Luz más cara y más sucia

El recibo de la luz subió un 10,3% en 2017, debido en parte a la sequía, que redujo la luz producida con centrales hidroeléctricas y molinos eólicos y aumentó la generada con carbón, fuel y gas, más cara y más sucia (CO2). Pero no es sólo eso: el mercado eléctrico utiliza un sistema de precios que prima las energías más caras y promueve  el fraude, por lo que han expedientado a varias eléctricas. Además, la mayor parte del recibo son “peajes”, que fija el Gobierno y pagan costes que deberían cargarse al Presupuesto o suprimirse, como la deuda eléctrica, las ayudas a renovables, nucleares o centrales de gas y a la industria vasca. Y también pagamos más impuestos. Por estos “extra costes” y no por el clima, la luz en España es un tercio más cara que en Europa, en beneficio de tres grandes eléctricas. Mientras no hagan una auditoria de costes y paguemos la luz por lo que vale, el recibo seguirá subiendo en 2018.

enrique ortega

Durante el año 2017, subió la luz en 7 meses (incluido el último trimestre), con lo que la factura de un consumidor medio (4,4 kw de potencia y 3.900 kWh consumidos)  se encareció en 77 euros, hasta los 830 euros anuales, un +10,3% de subida en 2017, según la estimación de la Comisión de la Competencia (CNMC), tras haber bajado un -10,8% en 2016 y subir antes un  +10.30% en la primera Legislatura de Rajoy (2012-2015).

Si la luz ha subido tanto en 2017 ha sido en gran parte por el clima, por la sequía, que ha reducido el peso de la luz producida en las centrales hidroeléctricas (-48,4%) y los molinos eólicos (-1,6%), más barata, obligando a producir más luz en las centrales de carbón (+22,6%), de fuel (+3,9%) y las de ciclo combinado de gas (+32,9%), según Red Eléctrica, una luz más cara y que genera más emisiones de CO2. También ayudó, en enero de 2017 (subida de la luz del 28,9%), el cierre de varias nucleares en Francia, que disparó el precio de la luz importada, y la subida del gas y el petróleo, que habían bajado los años anteriores.

Pero la subida no es sólo culpa del clima y los altos precios de la energía. Una parte del aumento del recibo hay que achacárselo al funcionamiento mercado eléctrico ibérico (MIBEL), que funciona desde 1998: es un mercado estrecho (un “mercadillo”) y con precios muy volátiles, donde muy pocas empresas (Endesa, Iberdrola y Gas natural) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos”, que les permitió Aznar con la Ley eléctrica de 1.997. En esencia, es un mercado donde cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctrica, renovables, nucleares) y siguiendo con las más caras (fuel y gas), que son las que fijan el precio a que se paga a todas. O sea, que si el kilowatio de gas entra a 90 euros, es lo que se paga por el kilowatio hidroeléctrico (que cuesta producir 10 euros) o el nuclear (que cuesta 22 euros). Un negocio redondo para estas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio de chuletón. De hecho, el experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, sólo entre 2005 y 2015, por este injustificable sistema de precios.

Además de engordar los precios del mercado eléctrico, este sistema incentiva el fraude, porque algunas eléctricas pueden verse tentadas a cerrar hidroeléctricas y meter centrales de gas, para subir artificialmente precios Es lo que detectó en diciembre de 2013 la CNMC, que multó a Iberdrola por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios del mercado. En enero de 2017, algunos expertos denunciaron que las eléctricas habían “manipulado el mercado”, retrasando la entrada de las centrales de gas y marcando luego un precio muy alto que benefició a sus centrales más baratas. Y la CNMC ha abierto, en diciembre de 2017, otro expediente a Gas Natural y Endesa, por haber encontrado “indicios” de que ambas compañías contribuyeron a “alterar el precio mayorista de la electricidad entre octubre de 2016 y enero de 2017”. Y por si fuera poco, se ha detectado otro problema adicional, a raíz de la fuerte subida de la luz en octubre 2017: existe un algoritmo en el mercado eléctrico (introducido en 2013) que hace entrar en juego a los mercados secundarios y funciona mal, “elevando artificialmente los precios”, como ya denunció la propia CNMC en 2014. Y este algoritmo nos pudo costar una subida extra de la luz en octubre pasado de más de 4 millones de euros.

Como se ve, el mercado eléctrico, donde se fija el precio base de la luz, es complejo y poco transparente, pero juega a favor de las subidas. Y más desde abril de 2014, cuando el Gobierno Rajoy acordó que el precio de la luz en el mercado mayorista se fijara cada día y cada hora, algo que no sucede en ningún otro país de Europa, donde los precios se fijan mensual o trimestralmente. Eso hace que el español sea un mercado muy volátil, con muchos altibajos, un tobogán de precios muy sensible al clima, al cierre de tal o cual central o a la mayor o menor demanda, interna o extranjera. Y eso se traduce directamente en la factura de los usuarios, que sufren esta enorme volatilidad.

 Este coste de la luz en el mercado mayorista es una de las tres partes del recibo y supone el 37,5% de la factura que pagamos, según la CNMC. Y no para todos los usuarios, sólo para los que tienen un “precio regulado” de la luz, que son 11,9 millones de españoles. El resto, otros 17 millones de consumidores, pagan una “tarifa libre”, generalmente anual, fija (“tarifa plana”), que no varía con el clima o los vaivenes del mercado de la electricidad. Pero estas tarifas libres tienen dos pegas. Una, que suelen ser más caras que las tarifas reguladas (32 euros más de media), porque las eléctricas tienen que cubrirse de que suba la electricidad. Y la otra, que al renegociar la tarifa cada año, la eléctrica les subirá el importe si el mercado eléctrico está subiendo los precios. Se lo acabarán repercutiendo.

Vayamos a la segunda parte del recibo, un 41,5%de la factura que pagamos, que no tiene que ver con cómo evolucione el precio de la luz en el mercado mayorista y que pagan igual todos los consumidores, los que tienen precios “regulados” y libres”. Son los costes regulados que fija el Gobierno cada año y que se llaman “peajes”. Llevan cuatro años sin subir y tampoco subirán en 2018, pero son un enorme “cajón de sastre” de costes que encarecen nuestro recibo y que deberían suprimirse o cargarse al Presupuesto. Aquí pagamos algunos costes justificados pero demasiado elevados, como por transportar la electricidad (el 2,96% del recibo) o distribuirla (el 10,04% del recibo) y otros injustificados: ayudas a las renovables (6.403 millones en 2016, el 17,22% del recibo), a las nucleares (155 millones, el 0,41% del recibo, por el parón nuclear de 1986), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2.828 millones, el 2,84% del recibo), para compensar a Endesa por el mayor coste de producir luz en las islas (4,2% del recibo), para compensar a grandes industrias de que puedan cortarles la luz si hace falta (algo que nunca ha pasado y por lo que pagamos 525 millones, el 3% del recibo) o incluso este año para abaratar la luz a las industrias vascas (50 millones que salen de nuestro recibo, en contrapartida al apoyo del PNV a los Presupuestos 2017…). Y hay más, como las ayudas a las centrales de gas para que estén disponibles, aunque no funcionen.

Como se ve, en esta 2ª parte del recibo nos cargan muchos costes que poco tienen que ver con el coste directo de la electricidad y que son compensaciones que las eléctricas han ido consiguiendo en las últimas décadas, a costa de nuestro bolsillo. Muchas son criticadas por la Comisión de la Competencia (CNMC) y otras por la Comisión Europea, que tiene abiertos tres expedientes a España, por las ayudas a las centrales de gas que no funcionan y a las empresas por poder cortarles la luz (“ayudas a la interrumpibilidad”, que consideran una “ayuda encubierta”) y, sobre todo, porque el Gobierno Rajoy fija estos “peajes” y no lo deja en manos de un organismo independiente, como pasa en el resto de Europa. Aquí debía ser la CNMC (aunque depende del Ministerio de Economía), pero el ministro de Energía se niega a perder esta competencia de los peajes, lo que ha llevado a algo insólito: la CNMC ha llevado al Gobierno a los Tribunales, presentando un recurso al Supremo contra el real decreto que aprobó el Gobierno en octubre para seguir aprobando tarifas y peajes eléctricos.

Y queda la tercera parte del recibo, el 21% restante de la factura que pagamos, que son impuestos, y donde también pagamos de más, más impuestos a la electricidad que la media de Europa. La luz paga en España dos impuestos, el impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo, 1.300 millones recaudados que van a las autonomías) y el IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto), que es del 21%, uno de los más altos de Europa: en Reino Unido se paga el 5% de IVA en la luz, en Italia el 10%, en Grecia el 13%, en Irlanda el 13,5%, en Francia el 16,7% y en Alemania el 19%.

Recapitulando, vemos que en las tres partes del recibo de la luz (coste de producirla, peajes que aprueba el Gobierno e impuestos) pagamos costes de más. Pero incluso antes, al contratar la luz, ya pagamos de más muchas veces, porque contratamos más potencia de la que necesitamos, por miedo a que “nos salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan así 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee. Antes no era tan caro hacerlo, pero en 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), como una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas en unos años de menos consumo, por la crisis. Y ahora, podemos pagar casi tanto por potencia (gastemos o no luz) como por consumo. Yo pago 19,84 por potencia y 29,50 por consumo. Miren su recibo. Y si pueden, contraten menos potencia.

Al final, entre tanto “extra coste” (en el precio de mercado, peajes, impuestos y potencia contratada) no resulta extraño que el precio de la luz se haya disparado, subiendo en España un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Y ahora, los consumidores domésticos pagamos la luz más cara de Europa, según Eurostat : 0,181 euros/kWh sin impuestos, un 41,4% más cara que la media europea (0,128 e/kWh en la UE-28) y un 37% más cara que en la zona euro (0,132 euros/kWh), según los últimos datos del Ministerio de Energía (precios junio 2017). Y más cara que en Francia (0,109 €/kWh), Portugal (0,111 €/kWh), Reino Unido (0,134 €/kWh) y Alemania (0,139 €/kWh). Lo mismo les pasa a las empresas: pagan 0,084 euros/kWh sin impuestos, un 21,7% más que las empresas europeas (0,069 €/kWh media UE-28) y un 23,5% más que las empresas de la zona euro (0,068 €/kWh), sí como un 33,3% más que las empresas alemanas (0,063 €/kWh) y un 37,7% más que las francesas  (0.061 €/kWh), aunque menos que las británicas (0,095 €/kWh).

Ya no se trata sólo que paguemos la luz más cara que la mayoría de europeos. Es que  además es más “sucia”, se emite más CO2 al producirla, sobre todo en 2017. Y eso porque la sequía ha aumentado el peso, en la generación de electricidad, del carbón (17,4%), del fuel (2,6%) y del gas (14,8%), con lo que las energías renovables sólo han producido el 33,3% de la electricidad en 2017, según Red Eléctrica (REE), el peor dato de los últimos 5 años. Y con ello, las emisiones de CO2 para producir electricidad han subido un 18% en 2017, hasta los 74,8 millones de toneladas, el peor dato desde 2015, según los datos de REE.

Y cuando emitimos más CO2 para poner encender la luz, el ministro de Energía nos sale defendiendo las centrales de carbón y poniendo pegas a Iberdrola, que quiere cerrar dos centrales de carbón en Palencia y Asturias. El ministro Nadal quiere impedir esos cierres y otros que puedan venir, por razones políticas (el voto de los mineros) y lo justifica por riesgo de suministro y porque la luz se encarecería un 15%. Pero ambos argumentos son falsos. Los expertos creen que el cierre de las centrales de carbón (hay 64 en España: ver listado) sólo encarecería la factura un 2,2% y sólo a corto plazo. Y además, en España sobran centrales, hay un exceso de capacidad instalada, más de la mitad: 104.517 MW de potencia frente a una demanda máxima en 2017 de 41.0015 MW, según los datos de REE. Y el carbón aporta sólo 10.004 MW. El 1 de julio de 2020, las centrales de carbón tendrán que cerrar o haber acometido una profunda reconversión, por exigencia europea.

Una luz más cara y más sucia, no sólo en 2017, sino también se espera en 2018, a juzgar por la meteorología, el mercado eléctrico (los futuros auguran otra subida del 6,5%), los peajes e impuestos. Y antes o después, nos tocará pagar el “bono social eléctrico”, un descuento del que se benefician 2,5 millones de españoles y que el Gobierno quiere que paguen las eléctricas, aunque hasta ahora se pagaba también en el recibo. Pero las 5 grandes eléctricas ya lo han recurrido en diciembre de 2017 ante el Supremo y es como para que nos echemos a temblar, porque en recursos anteriores, los jueces les dieron la razón y el Gobierno se ha visto obligado a  devolverles 503 millones desde 2009, una parte a costa de nuestro recibo y otra a costa del reciente superávit eléctrico. Y ahora está en juego quien paga los 230 millones del bono en 2017 y otros tantos en 2018. Seguro que nos acaban cayendo encima.

Como he detallado, el recibo de la luz es un galimatías que pagan los 29 millones de usuarios (particulares y empresas) y beneficia sobre todo a las 3 grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas natural controlan el 96,3% del mercado), con un gran poder económico, político y mediático, que llevan décadas engrosando sus beneficios (y dividendos) a costa de asegurarse pagos crecientes en el mercado mayorista de electricidad y en los pagos regulados. Es hora de acabar con tantos extra costes y la solución resulta muy evidente: realizar una auditoría de costes, que establezca lo que cuesta realmente la electricidad. Así evitaríamos pagar costes de más, entre un 20% y un 30% del recibo que pagamos hoy. Una reforma a fondo del sistema eléctrico, otra gran asignatura pendiente de la transición que ningún Gobierno se ha atrevido a hacer en estos 40 años. Luz y taquígrafos para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta. Mucho menos de lo que nos cobran por ella.