Los "trucos" del bono social eléctrico

Una de las pocas cosas que han pactado el Gobierno y el PSOE ha sido el bono social eléctrico: rebajar la factura de la luz y no cortársela por impago a los más pobres, medidas que entrarán en vigor este otoño. Queda “muy social”, pero está lleno de “trucos”. Primero, quién paga: según el Gobierno, el bono social lo pagarán las eléctricas, pero ellas dicen que lo repercutirán y nos lo cargarán en la factura de la luz, después de haberlo ganado en los Tribunales. Y cuando una familia no pague los recibos, se obligará a los servicios sociales a pagar la mitad: si no, las eléctricas pueden cortarles la luz. Un “chantaje” a Ayuntamientos y autonomías, colapsados y sin Presupuesto. O sea, los políticos se hacen la foto y los demás pagamos. Todo por no ir al fondo del problema: tenemos la luz más cara de Europa, porque pagamos costes de más. Y hay demasiadas familias pobres, que no necesitan “caridad” sino más trabajo y más ingresos. Sean serios y no hagan demagogia.

 

                                                                                                              enrique ortega

Pagar el recibo de la luz está siendo un problema desde que se inició la crisis, porque han bajado drásticamente los ingresos de las familias (menos trabajo y unos salarios que se han reducido del 5 al 15%) y mientras ha subido mucho el precio de la luz, un 52% desde 2008 a 2014, casi el doble que en Europa (+34%), según Eurostat. Con ello, un 8% de los hogares españoles (4.200.000 personas) tiene problemas para pagar el recibo de la luz, según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Y 625.000 hogares sufrieron el corte de luz por impago de recibos en 2015, según los datos publicados por la Comisión de la Competencia (CNMC). Todo ello porque el recibo de la luz supone más del 10% de los gastos totales para 1 de cada 6 familias, muchas de las cuales han tenido que reducir su consumo de electricidad para vivir y calentarse. De hecho, en España hay más de 5 millones de personas en situación de “pobreza energética”, según los estudios de ACA. Y este problema provoca hasta 7.100 muertes al año en España, según la OMS, el doble que el tráfico.

La pobreza energética se ceba en cuatro autonomías pobres (Andalucía, Extremadura Castilla la Mancha y Murcia), en familias con bajos ingresos por paro o empleo precario, con bajo nivel educativo y especialmente madres solteras o separadas con hijos, inmigrantes no europeos y personas mayores, especialmente jubilados con pensiones mínimas. El 14 de noviembre pasado, una de estas jubiladas, Rosa, de 81años, murió asfixiada en su casa de Reus, a consecuencia de un incendio provocado por una vela con la que se alumbraba tras haberle cortado la luz Gas Natural por impago de los recibos.

La muerte de Rosa y la ola de frío de este invierno llevaron al Gobierno y a los políticos a actuar, a tomar medidas tras varios años impasibles ante la pobreza energética. En diciembre de 2016, el Gobierno Rajoy y el PSOE pactaron un acuerdo sobre el bono social eléctrico, apoyado después por Ciudadanos, que fue convalidado en enero de 2017 en el Congreso y que ahora está pendiente de la aprobación de Bruselas, con lo que se espera que entre en vigor este otoño. El acuerdo contempla dos medidas. Por un lado, se mantiene y reforma el bono social eléctrico, que supone una rebaja de la factura de la luz del 25 al 40% para las familias con menos ingresos. Por otro, se crea un nuevo mecanismo para evitar los cortes de la luz a las familias más pobres que no paguen los recibos.

El bono social eléctrico va dirigido sólo a una serie de colectivos “vulnerables” que podrán disfrutar de la rebaja del 25% del recibo de la luz: familias con bajos ingresos (de 9.681 euros anuales sin hijos y hasta 16.135 euros con 2 hijos menores), familias con todos sus miembros en paro, pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas (ganen lo que ganen, una injusticia), además de víctimas del terrorismo y de la violencia de género más familias con discapacitados. Y en el caso de que estas familias ganen menos de la mitad de esos topes (de 4.840 a 8.067 euros anuales), se les considera  “vulnerables severos” y el bono social les permite rebajarse hasta un 40% del recibo de la luz. Eso sí, con dos condiciones más: no pueden consumir la luz que quieran (tienen unos topes de consumo) y tienen que tener una tarifa regulada (PVPC), no pueden tener un contrato libre de los que ofrecen las eléctricas (y que son ya el 58% de todos los contratos de la luz). Además, tienen que solicitar a las eléctricas el bono social y renovar cada año la solicitud.

En total, se estima que 2,5 millones de españoles tienen derecho al bono social, cuyos descuentos (del 25 al 40%) costarán este año unos 230 millones de euros. ¿Quién lo paga? Según el Gobierno Rajoy, las eléctricas y las comercializadoras de electricidad. Pero ellas ya han dicho que “lo repercutirán en el consumidor”. O sea, que lo acabaremos pagando todos en el recibo. Y si no, irán a los Tribunales y lo ganarán, como ya han hecho. Veamos la historia. En realidad, el bono social es una idea del Gobierno Zapatero, que lo introdujo en 2009, tras pactar con las eléctricas que lo pagaban ellas, a cambio de otras ventajas. Pero Iberdrola recurrió a los Tribunales y el Supremo obligó al Gobierno, en 2012, a devolverles lo pagado entre 2009 y 2012 (a costa de nuestro recibo) y a cambiar el sistema de pago. Industria lo cambió a medias, las eléctricas volvieron a recurrir y el Supremo falló otra vez a su favor, en octubre de 2016, sentenciando que hay que devolverles lo pagado entre 2012 y octubre de 2016 (503 millones de euros, pendientes de pagárselos).

Mientras el Gobierno dice que ahora serán las eléctricas las que paguen el bono social, trata de ganar el pleito legal con las eléctricas, para lo que presentó, a finales de 2016, un recurso ante el Tribunal Constitucional  (aún no admitido hoy) contra la última sentencia que perdió en octubre . El Gobierno quiere que el Constitucional presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque entiende que el Supremo se extralimitó al interpretar una directiva europea. En definitiva, trata de ganar en los Tribunales europeos lo que ha perdido dos veces en los Tribunales españoles: que las eléctricas paguen el bono social. Y mientras, ha aprobado un “truco legal” afrontar el pago de  los 503 millones que debe a las eléctricas del bono social 2012-2016: ha incluido una enmienda en la Ley de Presupuestos 2017 para que ese dinero pueda pagarse con el remanente del sistema eléctrico (algo prohibido). Una “chapuza legal” para evitar que esos 503 millones los paguemos en el recibo.

Así que está en el aire quien paga el bono social, algo que se va a dilucidar en los Tribunales por mucho que el Gobierno diga que lo pagarán las eléctricas. Y queda ver la otra novedad de lo aprobado por el Gobierno, con apoyo del PSOE y Ciudadanos: la nueva normativa para impedir los cortes de luz a las familias que no paguen los recibos. Una medida que sólo beneficiará a los “vulnerables severos”, las familias que tienen menos ingresos (entre  4.840 a 8.067 euros anuales). Son unas 900.000 personas en toda España. Ahora se establece un protocolo por el que se amplía de 2 a 4 meses el plazo para pagar los recibos pendientes y si no se hace, las eléctricas deben informar a estos clientes de que vayan a los servicios sociales y se registren como “vulnerables severos”, tras haberles informado cuatro veces de que les pueden cortar la luz. Y aquí viene “el truco”: si los servicios sociales no pagan el 50% de los recibos pendientes, la eléctrica puede cortarles la luz. Legalmente.

Así que Gobierno, PSOE y Ciudadanos han pactado un sistema pero los que tienen que pagarlo son autonomías y Ayuntamientos, que financian los servicios sociales. “Ellos se hacen la foto y otros pagan”, dicen gráficamente los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que han denunciado el sistema. Y se quejan de que se ejerce una tremenda presión sobre unos servicios sociales ya colapsados, que atienen a más de 8 millones de españoles y que apenas tienen recursos (3.500 millones anuales, de los que sólo 100 aporta la Administración central). Así que para evitar el corte de la luz a los más pobres, los servicios sociales tendrán que dejar de prestar otras ayudas (comida, pago alquileres, ropa, formación…).

El coste de impedir estos cortes de luz se estima en 300 millones de euros anuales, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, casi el 10% del presupuesto global de los servicios sociales municipales. Además, de un recargo de trabajo, porque serán los servicios sociales los que deberán gestionar todo el papeleo y renovarlo cada año. Un extra muy costoso, sobre todo para las cuatro autonomías que más sufren los cortes por impago: Andalucía (249.722 clientes vulnerables, con un coste extra de 80 millones), Comunidad Valenciana (129.567 clientes vulnerables y 44 millones de gasto extra), Madrid (112.526 y 165 millones) y Cataluña (95.549 clientes vulnerables y 32 millones de coste extra).

Pero no es sólo el “chantaje” y el coste extra que se carga a los servicios sociales municipales. Es que la propuesta aprobada es un mal sistema, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, por varias razones. La  primera, porque es una norma “paternalista”: deja en manos de los servicios sociales el pago del recibo (que deberían pagar las familias con ayudas públicas o el Presupuesto). La segunda, porque se fomenta el fraude: si una familia “vulnerable severa” sabe que si no paga la luz (con descuento del 40%) se la pagarán los servicios sociales, dejará de pagar (aunque pueda). Y además, deja en manos de las eléctricas todos los datos “sociales” de sus clientes.

Como se ve, ambas medidas, la rebaja en el recibo de la luz y el sistema para impedir el corte por impago, tienen “truco”: quien lo paga. Una cuestión que en Europa se resuelve de distintas maneras: hay paises como Alemania, Reino Unido o Grecia, donde las ayudas al pago de la luz las paga el Estado; y otros donde las pagan consumidores, eléctricas y Gobierno, como Francia, Italia o Portugal. Pero además, hay muchas peticiones para mejorarlo. Por un lado, el bono social sólo afecta a la factura de la luz, no a la del gas y el butano, como piden la OCU, autonomías, Ayuntamientos y muchos expertos. Por otro, no se incluye específicamente a los que viven solos, un colectivo muy vulnerable. Y la Defensora del Pueblo pide que no se limiten las ayudas a los que tienen una tarifa regulada sino a todos los que lo necesiten, sin limitar en exceso su consumo (abusos no, claro) y que se tomen medidas para evitar el colapso actual de los servicios sociales, que explican casos como el de Rosa.

Pero hay una cuestión de fondo: el bono social eléctrico es un “parche” que trata de paliar dos problemas estructurales: el alto coste de la luz y el alto nivel de pobreza en España. Mientras no se afronten estos dos problemas, habrá pobreza energética y cortes de luz.

El primer problema, los altos costes de la luz en España, es patente: pagamos 0,176 euros por kilowatio (media 2016), un 34,3% más cara que la media europea (0,131 euros/kW) y la luz más cara de Europa, por encima de Reino Unido (0,153 €/kW), Alemania (0,139 €/kW), Portugal (0,123 €/kW) y Francia (0,111 €/kW), según Eurostat. Y lo mismo las empresas: pagan 0,084 €/kW, un 18,3% que la media europea (0,071 €/kW industrial). Este mayor precio de la luz en España no es casualidad: se debe a que pagamos costes de más con el recibo, tanto en la producción de electricidad (se paga un exceso sobre lo que realmente cuesta producir el kilowatio hidráulico y nuclear) como en el transporte y distribución y en el rosario de costes que nos cargan al recibo y que debería pagarse vía Presupuestos (ayudas producción islas, a las renovables, al parón nuclear y la deuda eléctrica) o no pagarse. Urge hacer una auditoría de costes y pagar la luz por lo que realmente cuesta.

El otro problema es la creciente pobreza, por el paro, la precariedad laboral y los bajos salarios, que provocan que haya 10 millones de adultos vulnerables, 1 de cada 4 españoles, según el reciente informe de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Un problemón  que exige mejorar la ayuda a los parados, reducir la precariedad laboral, subir salarios y aplicar una agresiva política de empleo, además de crear una renta básica para las familias más desfavorecidas, al menos las 629.700 familias sin ningún ingreso, según la EPA.

En definitiva, que el bono social eléctrico está muy bien, aunque sea una chapuza cómo se financia y falte mucho por mejorar. Pero no deja de ser “caridad”, un “parche” para evitar dramas y muertes, con el que hay que seguir pero buscando en paralelo resolver los dos graves problemas que hay detrás: unos precios de la luz desorbitados y demasiada pobreza. Mientras no se aborden de verdad estos 2 problemas de fondo, todo lo demás serán “parches”. Aunque los partidos queden muy bien “vendiéndolos"  como medidas sociales  muy progresistas por la televisión. Sean serios y no hagan demagogia.