Prioridad a los dependientes más "baratos"

La recuperación no ha llegado (tampoco) a los dependientes, ancianos y discapacitados. Tras cumplirse en enero 10 años de la Ley de Dependencia, el balance sigue siendo pobre, por falta de financiación: hay 310.000 dependientes (1 de cada 4) con el derecho reconocido y que no reciben ayudas. Y cada día, 100 de estos dependientes se mueren sin recibirla. Un drama que el Gobierno Rajoy desoye, después de haber recortado 2.865 millones a la Dependencia. Y las autonomías, que gestionan las ayudas, se ven obligadas a prestar servicios “low cost”, ayudas baratas (como la tele asistencia) para atender a más dependientes con menos dinero. Lo último: dan prioridad a los dependientes leves (más “baratos”) mientras se estancan las ayudas a los más graves, más “caros” de atender. Así tratan de rebajar la lista de espera. Urge aprobar un Plan de choque para atender ya a todos los dependientes con derecho y aumentar el Presupuesto para prestar una atención “decente” a mayores y discapacitados. Es lo mínimo.


 
                                                                                              enrique ortega

La atención a los dependientes (ancianos y discapacitados que no pueden valerse por sí mismos, unos 3 millones en España) es uno de los grandes puntos negros de la política social del Gobierno Rajoy. En enero de 2017 se cumplieron los primeros 10 años de la Ley de Dependencia, aprobada por Zapatero, que ha chocado con una financiación escasa, sobre todo a partir de 2012, cuando los recortes de Rajoy le quitaron 2.865 millones de euros hasta 2.015, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales . En el otoño de 2015, los nuevos Gobiernos autonómicos (controlados en su mayoría por la izquierda) trataron de revertir la situación, mejorando algo la atención a la dependencia. Pero se han encontrado con pocos recursos propios y menos financiación del Estado.

El resultado es que la Dependencia no acaba de despegar. Si en los primeros 5 años de la Ley, hasta diciembre de 2011 (cuando Rajoy llegó a la Moncloa), había 738.587 dependientes con ayudas, 5 años después, en diciembre de 2016, sólo había 126.977 dependientes más atendidos (865.564). Y aunque este año 2017 han aumentado los beneficiarios, todavía eran 915.929 a finales de agosto, frente a 1.668.950 solicitudes de ayuda. Pero lo peor es que todavía hay una “lista de espera” muy elevada: 310.809 dependientes que, a finales de agosto, tenían reconocido el derecho a recibir una ayuda (se les había aprobado su solicitud) pero que no la recibían, por falta de presupuesto y medios de las autonomías para dársela. Son ancianos y discapacitados que están en “el limbo de la Dependencia”. Nada menos que 1 de cada 4 dependientes (el 25,33%) con derecho reconocido a ayuda, según los datos oficiales del IMSERSO (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Si es grave que la cuarta parte de los dependientes reconocidos no reciban ayuda, más lo es que la situación sea aún peor en casi media España, en 6 autonomías donde el porcentaje de dependientes en espera de ayuda es más elevado que la media, según los últimos datos del IMSERSO: Canarias (40% dependientes reconocidos están esperando ayuda), Cataluña (37,2% en espera), Andalucía (31,7%), Rioja (31,5%), Aragón (27,6%) y Extremadura (26,8%). En contrapartida, hay 3 autonomías casi sin listas de espera, Castilla y León (1,03% dependientes), Melilla (3,4%) y Ceuta (4,6%), y otras tres con muy poca, Baleares (12,2%), Asturias (12,6%) y Murcia (15,8%).

Resulta más grave aún que haya dependientes en espera de ayuda cuando la mayoría (54%) tienen más de 80 años de edad, según el IMSERSO,  y pueden morirse antes de que les llegue la ayuda que tienen legalmente reconocida. De hecho, en 2016, hubo 40.647 dependientes con ayuda reconocida que murieron sin recibirla, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y este año  ya se han muerto 21.000 de los 310.809 de la lista de espera y la estimación es que mueran 34.000 dependientes en espera en todo 2017, una media de 100 dependientes de la lista de espera al día.

En los dos últimos años, los nuevos Gobiernos autonómicos (controlados mayoritariamente por la izquierda y los nacionalistas) han recortado la lista de espera, de 421.335 dependientes en agosto 2015 a 310.809 dependientes en espera en agosto de 2017. Pero lo han tenido que hacer casi con los mismos recursos, porque el Presupuesto del Estado para dependencia apenas ha subido en 2016 y 2017 y lo mismo el gasto autonómico. Y lo que la mayoría de las autonomías han buscado es atender a más dependientes con casi el mismo dinero ¿Cómo? Gastando menos por dependiente, utilizando más “servicios low cost”, como denuncian los Directores y gerentes de Servicios Sociales.

Así, en los dos últimos años, las ayudas a la dependencia que más han crecido son las más baratas: la ayuda por prevención y promoción de la autonomía (muy importante en Asturias, donde supone el 21,8% de las ayudas, en Castilla y León, con el 12% y Aragón, el 10%), la teleasistencia (la que más ha crecido: cuesta sólo 25 euros al mes por dependiente y supone ya el 16% de todas las ayudas, pero un 32% en Andalucía, un 23,5% en Madrid y un 20,5% en la Rioja) y la ayuda a domicilio (16% de todas las ayudas). Y también han crecido mucho las ayudas que se dan a los familiares para que cuiden en casa a los dependientes: por unos 300 euros al mes (y bajando), las autonomías se quitan de en medio el problema de tener que abrir centros de día o residencias para ancianos y dependientes. Esta es la ayuda que tienen más dependientes, el 33,35% del total de ayudas, y llega al 65,7% en Baleares, el 57,4% en Navarra, el 54,06% en Murcia, el 50,7% en la Comunidad Valenciana, el 49,8% en Cantabria y el 46,3% en Cataluña, según datos del IMSERSO. Eso sí, el porcentaje de dependientes que tienen ayuda para residencias, el servicio más caro, se ha reducido.

Así que en la mayoría de autonomías, el “truco” para bajar las listas de espera es atender a más dependientes con los servicios más baratos. Pero hay otro “truco” que acaban de denunciar los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: dar prioridad a los dependientes leves (Grado I, que tienen derecho a ayuda sólo desde el 1 de julio de 2015) y retrasar la ayuda a los dependientes severos (Grado II) y graves (grandes dependientes, el Grado III), “los más caros” de atender (no basta con la teleasistencia, como los leves, por ejemplo). Los datos oficiales del IMSERSO son muy explícitos: si la lista de espera de la dependencia se ha reducido en 37.600 dependientes el último año (agosto 2016-agosto 2017), casi todos son personas con dependencia leve (34.800 tienen Grado I) y sólo 2.800 son dependientes más vulnerables (Grado II y III). Y de los 310.809 dependientes en lista de espera, 119.150 son más vulnerables (grado II y III), casi los mismos que hace un año (122.600), mientras los 191.652 restantes son dependientes leves (Grado I: 246.000 hace un año).

Así que no es sólo que la lista de espera se rebaja a base de una atención más mediocre a los dependientes, sino que además se busca atender primero  a los dependientes “más baratos”. Y todo ello porque las autonomías, que gestionan la dependencia, están económicamente “asfixiadas”. Primero porque están mal financiadas (les faltan recursos y les sobran competencias), pero sobre todo porque cada vez tienen que aportar más a la Dependencia porque el Estado central aporta cada vez menos. Los datos oficiales, aportados por los Directores y Gerentes de Servicios sociales, son otra vez muy explícitos: si en 2009, el Estado central financiaba el 39,2% del gasto en Dependencia, en 2017 financia menos de la mitad, el 15,9%. Y por eso, las autonomías tienen que financiar mucho más (del 46,2% al 63,7% del gasto), a costa de sus maltrechos presupuestos. Y además, los usuarios, las familias de los dependientes, tienen que pagar más: si en 2009 aportaban el 14,7% del gasto, en 2017, las familias financian con el copago el 20% del gasto en Dependencia.

En definitiva que el Estado, con los recortes de Rajoy, se ha desentendido de la Dependencia y aporta menos incluso que las familias. Y eso obliga a las autonomías a hacer malabarismos para mantener el sistema y aumentar los beneficiarios, a cambio de retrasar la concesión de ayudas (listas de espera) y atenderlos peor. Y ese peor servicio lo sufren no sólo los dependientes y sus familias sino también el empleo del sector, que se ha estancado este año 2017 (201.000 empleos directos), cuando venía creciendo imparable desde 2009 (93.000 empleos), porque la ayuda a los dependientes es uno de los grandes nichos de empleo, presente y  futuro, al ser España un país envejecido. El CSIC estima que los dependientes (ancianos y discapacitados) se van a duplicar con creces, pasando de los 3 millones actuales a 7 millones en 2050.

El Gobierno y Ciudadanos pactaron que este año 2017 habría 100 millones más para la Dependencia, un aumento ridículo tras los recortes pasados (-2.865 millones entre 2012 y 2015). Pero el problema además es que ese mayor dinero podría no gastarse, como han denunciado los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y eso porque ese Presupuesto del Estado (1.220,28 millones en 2017) se destina a pagar a las autonomías un nivel mínimo por cada dependiente: 55,11 euros a los de Grado I, 85,71 euros a los de Grado II y 195,52 euros a los de Grado I, según el reciente decreto-Ley, que incluye los nuevos pagos de este año, todavía un 30% menores a los que se pagaban en 2011 (antes de los recortes de Rajoy). Pero luego, las autonomías tienen que aportar otra cantidad (mayor) para cada dependiente, para cubrir su propio nivel de atención. Y si no aportan esa cantidad, porque no tienen Presupuesto, no reciben el nivel mínimo que aporta el Estado. Luego “el dinero de Madrid” no llega (y se pierde) si no se concede la ayuda con dinero autonómico. De momento, este año, hasta junio, sólo se han gastado 587 millones del nivel mínimo del Estado y se podría acabar el año gastando 1.170 millones, 90 millones menos de los previstos en el Presupuesto, según los cálculos de los Directores y Gerentes de servicios sociales. Serían 90 millones, de los 100 extras, que no se gastarían en los dependientes.

Sería una vergüenza: que se mueran 100 ancianos cada día antes de recibir ayuda y que encima sobre dinero. La alternativa es subir el nivel mínimo que aporta el Estado, pagar a las autonomías más del doble que ahora por cada dependiente (104,40 euros al Grupo I, 195,09 el Grupo II y 418,86 al Grupo III, según la propuesta de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales), con lo que el esfuerzo del Estado en financiar a la Dependencia volvería a ser la mitad del gasto público en Dependencia (hoy es sólo el 20% y el otro 80% lo aportan las autonomías). Y así, las autonomías podrían conceder ayudas a más dependientes y reducir drásticamente las listas de espera, porque les costaría menos hacerlo. Claro que esa medida supone que el Estado se tendría que gastar unos 5.100 millones en suprimir las listas de espera, según estiman los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, unos 1.700 millones cada uno de los tres años que quedan de Legislatura. Y otros 1.000 millones más para recuperar el nivel acordado (que suprimió Rajoy en 2012) y hacer frente al mayor aumento futuro de dependientes, por el envejecimiento. Unos 2.700 millones más al año, no los míseros 100 millones más vendidos “a bombo y platillo” por Ciudadanos y el PP.

Es mucho dinero, pero al final, sería gastar unos 9.800 millones anuales en Dependencia, una factura mucho más asequible que los 125.000 millones que gastamos en pensiones, los 88.000 millones que gastamos en sanidad, los 50.000 en educación o los 23.800 millones que gastamos en desempleo. Y además de ser un gasto que “les debemos” a nuestros mayores, es un gasto “rentable”, porque una gran parte se recupera vía impuestos, cotizaciones y empleo creado en la Dependencia: se podrían crear 100.000 empleos más en unos años, en personal para atender a mayores y discapacitados.

Urge alcanzar un Pacto de Estado por la dependencia, que ya firmaron el 14 de diciembre pasado en el Congreso todos los grupos políticos, salvo el PP (y el PNV, por un tema de competencias). Blindar un sistema para financiarlo de forma estable a medio plazo, asegurando una mayor aportación del Estado para garantizar de verdad este derecho, “la cuarta pata” del Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones y dependencia). Las “listas de espera” y los dependientes que mueren sin ayuda son una vergüenza. Acaben con ello de una vez.  Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros mayores.