 |
| enrique ortega |
En España hay una costumbre de hacer largas jornadas de trabajo y muchas horas extras, como en parte de la Europa del sur. Para las empresas, es un sistema de recortar costes y ahorrarse dinero en sueldos y cotizaciones. Y para los trabajadores, es una forma de “redondear el sueldo” y llegar a fin de mes. Todos contentos. Y así, en los años de bonanza, se llegó a un récord de horas extras, 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego vino la crisis y las empresas “metieron un tajo” a las horas extras, que bajaron a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones semanales en el verano de 2012.Pero ese año, en febrero, el Gobierno Rajoy aprobó una reforma laboral que daba todo el poder al empresario para fijar la jornada y las horas extras, que volvieron a subir, hasta los 6,7 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015. Y ahí se han mantenido, por encima de los 6 millones, hasta cerrar 2017 con 6,13 millones semanales, el mayor dato desde 2015.
Tomando todo el año 2017,
la media de horas extras trabajadas ha sido de 5.810.600 horas semanales, lo que equivale, tomando la jornada
media (37,9 horas a la semana) a 153.313 empleos que han sido sustituidos por estas horas. Y no es
sólo que al hacer horas se evita que las empresas aumenten plantilla, es que
además, casi la mitad de estas horas no
se cobran: el 46,9% de las horas
extras se hacen “gratis”, 2.724.850 horas
semanales en 2017. Un dinero que se
ahorran las empresas y que no se
llevan a casa los trabajadores que las hacen. Si el coste para las empresas
de una hora de trabajo está en 20 euros,
según el INE,
son 54 millones a la semana (2.592 millones
al año, descontando las semanas de vacaciones) que se ahorran las empresas. Y si el coste salarial por hora son 13,50 euros, según el INE, son 36
millones de euros semanales (1.728
millones al año) que pierden los trabajadores por no cobrar las horas
extras que hacen (“obligados” de alguna manera, evidentemente). Y también se perjudica la Seguridad Social, porque
estas horas no cotizan.
¿Dónde se hacen las
horas extras? Básicamente, en cuatro sectores
que suman más de la mitad del total: en
la industria (1.040.300 horas extras a la semana en el 4º trimestre de 2017,
un tercio menos que en 2008), el
comercio (1.012.100 horas, casi las mismas que antes de la crisis), la hostelería (662.700 horas, igual que
en 2008) y la sanidad y servicios
sociales (545.700 horas, también igual que antes de la crisis), seguidas de
lejos por la construcción (409.800
horas, menos de la mitad que en 2008), los trabajos administrativos (357.700), la Administración pública (321.600) y la educación (321.000 horas extras
semanales). Un dato llamativo es que son
pocos los asalariados que hacen horas extras: sólo 736.800 trabajadores (el 4,62% del total) a finales de 2017,
frente a 655.000 (el 4,5%) que hacían horas extras en 2011, según el INE. Dos
de cada tres trabajadores que hacen horas extras son hombres y son básicamente
trabajadores con buenos trabajos: hombres,
asalariados del sector privado, de los servicios, con contrato indefinido y
jornada completa, que trabajan de técnicos, profesionales o directivos,
según el perfil elaborado por CCOO.
La normativa laboral
vigente (Estatuto de los Trabajadores) limita a 80
horas anuales (1,6 a la semana) las
horas extras y establece un periodo de 4 meses para que el trabajador recupere
las horas extras no pagadas. Pero en muchos casos, y más desde la reforma laboral de 2012, las horas
extras ni se cobran (en 2008 no se
cobraban el 39% y en 2013 llegaron al 56,8%) ni se recuperan. Son “lentejas”,
sobre todo en algunos sectores como el comercio, la hostelería, la sanidad o
las finanzas. Los sindicatos llevan
un par de años luchando contra el abuso de las horas extras, especialmente en banca (el 88,3% no se pagaban a finales de 2017, según la EPA),
donde cada año siguen los despidos mientras que los que se quedan “amplían”
jornada. A raíz de esta pelea sindical en
la banca, trasladada a los tribunales, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias (diciembre 2015 y
febrero y marzo 2016) que obligaban a la banca a llevar un registro de la
jornada diaria de toda la plantilla, para comprobar horarios y horas extras. Y
a raíz de estas tres sentencias, la
inspección de Trabajo aprobó, en marzo de 2016, una “instrucción interna” para exigir
a todas las empresas ese registro diario de jornada. Y lanzaron una campaña en la que inspeccionaron (y multaron) a muchas empresas.
Pero la banca afectada
(Bankia, Sabadell y Abanca) recurrió
estas tres sentencias de la Audiencia Nacional y finalmente, el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2
sentencias (23 marzo y 30 abril 2017) que establecen que las
empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada,
sólo deben llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los
trabajadores afectados. Al ser 2 sentencias, el Supremo “sienta jurisprudencia” y la inspección
de Trabajo se ha visto obligada a
cambiar su instrucción de 2016, aprobando otra el 25 de mayo de 2017, donde ya
no exige a las empresas el registro diario de jornada.
La “batalla legal” no ha acabado, porque
la Audiencia Nacional, a raíz de un
nuevo conflicto por las horas extras en Deutsche Bank (promovido por CCOO y al
que se sumó UGT), acaba de dictar un auto (19 enero 2018) en el que plantea al Tribunal de Justicia de la UE
“tres cuestiones prejudiciales” para
que verifique si la normativa española “garantiza las limitaciones en la jornada
laboral de los trabajadores y su descanso semanal y diario”. Mientras el alto
tribunal europeo se pronuncia (tardará un par de años), el PSOE ha enviado al Parlamento una proposición de Ley para reformar el Estatuto de losTrabajadores y obligar a las empresas a llevar un registro y
control de las horas extras. El Pleno del Congreso aprobó el 17 de octubre de
2017 la toma en consideración del proyecto de Ley, con el apoyo de PSOE,
Podemos, PNV y Grupo mixto, más la abstención de PP y Ciudadanos, que pretenden “rebajar” el control de la Ley
durante el debate de las enmiendas, que empieza en febrero.
Mientras se reforma o no el Estatuto de los Trabajadores y
se pronuncia el Tribunal europeo, los expertos señalan que sin un control
obligatorio diario, es muy difícil controlar las horas extras y evitar
abusos y fugas de cotización. Sobre todo porque la mitad de las empresas computan la jornada “a mano”, sin sistemas informáticos, y porque el nivel
de fraude es muy elevado. Según los últimos datos disponibles, de 2014, la
inspección de trabajo detectó irregularidades sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas.
Y eso que hizo sólo 2.900 actuaciones (hay más de 3 millones de empresas).
El problema del
exceso de horas extras es triple.
Por un lado, las empresas que fuerzan a hacer horas a sus trabajadores evitan
contratar a nuevos empleados, esos 153.000 empleos a los que equivalen
las horas hechas en 2017. Por otro, al no pagarse casi la mitad de las horas, tampoco se cotiza por ellas, ni por el
pago real de muchas que sí se pagan, lo que reduce los ingresos de la Seguridad Social (y aumenta
el “agujero” de las pensiones). UGT estima
que la SS ha dejado de ingresar 3.500
millones anuales desde 2010 por cotizaciones no pagadas por horas extras
realizadas. Y en tercer lugar, las horas extras fuerzan a la baja los salarios (todos), ya que el trabajador
complementa sus bajos sueldos con lo que cobra por horas (cuando cobra). Y los que no las cobran, dejan de ingresar esos 1.728 millones al año que antes estimaba que tendrían que
pagarle (serán más de 2.000 millones,
porque las horas extras se pagan más
caras que las horas “normales”).
El exceso de horas
extras agrava otro problema, los extensos horarios laborales de los
españoles, que están entre los más amplios de Europa: la jornada laboral media está en 37,9 horas a la semana, según Eurostat (3º trimestre 2017), por encima de la jornada media en la UE 28 (37,2 horas) y
en la zona euro (36,6 horas semanales: 62,4
horas menos de trabajo al año que en España). Y por encima de la jornada laboral
que hacen en Italia (37,3 horas semanales), Francia (37,2),Reino Unido (36,6) y sobre todo Alemania (35,1 horas: los alemanes
trabajan 134,4 horas menos al año que los españoles), siendo sólo superados
por Grecia (42,2 horas semanales), Portugal (39,8), Polonia (40,6) y algunos países
del Este.
Los españoles “trabajan
más horas” (o están más horas en el trabajo, lo que se llama “presentismo”), pero no por eso son más
productivos. Al contrario: somos el país
nº 34 en el ranking mundial de competitividad 2017 elaborado
por el Foro Económico Mundial y el 18º de Europa. Y eso porque la productividad no depende de que
estemos muchas horas trabajando sino de
otros factores: el modelo económico
(tenemos muchos servicios y poca industria), la tecnología
(producimos con poca tecnología y poco valor añadido), el tamaño de las empresas (tenemos muchas pymes y pocas grandes empresas, las más
productivas), la escasa ayuda de la
inversión pública (ha caído a niveles de hace 50 años) y, sobre todo, la baja formación de los
españoles (en 2016, el 41,7% de los españoles adultos tenían una formación
baja, sólo tenían la ESO o ni siquiera, frente al 22% de adultos de la OCDE y al 20%
de adultos europeos o el 15% en Alemania, según la OCDE). Por eso, España ocupa el puesto 44 en el ranking mundial de capital humano (valora la formación
y productividad de los trabajadores), elaborado también por el Foro Económico
Mundial.
Así que trabajamos
más horas, pero somos menos productivos. Y encima hacemos más horas extras, que quitan empleo a 153.000 parados cada
año. Una “locura” para un
país que tiene todavía 3.766.700 parados, el 16,55% de los españoles en edad de trabajar (1 de
cada 6), más del doble que el paro UE
(7,3%) y más del cuádruple que Alemania (3,6% de paro), según Eurostat. Así que habría que tomar
medidas contra las horas extras, en dos direcciones. Una controlar y vigilar mejor las horas
extras, exigiendo un seguimiento diario de las empresas y con campañas de la
inspección de trabajo, para frenar los abusos. Eso exige una nueva Ley, mayores sanciones
(hoy son bajas: van de 600 a 6.000 euros, “compensan” el fraude) y más medios para la inspección de Trabajo
(tienen la misma plantilla que en 2009 y la mitad que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1 por
cada 7.300 en la UE). Y por otro, penalizar
las horas extras, subiendo las cotizaciones por ellas. E incentivando a las empresas que las reduzcan y creen empleos estables a cambio.
Las horas extras sistemáticas son una “corruptela” laboral con
la que muchos trabajadores colaboran a la fuerza y otros de buena gana, pero es
una
fórmula que “roba trabajo” a los que no lo tienen. Digámoslo
claramente. Ya es hora de recortarlas drásticamente, a cambio de que haya más
empleo (y sueldos dignos que no las necesiten). El camino es trabajar menos horas, como se hace en Europa, pero con más eficacia y productividad. Eso nos permitiría vivir algo
mejor, estar más con la familia, y no hacer horarios de “locos”. El debate está
ahí, aprovechando la Ley que se negocia en el Congreso. Pacten otros horarios,
porque una empresa puede competir y ganar dinero haciendo menos horas extras. Europa lo demuestra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario