataluña, que van a pagar los ciudadanos en recortes a empresas, funcionarios, educación y sanidad en 2011.

Otra reforma sin cerrar es la de las Cajas de Ahorros. Después dos años presumiendo de tener el mejor sistema financiero del mundo, el Gobierno aprobó en julio de 2010 una Ley de Cajas que ha cambiado por sorpresa a finales de enero y en los últimos días: como somos más chulos que nadie, se obliga a las Cajas a tener un capital básico (core capital) del 9,5% para septiembre de 2011, cuando Basilea III obliga a las entidades del resto del mundo a  tener un capital del 7% para…2019. Y les da hasta septiembre para conseguirlo (luego dice que hasta marzo), amenazando si no con entrar temporalmente en el capital. Resultado: incertidumbre en las Cajas, bancos y Fondos a la caza de gangas y mientras, no vayamos a pedir un préstamo, porque no está el patio para financiar nada. Y seguimos sin saber el agujero del ladrillo (se temen 100.000 millones).

La fanfarria mediática se ha centrado en el gran pacto social firmado ayer, que además de ser la contrapartida al duro ajuste de las pensiones, contiene pocas medidas concretas: bajada de cotizaciones para crear 100.000 empleos a tiempo parcial para jóvenes y mayores de 45 años, una ayuda de 400 euros por seis meses para los parados que se formen y un compromiso para agilizar la negociación de los convenios. No está mal, pero esto no es un pacto social como los de La Moncloa de 1977. Sigue faltando un gran acuerdo político y social que haga frente al mayor problema de España, el paro, una tasa del 20,3%, que duplica con creces la europea (9,6%), con 2.154.700 parados que llevan más de un año sin trabajo y un paro juvenil del 43 %, que preocupa a muchos expertos mundiales (último Foro de Davos).

España suspende (y con nota) en desempleo, pero eso no va a salir en la cumbre con Merkel y la UE. Es más, Merkel está pensando en apoyar a España (y a Portugal e Italia) en su pelea con los mercados por colocar la deuda, ampliando y flexibilizando el Fondo europeo de rescate, en la cumbre europea de marzo, a cambio de que Zapatero y otros líderes europeos hagan más deberes, más ajustes, más reformas: límite por ley al déficit público, eliminar cláusulas de revisión en salarios y pensiones, subida de impuestos, reformas en sanidad y educación… Merkel, Sarkozy y Cameron, los conservadores europeos, están dispuestos a ayudar a la Europa del sur si hacen la misma política que ellos. Pero esto, para España es ir justo en la dirección contraria a crear empleo. Hace falta crecer reanimar el consumo y la inversión, desatascar el crédito, crear confianza, no más ajustes disfrazados de reformas. Pero es lo que nos van a pedir de nuevo a cambio de ayudarnos con la deuda y los mercados.

Los autónomos, parados de segunda clase

Los 3 millones de autónomos españoles tienen de plazo hasta el 6 de febrero para decidir si pagan una cotización extra por tener derecho a cobrar el desempleo, como cualquier trabajador. Un derecho que se ha vendido como “una conquista social para los autónomos”. Hasta aquí bien. El problema es cuando ves las condiciones: hay que cotizar un año para tener derecho a dos meses y cuatro años para cobrar 12 meses de paro, el máximo posible. La cotización extra es alta, para lo que recibes. Y hay que darse de baja como autónomo (cero ingresos) para cobrar el paro. Todo ello, con escasa y mala información de la Seguridad Social y las Mutuas, que son las que gestionan este nuevo paro a los autónomos. Al final, si el autónomo no se decide a solicitarlo esta semana, ya no podrá hacerlo hasta septiembre y entonces no cobraría el paro hasta enero de 2013.

Los  autónomos no tenían derecho a paro hasta que en agosto de 2010 se aprobó una Ley que les permitía cobrar  un particular desempleo si se lo pagaban. Esta cotización extra es voluntaria para la mayoría de los autónomos (sólo es obligatoria para los autónomos económicamente dependientes y los que trabajan en actividades de riesgo) y da derecho a dos prestaciones: subsidio de paro y contingencias profesionales, que quiere decir que el autónomo tiene derecho a asistencia sanitaria de la Mutua y a cobrar la baja por accidente de trabajo. Si no paga esta cotización extra, sólo cobra la baja por enfermedad común, no por accidente laboral, que tampoco está cubierto por la Mutua con la cotización normal, de contingencias comunes, que es la que pagan todos los autónomos.

¿Cuánto cuesta que un autónomo pueda cobrar la baja por accidente de trabajo y el paro si se queda sin trabajo?.  En el caso de un autónomo que cotiza por el mínimo (841,80 de base reguladora), que son la mayoría, le supondría cotizar unos 30 euros más al mes (282,42 en vez de 251,70 euros), según un simulador. No parece mucho. Pero es que tampoco da derecho a mucho: después de pagar durante un año (360 euros), se tendría derecho a sólo dos meses de paro, cobrando 664 euros al mes. Y si se paga durante 4 años (1.440 euros), se cobrarían 664 euros al mes durante un año.

Los autónomos hemos recibido una carta de nuestra Mutua en la que nos informa de lo que tendríamos que cotizar más al mes, para cobrar el desempleo y tener cobertura por accidentes laborales. Pero cuando he llamado para ver qué paro me quedaría, me han dicho “que lo pregunte en la Seguridad Social”. Y cuando haces la cola en la SS, te encuentras una ceñuda funcionaria que te dice que ella no lo sabe y que lo preguntes en la Mutua (y apostilla: “todos los días tenemos problemas con las Mutuas”). Total, que sé al céntimo lo que tengo que cotizar más, pero sólo puedo calcular en un simulador mi posible desempleo.

Dos problemas más. Uno, ¿Quién cotiza por el autónomo mientras está parado? En el caso de los trabajadores, es el INEM y en el caso de los autónomos, su Mutua. Pero, ¿por qué base: por la que estaba cotizando o por la mínima? Nadie ha sabido decírmelo. El otro problema es que para tener derecho al desempleo, el autónomo ha de darse primero de baja en Hacienda y no ingresar un duro. O sea que si le sale algo mientras está parado, incluso una pequeña chapuza, tiene que volver a darse de alta y perder el desempleo (o cobrarla en negro).

Al final, ante la escasa información y el tener que cotizar más ahora para tener derecho al paro dentro de un año, es posible que la mayoría de los autónomos no se apunten a cotizar por desempleo. Y por parados no será, ya que en 2010 se han dado de baja 58.000 autónomos y más de 300.000 desde que empezó la crisis. Lo que les toca es seguir buscando trabajo y mientras, cobren o no, seguir cotizando más y por más tiempo (ahora 38,5 años) para poder jubilarse. Pedirles también que coticen más para cobrar un paro escaso es una gollería.