2017-2018, un curso escolar de transición

A lo largo de esta semana, más de 8 millones de niños y adolescentes, que van a guarderías, colegios e institutos, comienzan un nuevo curso escolar. Será un año educativo de transición, porque no se aplicará del todo la LOMCE (la polémica Ley aprobada en solitario por el PP) pero tampoco habrá cambios de fondo, porque los intentos de pactar una nueva Ley van despacio y si hay Pacto educativo será a principios de 2018, para aplicarse el curso próximo. Eso sí, este año habrá más Presupuesto (de las autonomías) y más profesores, aunque todavía menos que antes de los recortes. Y las nuevas plazas no se cubrirán hasta 2018, con unas becas y ayudas estancadas, que obligan a un mayor gasto escolar de las familias: una media de 1.212 euros por niño. Urge un Pacto educativo, para conseguir más recursos y medios. Y una mejor educación, que reduzca el abandono escolar y prepare a los jóvenes para el futuro.   


enrique ortega

Otro curso más, aumentarán este año los niños y jóvenes que van a las guarderías, colegios e institutos: se esperan unos 8.125.000 alumnos, unos 50.000 más que hace dos años. Bajarán algo los niños que van a guarderías (1.705.000), por la caída de la natalidad y la crisis (que fuerza a dejarlos con los abuelos o con la madre en paro). Se estabilizarán los alumnos de primaria (2.925.500) y educación especial (35.000). Y subirán sobre todo los adolescentes de la ESO, casi 2 millones (1.932.000). También crecerán algo los alumnos de Bachillerato (720.000), aunque lo que más crece son los alumnos de Formación Profesional (FP), que en los últimos años ya superan a los que estudian Bachillerato (795.000).

La mayoría de los niños y jóvenes que inician este curso las enseñanzas no universitarias son chicos (51,7%) y dos tercios van a centros públicos (67,8%), que han ido perdiendo peso desde que gobierna Rajoy (recibían al 68,1% de alumnos en 2011-2012), mientras una cuarta parte van a centros concertados (25,8%) y el 6,4% de los alumnos a centros privados. Los centros públicos acaparan la mayoría de alumnos en Bachillerato (76,2%) y FP (76,4%), mientras los concertados acaparan ya el 31% de la ESO y el 29% de primaria, así como el 16% de las guarderías, que en un 34% son privadas. Llama la atención el distinto peso de la educación pública y concertada por autonomías: el mayor peso de la enseñanza pública se da en Melilla (83% alumnos), Castilla la Mancha (81,8%), Extremadura (80,4%), Ceuta (79,2%), canarias (77,1%), Andalucía (74,9%) y Galicia (72,7%), la España más pobre. Y donde tiene más peso la enseñanza concertada (y la privada) es en el País Vasco (48,1% de alumnos en la concertada, frente a 51% en la pública y 0,8% en la privada), Madrid, (30% alumnos en concertada, 55% pública y 15% privada), Baleares (29% concertada, 65% pública, 6% privada), Navarra (35% concertada, 64% pública, 1% privada) y Cataluña (28% concertada, 66% pública, 6% privada), la España más rica.

Este curso, las autonomías han aumentado algo sus plantillas de profesores, aunque no lo suficiente para compensar los recortes impuestos entre 2012 y 2014 por el Gobierno Rajoy: se perdieron 33.237 puestos docentes y se han recuperado 25.513 hasta el curso pasado, el 77%. Eso ha obligado a atender a más alumnos (111.320 alumnos más desde 2011) con menos profesores, sobre todo en la enseñanza pública, lo que ha obligado a aumentar el número de alumnos por clase (entre 3 y 5 alumnos más en la ESO), en perjuicio de la calidad de la enseñanza. Ahora, el Gobierno Rajoy y los sindicatos han pactado aumentar las plantillas de profesores en 150.000 plazas en los próximos 5 años (30.000 por año), aunque muchos no serán nuevos docentes sino interinos que estabilizaran su empleo. Pero la mayoría de las oposiciones no se realizarán hasta 2018, con lo que se notará poco este curso.

Este curso 2017-2018, todas las autonomías han mejorado también sus Presupuestos de educación, tras los drásticos recortes de 2012 a 2014. Mientras, el Gobierno central apenas ha aumentado su Presupuesto en educación un 1,7% en 2017 (hasta 2.484 millones), lo que supone que la inflación se comerá con creces la pequeña subida. Al final, a pesar del esfuerzo de los nuevos Gobiernos autonómicos (mayoritariamente controlados por el PSOE y los nacionalistas), el gasto público en educación es aún menor en España que el de antes de la crisis: habrá sido de 46.000 millones de euros en 2017 frente a 49.692 en 2009. Y eso coloca a España como el 5º país europeo que menos gasta en educación: un 4,1% del PIB en 2015 (último dato comparable de Eurostat), sólo por delante de Rumanía (3,1% PIB), Irlanda (3,7%), Bulgaria e Italia (ambos gastan el 4% del PIB), y muy por detrás de la media europea (4,9%del PIB) y de paises domo Suecia (6,5% del PIB), Finlandia (6,2%), Portugal (6%), Francia (5,5%), Reino Unido (5,1%) Alemania (4,2%).

El problema ya no es sólo que gastemos menos en educación que la mayoría de Europa. Además hay enormes diferencias de gasto educativo público por autonomías, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Educación (para 2014): el País Vasco invierte 8.976 euros por alumno no universitario, el doble de lo que invierten Madrid (4.443 euros) y Andalucía (4.510 euros). La media de gasto público por alumno en centros públicos de enseñanza no universitaria fue de 5.169 euros (frente a 5.606 euros gastados en 2009), pero hay siete autonomías que gastan menos (Madrid, Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias), mientras destaca el mayor gasto del País Vasco, Navarra, Cantabria (6.539 euros/alumno), Asturias (6.435) y Galicia (6.241 euros). Y lo más chocante es que Madrid, la que menos gasta en la enseñanza pública, sea la 2ª comunidad que más dinero destina a los colegios privados, tras Cataluña (1.028 millones): 943 millones en 2014, un 20% de todo su Presupuesto en educación.

Un inciso: esta desigualdad en el gasto educativo por autonomías se da también en los contenidos educativos, porque cada gobierno autonómico ajusta finalmente sus programas, con enormes diferencias en las horas reales que se imparten de las asignaturas básicas. Dos ejemplos, con datos oficiales del Ministerio de Educación. Uno, Madrid, Canarias y Castilla León dan unas 1.000 horas lectivas de matemáticas en los 6 años de Primaria, mientras los alumnos del país Vasco reciben 630 horas y los de Navarra y Baleares unas 700 horas. Otro: los alumnos de Primaria de los colegios bilingües de Madrid reciben el doble de horas de inglés (840 horas en los 6 años) que los de Andalucía, Aragón y Cataluña (420 horas). Y así en casi todas las asignaturas: más o menos horas (a partir de un mínimo obligatorio) según donde se estudie.

Volviendo al gasto, la falta de recursos y de Presupuesto se traduce en una pérdida de calidad en la educación pública no universitaria, lo que además la hace perder alumnos frente a la concertada y la privada. Y redunda también en una peor educación, porque los centros se ven obligados a incluir más alumnos por aula y a reducir las clases de refuerzo y repesca, en perjuicio de los alumnos más retrasados, lo que favorece el abandono escolar. De hecho, España es el segundo país europeo (tras Malta) con más abandono escolar temprano, con más jóvenes (18 a 24 años) que han abandonado las aulas con la ESO o incluso sin terminarla: eran un 19% en 2016, cuando la media UE era del 10,7% y Francia tiene el 8,8%.

La falta de recursos públicos también se traduce en un mayor gasto de enseñanza para las familias en los últimos años, un 30% más, según algunas estimaciones. De hecho, el gasto medio por niño será este curso 2017-2018 de 1.212 euros de media, según un estudio de la OCU (consumidores), que estima en 840 euros el coste anual de enviar a un hijo a un centro público, 1.856 euros el enviarlo a uno concertado (155 euros al mes) y 4.086 euros (340 al mes) el que estudie en un colegio privado. Otro año más, una parte importante de este gasto son los libros de texto, en los que las familias se gastaron 830 millones de euros en 2016 (sólo en enseñanzas no universitarias). Y aquí hay un galimatías de ayudas por autonomías, muy diferentes, siendo Andalucía la que más los financia. También han subido los gastos de comedor (más de 150 euros al mes) y transporte, con ayudas congeladas.

Y hay que hablar de las becas, donde el Gobierno Rajoy repite este curso el modelo del ministro Wert que sigue vigente desde el curso 2013-2014: poco más dinero a repartir entre más alumnos, con menos importe por beca. Este curso 2017-2018 hay un Presupuesto de becas de 1.420 millones de euros, tanto para los alumnos no universitarios que empiezan ahora como para los universitarios que empiezan después. Son sólo 3,8 millones de euros más que el curso pasado, un mísero 0,26% de aumento que se comerá con creces la inflación. Y además, no se suben los mínimos de ingresos (tope de 11.143 euros anuales para 3 de familia), con lo que muchas familias de clase media baja se quedarán sin beca para sus hijos.

Junto a estos temas de falta de recursos, profesores y becas, el curso 2017-2018 será un curso de transición, porque no se aplicará del todo la LOMCE (la ley de Educación que aprobó en solitario el PP en diciembre de 2013 y se estrenó en el curso 2014-205) ni tampoco habrá cambios de fondo, porque no se ha alcanzado el cacareado Pacto educativo. Eso sí, el Gobierno Rajoy se ha visto obligado a dar marcha atrás en las reválidas y por tanto este curso, las reválidas de 6º de Primaria y 4º de la ESO se harán sólo en las autonomías y centros que lo decidan y no tendrán valor académico. Y no habrá prueba de Selectividad a los que terminen el Bachillerato, para entrar en la Universidad, prueba que será sustituida por sistemas propios de selección y acceso que aprobará cada Universidad.

Toda la comunidad educativa espera que los políticos alcancen de una vez un Pacto para aprobar una nueva Ley educativa, que sería la octava de la democracia. Pero el Pacto va lento. El 14 de febrero se constituyó una subcomisión en el Congreso de los Diputados para alcanzar un Pacto Educativo, con el objetivo de elaborar en 6 meses un informe y enviarlo al Gobierno para que elabore una nueva Ley básica de Educación. El plazo ya se ha cumplido y todo apunta a que no estará listo hasta el último trimestre del año, debido a que las posturas están muy encontradas. Y luego, el Gobierno debe pulir la ley para conseguir que el apoyo sea mayoritario. Por eso, no se espera un proyecto hasta principios de 2018, que ya no se aplicaría hasta el curso que viene. Y eso si hay Pacto, algo difícil  a la vista de las posturas tan enfrentadas, con grandes diferencias entre el mayor o menor apoyo a la enseñanza concertada y privada, que defienden el PP, Ciudadanos y nacionalistas frente a la izquierda.

Al margen del debate ideológico, la base de cualquier Pacto educativo debería ser asegurar una financiación suficiente y estable para la educación, al margen de la coyuntura y de quien Gobierne. Y eso pasa por asegurar un porcentaje de gasto similar al europeo, un 5% del PIB para educación. Eso supondría gastar 9.000 millones más en educación al año. Y en paralelo, crear un fondo interno de homogeneización, para compensar y corregir las enormes diferencias de gasto por autonomías. Además, hay que fortalecer las plantillas y los centros, con más recursos públicos para refuerzos, desdobles, educación infantil y Formación Profesional. Y a la vez, revisar contenidos y planes de estudio, para buscar una educación menos de memoria y más práctica, más ligada a que los alumnos consigan competencias que les van a hacer falta en su futuro laboral, sin relegar las humanidades y enseñanzas artísticas. Y todo ello, con una mayor participación de los centros, profesores, expertos y familias. Y con una mayor coordinación regional y una menor politización de la educación.

España es el 2º país de Europa con más abandono escolar y más paro. Y mucho tiene que ver la educación, el que un 45% de los españoles adultos tiene un nivel educativo bajo (sólo con la ESO o ni siquiera) frente al 21% en Europa y un 22% tienen formación media (Bachillerato y PF básica), frente al 48% en Europa, según datos de la OCDE. Si queremos cambiar esto y que en el futuro haya más empleo, hay que apostar a tope por la educación, con dinero, medios, profesores, planes de estudio y voluntad política, al margen de quien gobierne. Y eso exige un gran acuerdo, no sólo en el Parlamento, sino con las autonomías, centros, profesores y familias. Pacten ya otra enseñanza.